Tras varias jornadas de intensas negociaciones, la presidenta del Gobierno de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó este domingo la ley acordada por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y las fuerzas minoritarias que la apoyan para convocar a nuevas elecciones que excluirán al ex presidente y el ex vicepresidente Álvaro García Linera, ambos en el exilio.
La nueva ley suspende a todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral y da 20 días a la Asamblea Legislativa para designar nuevos y crear un reglamento para que cada departamento del país haga lo mismo.
Los nuevos vocales electorales deben asumir al día siguiente de ser designados por los legisladores y en un período de no más de dos días deben convocar a elecciones generales en un plazo máximo de 120 días y presentar un calendario electoral, según el diario boliviano Los Tiempos.
Esto significa que las elecciones podrían ser convocadas hasta mediados de abril próximo y que en caso de necesitarse un balotaje presidencial, este debería ser convocado a no más de 45 días de la primera vuelta.
Al leerse el texto de la nueva ley electoral en un acto en el Palacio Quemado, se explicó que todas las organizaciones políticas con alcance nacional podrán participar -entre ellas el MAS-, pero ni Morales ni García Linera podrán presentarse como candidatos porque ya cumplieron dos mandatos consecutivos en el Poder Ejecutivo que les permite la Constitución.
Anoche tarde, luego de que los diputados aliados de Áñez y los del MAS de Morales acordaran el texto en general y en detalle, el senador masista Ciro Zabala defendió las negociaciones y el producto final.
«La Ley de esta ley tiene un régimen excepcional y transitorio. Es estrictamente para la coyuntura de este momento, que tiene como obligación apaciguar el país y que podamos convivir entre bolivianos en vez de matarnos entre nosotros», explicó.
Hoy la presidenta de facto, la senadora Jeanine Áñez, no se limitó a defender la nueva ley sino que la utilizó para seguir denunciando y atacando al exiliado Morales y a su gestión.
«Bendito sea Dios por este día», celebró Áñez, cuando se terminó la lectura de los artículos de la ley.
«Esta ley es producto del repudio a la forma en que el gobierno anterior intentó manipular las elecciones del 20 de octubre» pasado, agregó la mandataria de facto al reiterar su denuncia de fraude electoral, una acusación ratificada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y rechazada por Morales, quien pese a que ofreció repetir los comicios terminó renunciando en medio protestas opositoras, forzado por los militares y denunciando un golpe de Estado.
Áñez culminó su discurso con una promesa: «Llega el tiempo de la reconciliación».
El sábado, mientras la Asamblea Legislativa terminaba de aprobar la convocatoria electoral, Áñez encabezaba en el Palacio Quemado, sede del Gobierno, una reunión con organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Iglesia Católica para llegar a un «acuerdo de pacificación», en momentos en que el partido de Morales continuaba denunciando el arresto de sus dirigentes en las calles.
El diálogo duró hasta entrada la madrugada de hoy, cuando el Gobierno de facto decidió declarar un cuarto intermedio para evitar el estancamiento.
Se llegó a un acuerdo para presentar un proyecto de ley que garantice el respeto al fuero sindical y una indemnización para las familias de los fallecidos durante los últimos conflictos sociales, pero no así para garantizar la vuelta de Morales y García Linera y la liberación de los cientos de detenidos hasta el momento.
El Gobierno de facto tildó a estos reclamos de «intentos por conseguir una amnistía» y aseguró que aunque no aceptará eso, sí va a analizar «caso por caso» las detenciones de las últimas semanas y prometió crear una comisión para ello.
La gran incógnita ahora es qué efecto tendrá la convocatoria a elecciones en el clima de escalada de violencia.
El ex candidato presidencial opositor y ex presidente, Carlos Mesa, la calificó como «un gran augurio» en un mensaje que difundió en su cuenta de Twitter.
Mientras, tanto el MAS, con Morales a la cabeza, como las fuerzas que apoyan a Áñez esperan que sea el inicio de una salida institucional para la crisis que desató la renuncia del presidente, hoy exiliado en México, y su denuncia de un golpe de Estado.
Tras esta denuncia y la salida de Morales del país, el Gobierno de facto desplegó a los militares en la calle y en conjunto con la Policía se reprimieron protestas masivas y bloqueos de rutas, calles y plantas de hidrocarburos liderados por campesinos e indígenas, muchos de ellos simpatizantes del ex presidente exiliado.
Desde la renuncia de Morales, murieron 24 personas durante las protestas, la mayoría por heridas de bala, y desde los días previos, más de 30.
