El gobernador Hermes Binner y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, inauguraron esta mañana la primera Jornada Regional sobre prevención de lavado de activos que se desarrollará durante esta semana en la ciudad capital. La actividad es organizada conjuntamente por la Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención de Lavado de Activos de la provincia.
Del acto de apertura, realizado en el salón Blanco de Casa de Gobierno, participaron el vocal del consejo asesor de la UIF y representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Ricardo Eskenazi; el secretario de Justicia, Roberto Vicente; y el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, entre otras autoridades.
En la oportunidad, Binner expresó que “el tema que nos ocupa tomó gran importancia en los últimos tiempos y conspira contra la verdadera democracia, por lo que tenemos que integrarnos para frenar y doblegar la situación de los delitos mayores que, muchas veces, no son abordables desde las provincias”.
“La UIF –prosiguió– es un organismo muy necesario y tenemos que nutrirlo y comprometernos cada vez más. Ver de qué manera, tanto instituciones públicas como privadas, tienen una participación adecuada y activa para lograr doblegar el crimen organizado, los delitos mayores, que hoy conspiran contra la vida de la gente y que muchas veces no se los identifica como los verdaderos causantes de esta situación”, remarcó el mandatario provincial.
“Es necesario que en la Argentina tengamos un mapa del delito e involucrar a todas las fuerzas de seguridad, a los poderes, para trabajar sobres estos temas”, indicó el gobernador.
Previamente, Superti manifestó que “el tema que nos convoca se inserta en una fuerte decisión política del gobernador Binner, que tiene que ver con la política criminal que se lleva adelante en la provincia. Normalmente el delito se ha asociado a la violencia, pero también existe otro tipo de delito en el que el delincuente no usa la fuerza, sino la inteligencia y la argucia. Pareciera que el sistema no está preparado para enfrentar estos últimos”, explicó el titular de Justicia y Derechos Humanos.
“Pero el delito de la inteligencia –añadió Superti– muchas veces es causante del delito de la fuerza porque cuando los grupos económicos vacían empresas se genera desocupación y, después, los hijos de los desocupados terminan delinquiendo. La gente lo ve, pero no sabe todo lo que pasó detrás”, graficó el ministro.
“Cuando el crimen organizado resuelve sus conflictos con el ajuste de cuentas, se ve el homicidio pero no todo lo demás. Por eso, las estrategias para enfrentar el delito de la inteligencia, tienen que ser distintas”, insistió el funcionario.
“La creación de organismos específicos como la UIF –a nivel nacional– y del Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional) son fundamentales para avanzar en ese camino”, enfatizó Superti y consignó que “Santa Fe tiene dentro de su estructura cuatro organismos encargados de suministrar información a la UIF, tres de ellos en la órbita del Poder Ejecutivo y el otro en el Judicial”.
A su turno, Eskenazi destacó “la posición que tomó Santa Fe, que ha creado la Comisión Interjurisdiccional sobre prevención contra el lavado de activos y es la primera provincia que lo ha hecho”.
“La presencia de esta comisión permite crear lazos mucho más cercanos y demuestra la importancia de una gestión más allá de las ideologías políticas. Estamos en un momento histórico de modificaciones y cambios y la capacitación en estos temas nos va a permitir salir adelante”, completó el funcionario nacional.
Del encuentro participaron también el director provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, Paulo Figuglietti; los presidentes de los consejos superiores del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia, Dora Benito, y del Colegio de Escribanos de la provincia, Carlos Alberto Balbi; magistrados, funcionarios del Poder Judicial, legisladores, autoridades nacionales y provinciales y profesionales con incumbencia en la prevención del lavado de activos.
