La justicia realizó una medida de aseguramiento de pruebas sobre Rosario Bus, en el marco de una recrudecida disputa entre integrantes de la sociedad familiar, histórica prestataria del transporte colectivo de pasajeros de Rosario, desatada tras la muerte de su referente histórico, Agustín Bermúdez. Tras conocerse el procedimiento, el concejal Eduardo Toniolli le exigió a la Municipalidad, poder concedente de un servicio público ya con sumatoria de dificultades, información sobre el tema. El eje: cómo afectará la movilidad en la ciudad, que arrastra déficit de años agudizados por la pandemia y con un sistema en revisión por su insostenibilidad.
Según consta en el oficio que lleva la firma de la jueza Mónica Klebcar, se procedió con allanamientos en las oficinas ubicadas en San Martín 2690 y Sarmiento 2363 de la ciudad de Rosario para imprimir o extraer información sobre las sociedades Rosario Bus S.A, Empresa 9 de Julio SRL, Continental TA SRL, Continental TPA SA, America TA SRL, Azul Sata, Afide SA, La primera de Grand Bourg SATCI, la UTE: América TA SRL – Azul sata y AB Agro SA.
El procedimiento fue a pedido de Agustín Bermúdez, quien mantiene un conflicto con sus hermanos Andrés y Adrián, a cargo de la empresa familiar. Es por eso que solicitó recopilar información sobre el estado institucional y contable de la firma Rosario Bus.
Ante la disputa familiar que derivó en este pedido de allanamiento en la empresa prestataria del servicio de transporte, Eduardo Toniolli adelantó: “Vamos a solicitar al Ente de la Movilidad que informe de qué manera este proceso judicial podría afectar la prestación del servicio”.
El edil justicialista pedirá una auditoría sobre la empresa, una de las dos privadas –la otra es la mendocina El Cacique– que junto a la estatal Movi prestan el servicio de colectivos en Rosario. Lo habilita, argumentó, las potestades que el pliego de concesión del transporte urbano de pasajeros le asigna al Ente.
El conflicto entre los herederos del llamado zar del transporte rosarino, Bermúdez, no se arregló y ahora amenaza con una nueva tormenta sobre un sistema de movilidad que sufre una constante caída de usuarios por sus deficientes prestaciones. El golpe de gracia fue la pandemia, pero los problemas se arrastran de décadas.
El nuevo riesgo que Tonioli pide atajar arrancó con el fallecimiento, en julio de 2018 y a los 71 años, de Bermúdez, quien desde Villa Gobernador Gálvez y con la firma Martín Fierro que transportaba a los trabajadores del frigorífico Swift desembarcó en Rosario en 1979. Fue de la mano del entonces intendente de facto puesto por la dictadura, el capitán de navío Augusto Félix Cristiani, quien inició un proceso de desmantelamiento de las líneas de trolebuses que conectaban toda la ciudad y privatizó el sistema.
Bermúdez se convirtió en el único empresario del sector que sobrevivió a las crisis recurrentes en la movilidad urbana, varias veces rediseñada sin poder solucionar sus deficiencias ni acompañar los tiempos. En los 90 monopolizó el sistema, y con ello fijó sus reglas a la Municipalidad. Apenas vio cercenada esa posición dominante cuando en 2009 la gestión municipal de Miguel Lifschitz creó las empresas estatales Mixta y Semtur, y se desprendió de algunas líneas. Igual, continuó manejando los hilos del transporte público: ya se había convertido en un actor imprescindible al que el Estado no podía contrariar.
Uno de los hijos de Bermúdez, que como su padre, “El Gallego”, se llama Agustín, denunció penalmente a sus hermanos Andrés y Adrián, a cargo de la empresa familiar, poco después del deceso del original titular de Rosario Bus. Los acusó de ejecutar “operaciones presuntamente simuladas y fraudulentas” y plantó sospechas de acciones de ocultamiento de patrimonio, sobreendeudamiento, evasión fiscal y desvío de subsidios.
Rosario Bus tiene de acuerdo a la última concesión del servicio las líneas 101, 102 negra, 103,107, 110, 125, 128, 129, 130, 133, 142, 143, 144, 145 y 146.
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