Por Boyanovsky Bazán / Diario Tiempo Argentino
La “cacería” que aseguró iniciar el ministro de facto Arturo Murillo se cumple. El pueblo boliviano vive hoy un momento crítico producto de represión de las fuerzas armadas y policiales, que a partir del viernes a última hora, por el decreto supremo 4078 de la presidenta autoproclamada, Jeanine Añez Chávez, tienen vía libre para emplear “todos los medios disponibles” en la represión, es decir, avalar el uso de poder de fuego, que de hecho ya estaba aplicando. A la vez libera a los efectivos “de responsabilidad penal” en su accionar, según el documento que circuló ayer y que confirmaron varias fuentes. Previamente a la firma del texto, una violenta jornada resultó en la muerte de ocho campesinos, según información de la Defensoría del Pueblo. Hasta ahora se contabilizan entre 20 y 24 muertos y cerca de 550 heridos y más de 600 detenidos, según las diversas fuentes.
El presidente Evo Morales evalúa su posible regreso para contribuir a la “pacificación” del país, como declaró en las últimas horas en México donde está exiliado desde el martes luego de renunciar dos días antes a la presidencia. Las condiciones para ese retorno no están a la vista. Mientras periodistas son expulsados, censurados y acusados de sedición, como ocurrió incluso con colegas argentinos enviados a La Paz, las redes sociales se inundan de imágenes de heridos, muertos, sangre y violencia. Y las incansables marchas del pueblo más profundo de Bolivia que se niega a aceptar un gobierno autoimpuesto al margen de la Constitución, que indica que es la Asamblea Plurinacional conformada por ambas cámaras la que debe, por un lado, aceptar la renuncia presentada por el mandatario saliente, y por otro la proclamación del presidente interino. Ninguna de estas instancias se cumplieron hasta ahora. Los dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) afirman que las marchas de protesta, sobre todo en El Alto y en Cochabamba, donde abunda el campesinado cocalero, no responden a órdenes partidarias, sino que se trata de una “movilización popular en repudio del gobierno de facto, la represión y las acciones contra la whipala”, dijo a Tiempo Gabriel Campero, asesor de uno de los ministros de Morales forzado a renunciar.
La afrenta que se vio de parte de uniformados y opositores a Evo contra el emblema multicolor de los pueblos originarios no es un hecho menor. “Marchan porque el insulto a la whipala va contra la mujer de pollera, el artesano, el campesino humilde, el joven estudiante indígena”, dijo ayer en una entrevista el vicepresidente Álvaro García Linera, exiliado junto a Evo. “Es el símbolo de un movimiento de igualación social al que hoy esta gente (el gobierno de Añez) quiere poner límite”. Para García Linera, el campesinado siente que al cortar la whipala de las insignias oficiales “es como si le estuvieran cortando la cabeza a Evo”.
En los últimos días se propagaron informes y denuncias de organismos de DDHH que denuncian la crítica situación con respecto a las libertades y la vigencia del estado de Derecho en Bolivia, señalando las arbitrariedades y excesos de un gobierno que llegó con la Biblia en la mano y un discurso ultramontano que parece avivar la convulsión más que calmarla.
El Informe Preliminar sobre la situación de los Derechos Humanos en Bolivia elaborado por el Comité Internacional de la Juventud por la Paz en Nuestramérica y por Generación Evo, con investigadoras e investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) habla directamente de la “inexistencia de un Estado de Derecho” en un país donde aconteció un “golpe de Estado cívico-militar-policial-religioso”. “Hay personas detenidas arbitrariamente sin orden judicial y frente a la ausencia total de un Estado que garantice el orden constitucional y dirija las fuerzas represivas, fuerzas armadas y policiales, nos encontramos por tanto ante un estado de excepción creciente que vulnera los Derechos Humanos”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en un documento difundido en Twitter el “uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en Cochabamba (…) Las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales”.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, adhirió a esta denuncia y advirtió que ello puede llevar a que la situación en Bolivia pueda «salirse de control».
A su vez, el secretario General de la ONU, António Guterres, encomendó a su enviado personal, Jean Arnault, a que se incorpore a las gestiones de negociación encabezadas por la Iglesia católica, donde intervienen además algunos líderes políticos y un delegado de la UE. El sábado miembros del MAS aseguraban que había comenzado el diálogo, aunque aún en etapa incipiente. Los senadores del MAS pedían “a los movimientos sociales y otras organizaciones que depongan posiciones» para contribuir a ese diálogo.
El viernes el Senado logró sesionar y con la presencia del MAS en pleno y algunos opositores se eligió a la senadora Eva Copa como presidenta del cuerpo, en reemplazo de Adriana Salvatierra, quien renunció a la presidencia pero no a su banca. Previamente la cámara de diputados había nombrado como presidente a Sergio Choque, también del partido de Morales. Ambos legisladores pertenecen a la región de El Alto, de conocido apoyo mayoritario al gobierno de Evo. La Asamblea Legislativa ya estaría en condiciones de reunirse y cumplir con los pasos constitucionales, pero para eso la “supuesta presidenta” Añez, como la llama Evo Morales, debería reconocer a las nuevas autoridades, algo incierto al cierre de esta edición.
En tanto el gobierno “bíblico” vino cumpliendo uno a uno con todos los pasos dados por los neoconservadores en la región: reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y expulsó a los diplomáticos de Maduro; culpó a agentes cubanos y venezolanos del conflicto, se encolumnó detrás del gobierno de Donald Trump, aseguró que si Evo Morales vuelve al país deberá someterse a la justicia por supuestos hechos de “corrupción” y “fraude electoral”. El viernes la ministra de comunicación invitó a periodistas a la suite del presidente en el edificio estatal Casa Grande del Pueblo, para mostrar supuestos “lujos de jeque árabe” de un departamento regular destinado a la vivienda del primer mandatario.
