El gobierno de Bolivia brindó este lunes nuevos detalles del envío de armamento desde Argentina durante el golpe de Estado de 2019 y exhibió parte del arsenal secuestrado en ese país, que había sido enviado durante la gestión de Mauricio Macri.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, exhibió en una conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la policía que corresponden al envío de material represivo por parte gobierno de Mauricio Macri cuando se consolidó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y confirmó que se trata de «tráfico ilícito de municiones», un crimen penado con 30 años de prisión en ese país.
Allí ratificó además que en noviembre de 2019 «ingresaron desde la Argentina armas de manera ilegal, sin registros» a Bolivia, y se informó que ya se han «se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 en un depósito de la Policía» que son parte de las 70.000 balas de gomas que salieron desde Argentina con el argumento de defender la embajada argentina en el Estado Plurinacional.
En el depósito de la policía boliviana también se hallaron, según detalló el funcionario, “28 gases aerosol MK-4, 19 gases aerosol MK-94, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H, 19 granadas de gas CS y dos granadas tipo béisbol”.
El ministro de Gobierno aseguró que parte del armamento que llegó a Bolivia la mañana del 13 de noviembre de 2019, tras el golpe de Estado, estaba autorizado para reforzar la custodia de la embajada argentina, aunque precisó que “llegaron otras municiones que no fueron ni solicitadas y mucho menos autorizadas”.
El funcionario boliviano indicó que parte del armamento fue entregado a la policía de su país y “gran parte también fue entregado a la fuerza aérea de Bolivia y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y que vamos a determinar si fueron utilizados en la masacres de Sacaba y Senkata”, cometidas con posterioridad al golpe de Estado.
«Continuaremos con las investigaciones para saber qué sucedió con el faltante que ingresó de manera ilegal», completó el ministro boliviano, en una conferencia donde se exhibió parte del material incautado, tanto armamento enviado por Argentina como por Ecuador a Bolivia.
En tanto, en Argentina, el juez en lo penal económico Javier López Biscayart habilitó este lunes la feria judicial y ordenó medidas de prueba en la causa que investiga el envío de material represivo a Bolivia en noviembre de 2019, durante el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
El magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial y habilitó la feria de invierno para ordenar medidas de prueba tras la imputación al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad de su gobierno Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad, informaron a Télam fuentes judiciales.
López Biscayart pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación que aporte «de inmediato» el original de la carta que figura como recibida » en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia identificada con el número de nota 184 AB, con fecha de ingreso 15 de noviembre de 2019″, además de otras medidas de prueba.
También solicitó los «registros fílmicos que hayan registrado los procedimientos de control aduanero concretados en el Aeropuerto de El Palomar y en La Quiaca al momento de partida (12/11/2019) y regreso del armamento (26/06/2020)» y requirió «al responsable de la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (Aeropuerto Internacional de El Palomar) que, en 48 horas» aporte constancias sobre la autorización de salida del avión Hércules C-130, el 12 de noviembre del 2019 y registros fílmicos del momento de carga de la aeronave.
También los datos personales de los encargados de carga y descarga.
Además, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió al juez López Biscayart ser querellante en la investigación que se lleva adelante en la justicia argentina para tener acceso a la causa para evaluar si pudo haber algún delito por parte de funcionarios de la Aduana.
El organismo solicitó «tomar vista de las actuaciones de modo de contar con información que permita, en su caso, promover querella penal contra los imputados», informaron fuentes de la UIF.
Por otra parte, el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, quien también estuvo presente en la conferencia de prensa, dijo este lunes que en el lote que el gobierno de Macri envió al país vecino “había granadas de gases de Estados Unidos».
Al hablar por Radio Del Plata, Basteiro indicó que “en el lote donde estaba gran parte del arsenal había granadas de gases de Estados Unidos».
«Lo que no se sabe es si estaban antes o llegaron junto con lo que envió Argentina”, completó.
“Me sorprendió cuando encontré la nota y confirmamos que Argentina había enviado armamento en medio del golpe de Estado. Pero si hicieron una triangulación con Estados Unidos, me sorprendería más por lo arriesgado e impune que podría ser una acción como ésta”, afirmó.
En este sentido, Basteiro recordó que en Estados Unidos «está preso el ministro de Gobierno de (Jeanine) Áñez por haber ingresado en una triangulación con Brasil gases lacrimógenos, a través de una compra que era totalmente irregular».
Finalmente, el diplomático llamó a «investigar dos cuestiones»: que al momento del golpe «había dos agentes de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), uno en Santa Cruz y otro en la Paz», y que «había personal de la CIA que no estaba en el país hace años», y definió esta última circunstancia como «algo extraño».
En tanto, en una columna de opinión publicada este lunes en Télam, Basteiro consideró que «este proceso recién empieza, quizás sea extenso, pero saludable para la historia de nuestros pueblos que los responsables de contrabando de armas como han sido en este caso Macri, Bullrich, Aguad, Álvarez García y los jefes de Gendarmería a cargo en ese momento, respondan ante la ley”.
Así aludió al por entonces presidente Mauricio Macri; a la ministra de Seguridad de su gestión, Patricia Bullrich; al ministro de Defensa, Oscar Aguad y al embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García.
Por otra parte, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich ya designó abogado defensor, el letrado Julián Curi.
