Por: Tiempo Argentino
Las principales fuerzas políticas bolivianas llegaron a un acuerdo político en el Senado para la aprobación de un proyecto de ley que convoque a nuevas elecciones generales en el país. El Senado boliviano acordó este viernes convocar a nuevas elecciones sin la participación de Evo Morales y Álvaro García Linera. Sobre esta base, los partidos políticos (MAS, Unidad Demócrata y Partido Demócrata Cristiano) deberán dar a luz un nuevo proyecto de ley que girarán a la Cámara de Diputados para su aprobación.
La información fue brindada por el presidente de la comisión constitucional del Senado, Oscar Ortíz, afín a la presidenta de facto Jeanine Añez. La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa (del MAS), aseguró que “se antepuso el bien mayor: garantizar nuevas elecciones, con nuevos vocales (para el TSE) y con total transparencia”.
Esta ley “corta” serviría para anular las elecciones del 20 de octubre –que dieron el triunfo al MAS–, y en 15 días poder anunciar la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuyos miembros estarán en funciones por seis años, y que tendrán 48 horas para definir la fecha de los nuevos comicios.
“Se va a tener una disposición que diga que una persona sólo puede ocupar un cargo electivo por dos periodos de forma continua, tal como establece la Constitución Política del Estado”, dijo Ortiz.
La diputada del MAS Sonia Brito afirmó que este sábado van a acompañar el proyecto para que Bolivia salga del difícil momento que vive su país, pero eso no quita que «este es un golpe de Estado, este es un momento donde se está asesinando a la gente en la calle. Van 34 muertos, más de mil detenidos, más de mil heridos y quieren que no nos sintamos indignados. No nos van a callar la voz». Si todo sale como están anunciando desde Boliviaa, el domingo ya se promulgaría la ley y se comenzaría a conformar el TSE.
Refiriéndose a las posibles próximas elecciones, el senador del MAS Omar Aguilar expresó que “acelerar tiempos nos puede llevar a cometer errores”, hasta el momento se menciona que el proceso electoral llevaría unos 120 días. Y el funcionario del gobierno de facto, Ortiz, aseguró que servirá también para “sanear” el padrón.
El viernes, al final de una larga jornada, en la que medió la Conferencia episcopal boliviana y la Unión Europea, empezaron a anunciarse los principios del acuerdo y según consignan medios de Bolivia algunos manifestantes que resistían el golpe de Estado iniciaron desbloqueos carreteras para así revertir la escasez de alimentos y combustibles. Los seguidores de Evo Morales levantaron el bloqueo que mantuvieron durante varios días a la planta de hidrocarburos de Senkata, en El Alto, a las afueras de La Paz, donde el martes pasado una operación militar para romper el cerco dejó un resultado de ocho muertos. Sin embargo no todos los movimientos sociales acatan las órdenes del «centro» y algunos voceros se encuentran aún muy indignados con la presidenta autoproclamada y exigen que renuncie como único camino para la pacificación.
Mientras tanto, el gobierno de facto (por medio del ministro de Interior Arturo Murillo) y la fiscalía general comenzaron una persecución judicial contra Evo Morales, al que acusan de terrorismo y sedición y piden la máxima pena. Desde su exilio en México, Morales tuiteó: “A los movimientos sociales que luchan por la vida y la democracia, la Fiscalía les inicia investigaciones de oficio con montajes, pruebas sembradas y grabaciones manipuladas, pero para 30 hermanos asesinados en Bolivia a bala, no hay investigación, responsables o detenidos”.
La fiscalía dio trámite al pedido del gobierno y la autoproclamada presidenta ha pedido a México que Evo Morales comparezca por video-conferencia. La acusación se sostiene en un video que dieron a conocer el jueves en el que se ve a un hombre recibir instrucciones por teléfono para resistir con bloqueos de rutas al gobierno de facto de Áñez. Según Murillo la voz que da las órdenes pertenece a Morales.
La persecución judicial contra dirigentes del MAS es un escollo de hecho para el desarrollo de las negociaciones ya que la policía boliviana arrestó a Gerardo García, vicepresidente del MAS, y la fiscalía boliviana emitió una orden de arresto contra la exministra de Cultura Wilma Alanoca por “supuestamente” ordenar que se hicieran cócteles molotov para resistir el golpe. La cacería judicial de los dirigentes busca alejarlos de la posibilidad de que se presenten a elecciones o afectar su imagen pública.
Por otro lado, los manifestantes si bien han retirado algunos bloqueos aún siguen presionando, ya que no necesariamente responden orgánicamente a los parlamentarios del MAS. La compleja situación desatada luego del golpe de Estado va encontrando un pequeño cauce pero aún resta que este sábado la Asamblea Legislativa apruebe lo acordado, que esto satisfaga al pueblo movilizado, que Evo Morales también diga que piensa.
El gobierno de facto denunció a Evo Morales por delitos de terrorismo y sedición
