El blanqueo de capitales que impulsó el gobierno en un intento por obtener dólares de parte de evasores fiscales para inyectarlos a la economía real concluyó ayer con más penas que gloria, dado que la administración nacional apenas embolsó el 7,5 por ciento de los 4 mil millones que proyectaba cuando presentó la medida, rechazada por todo el arco opositor.
Después de que el titular de la Afip, Ricardo Echegaray, le recomendara a la presidenta Cristina Fernández dar por concluido el proceso, la Casa Rosada se abstuvo de extender el plazo de vigencia de la ley de exteriorización de capitales, que se prolongó por 90 días a partir del 1º de julio pasado. “Fue una medida que no dio el resultado que esperábamos”, admitió Echegaray, en referencia a la pobre adhesión que registró la iniciativa: el gobierno esperaba recaudar como mínimo 4 mil millones de dólares, según previsiones del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, principal impulsor de la propuesta, pero se obtuvieron alrededor de 300 millones de dólares en un lapso de tres meses.
En el mismo sentido se expresó el senador nacional por el FpV Aníbal Fernández, quien dijo que el blanqueo “no ha dado la respuesta que se esperaba”, en un intento de reanimar los alicaídos mercados de la construcción e inmobiliario.
Al respecto, el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que el blanqueo fue la “crónica de un fracaso anunciado”.
A su turno, el ex presidente del Banco Central Aldo Pignanelli consideró que el blanqueo terminó “mal” porque el gobierno “mintió y generó desconfianza” sobre ese mecanismo. “El gobierno dijo que (el blanqueo) era para reactivar el mercado inmobiliario, y cuando se reglamentó, quedó a las claras que era para que el Central se hiciera de reservas”, sostuvo el economista.
El objetivo del blanqueo era que los ahorristas puedan, ingresando dinero o inversiones en el exterior, declarar esos activos y regularizar su situación frente al fisco, en momentos de drenaje de las reservas internacionales del Banco Central, ubicadas ahora en unos 35 mil millones de dólares, después de afrontar pagos de deuda externa.
La iniciativa habilitaba el ingreso al país de fondos no declarados sin tener que precisar el origen y con el beneficio adicional de no sufrir penalidades ni tener que actualizar el pago de impuestos. A cambio, los ahorristas debían optar por la suscripción de dos instrumentos nominados en dólares: el Certificado de Depósito para Inversión (Cedin) y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético (Baade), que también ofrece una versión denominada Pagaré.
Los Cedin fueron ideados para reactivar los sectores de la construcción e inmobiliario, afectados por la regulación del mercado cambiario, llamada de manera rústica “cepo al dólar”, vigente desde hace casi dos años. Los Baade, en cambio, servían para financiar obras en el sector energético y pagaban una renta anual del 4 por ciento.
Un debate sin cepo
Legisladores opositores salieron ayer a refutar dichos de la presidenta Cristina Fernández, quien negó la existencia de un cepo al dólar, y vaticinaron que, tras las elecciones de octubre, se profundizarán las restricciones cambiarias porque la pérdida de reservas es “insostenible”. El diputado Ricardo Alfonsín (UCR) aseguró que “en el país no se puede comprar ni un dólar”, en tanto que su par Gerardo Milman (GEN) exhortó a la mandataria a que “vaya al banco y que vea si le venden un dólar a 5,57 pesos”.
En tanto, el economista Santiago Fraschina, del Grupo de Estudio Economía Nacional y Popular, dijo: “El llamado cepo, en realidad, es una regulación del mercado cambiario como existe en cualquier país normal de mundo. La regulación cambiaria tiene que ver con poner prioridades a la utilización del dólar”.
