El reclamo santafesino por la detracción que realiza el Estado nacional del 15 por ciento de la coparticipación escribió ayer un nuevo capítulo. Uno de los jueces encargados de resolver el planteo elevado por Santa Fe a la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, advirtió que el reclamo, compartido además por las provincias de Córdoba y San Luis, tiene “raíz política” y los magistrados del máximo tribunal no pueden “resolverlo con una sentencia”. Frente a esta frase, publicada ayer en una entrevista que le concedió al diario Página 12, el ex gobernador Hermes Binner, encargado de llevar el planteo santafesino en el 2009, con apoyo de los ex gobernadores Carlos Reutemann y Jorge Obeid, reclamó: “Si no es en la Corte, ¿adónde vamos a ir las provincias, a la Luna?”.
El ex candidato presidencial del FAP se refirió al pacto fiscal firmado en 1992 para auxiliar a las cuentas previsionales, luego de la creación de las AFJP: “A Santa Fe se le están extrayendo ilegal e ilegítimamente porque (Carlos) Reutemann firmó el acuerdo para salvar a la Ansés para que los jubilados puedan seguir cobrando, pero luego no se ratificó el acuerdo, de manera que venció el 31 de diciembre del año 2005. No hablamos de dinero, hablamos de un hecho de interpretación jurídica de un acuerdo que logró la provincia con la Nación que feneció el 31 de diciembre de 2005”.
Encendió la mecha
El ministro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni consideró que los juicios de Santa Fe y Córdoba en reclamo de fondos “habría que discutirlos en una mesa de negociación”, y advirtió que un fallo del máximo tribunal “no resolverá” la pelea por la coparticipación.
Zaffaroni explicó que “el Estado sabe cuál es la situación del Tesoro” y aseguró que los miembros de la Corte no pueden “resolverlo con una sentencia”.
Para el funcionario judicial, estos reclamos son “conflictos de raíz política”, según lo explicó en una entrevista publicada ayer.
Durante los últimos días recrudecieron las quejas sobre el giro de fondos de la Nación a las provincias, que incluyeron al actual gobernador Antonio Bonfatti, quien pidió que el Ejecutivo le abone a la provincia una deuda por 1.307 millones de pesos, independientemente del reclamo realizado en 2009 ante la Corte.
