Esta mañana, a las 11, en la Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe, el gobernador Hermes Binner encabezará el acto de designación de las autoridades de la Fiscalía y la Defensa generales del nuevo sistema de Justicia Penal que impulsó la gestión socialista.
Además del mandatario provincial, estarán el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, y otros integrantes el gabinete. Las designaciones incluyen un total de 10 cargos: Fiscal General, Defensor Provincial y Fiscales y Defensores Regionales de cuatro circunscripciones.
En la oportunidad se designará a Julio de Olazábal como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (jefe de los fiscales) de la provincia; a Ricardo Miguel Fessia como fiscal regional de Santa Fe; a Jorge Baclini como fiscal regional de Rosario; a Eladio García como fiscal regional de Reconquista y a Carlos Arietti como fiscal regional de Rafaela.
Asimismo, se designará a Gabriel Ganon como defensor provincial del Servicio Público de la Defensa Penal (jefe de los defensores públicos); a Sebastián José Amadeo como defensor regional de la regional Santa Fe; a Gustavo Franceschetti como su par en la de Rosario; a Estela Jorgelina Moreno como defensora regional de Rafaela y a Ariana Quiroga como su homóloga en Reconquista.
“La integración de estas flamantes instituciones representa un paso fundamental en la implementación de la reforma procesal penal, que implicará más transparencia, más eficacia en la persecución penal y mayor respeto a víctimas e imputados”, indicaron desde el Ministerio de Justicia. El nuevo esquema resta parte del poder que con el sistema inquisitorial vigente en Santa Fe detentaban los jueces, que a la vez que investigaban dictaban las penas o absoluciones. La transformación era exigida por numerosos profesionales y organismos nacionales y del exterior, pero dentro de la provincia generó no pocas resistencias de parte de algunos magistrados y desde el interior de la misma Suprema Corte de Justicia.
Con todo, y pese a problemas pendientes de infraestructura y presupuesto, ya se avanzó en la designación de los responsables de llevar adelante los cambios. Para el caso de las máximas autoridades de cada órgano (Fiscal General y Defensor Provincial), el Tribunal Evaluador que calificó los antecedentes y la oposición de los concursantes contó, entre otros, con un representante de organismos internacionales dedicados a la transformación de los sistemas judiciales en Latinoamérica.
En la prueba de oposición, todos los postulantes debieron exponer frente al Tribunal Evaluador, en una entrevista pública, un plan de trabajo para su potencial gestión. Se buscó así que la ciudadanía conociera las propuestas concretas de cada postulante en cuestiones tales como la política de persecución penal, la defensa penal y las estrategias de control de calidad del servicio de cada órgano, las cuales se vinculan directamente con la vigencia del Estado de Derecho y la calidad de vida de todos los santafesinos.
El cronograma de concursos comenzó en septiembre en Santa Fe y continuó en octubre y noviembre en las cinco regiones en las que está dividida la provincia. En el caso de las autoridades regionales de Venado Tuerto, no se pudieron seleccionar candidatos porque quedaron vacantes los concursos. Pero también el próximo lunes, en Rosario, se sortearán los jurados que actuarán en los nuevos procesos de selección.
