La audiencia de segunda instancia donde se iba leer la resolución de los camaristas Alfredo Ivaldi Artacho, Gerogina Depetris y Daniel Acosta en el caso Carlos “Bocacha” Orellano, fue suspendida y se dispuso su reprogramación, sin fecha, hasta nuevo aviso.
Esta decisión encendió la alarma de la familia y allegados a la víctima que hicieron público en redes sociales un comunicado mostrando preocupación y planteando la revictimización que generan estas situaciones. Según voceros judiciales, uno de los motivos de la suspensión es la falta de concordancia entre los votos de los tres jueces de alzada, uno de los cuales se acaba de jubilar.
Desde hace tiempo se conoce que uno de los vocales del tribunal, Daniel Acosta, inició los trámites jubilatorios y trabajaba hasta este viernes, por lo que no estará en una reprogramación de la audiencia.
Esta situación generó preocupación en la familia de Bocacha, que encabezó enérgico reclamo de justicia en las calles desde su asesinato, en una causa que tuvo un trámite complejo, ya que entre otras cuestiones hay personal policial involucrado.
Las fuentes tribunalicias consultadas refirieron que esta no es la única situación que se plantea en el caso, ya que si bien están los tres votos de los camaristas, hay discordancias entre ellos, lo que no permite que haya la mayoría que se requiere, como mínima, para una decisión en un tribunal pluripersonal como en este caso.
“Una vez más nos encontramos frente a una suspensión de audiencia de la cual nos notifican a tan solo horas de una jornada decisiva como es la resolución del Tribunal de la Cámara de Apelación”, encabezó un comunicado la familia Orellano.
“¿Por qué revictimizan nuevamente a la familia exponiéndola al desgaste emocional y físico que implican estas instancias? ¿Estamos ante una desprolijidad administrativa, o acaso cabe preguntarnos con qué intencionalidad se le otorga el cese de funciones a uno de los jueces del Tribunal a pocos días de la resolución para reemplazarlo por otro que no participó ni conoce el proceso del juicio?”, añadieron, para remarcar: “ESTA SITUACIÓN ES POR LO MENOS SOSPECHOSA”.
“Exigimos transparencia y claridad al tratarse de una causa tan compleja que nos ha llevado tantos años de lucha. Pareciera que el sistema judicial está diseñado para agotar de manera extrema a las familias que buscan construir justicia. No piensen por nada del mundo que esto nos va a hacer bajar los brazos. Como desde el primer momento vamos en búsqueda de la verdad.LA LUCHA CONTINUA”, refirieron en redes desde la Asociación Civil Carlos Bocacha Orellano.
El caso
El último fin de semana de febrero del 2020, Bocacha, de entonces 23 años, fue con amigos a bailar al boliche Ming River House ubicado en el complejo La Fluvial. Durante la madrugada fue expulsado del sector VIP del boliche y golpeado por los custodios del lugar. El cuerpo de Bocacha fue encontrado en el río dos días después en la zona del muelle 3 que está debajo del boliche.
Caso Bocacha: tres condenas y una absolución motivaron fuerte repudio de familia de la víctima
Fue larga la investigación y con un encuadre penal que la familia cuestionó desde el primer día, finalmente la fiscalía llevó a juicio a dos patovicas y dos empleados policiales que estuvieron haciendo adicionales en el lugar.
En junio del 2023, en un juicio oral y público, los magistrados condenaron a tres de los cuatro acusados por homicidio preterintencional y ahora un tribunal de alzada revisa el caso. Los jueces Mariano Aliau, Aldo Bilbao Benítez y José Luis Suárez, sentenciaron al patovica Emiliano Oscar López por homicidio preterintencional y abandono de persona seguido de muerte a la pena de 6 años de prisión. Para la policía Karina Laura Gomez la sanción fue de 9 años de cárcel por los mismos delitos más el ilícito de falsedad ideológica de instrumento público y se dispuso el cumplimiento de la pena en arresto domiciliario.
Gabriel Julio Nicolossi, pareja de Gómez, fue sentenciado por homicidio preterintencional y abandono de persona seguido de muerte y falsedad ideológica de instrumento público agravada a 12 años de prisión y Claudio M. el otro custodio del lugar fue absuelto por el beneficio de la duda.
El fallo fue apelado, un año después y a cuatro años del hecho, la familia espera la decisión del tribunal de segunda instancia.
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