Al menos 27 personas murieron por proyectiles de armas de fuego durante las protestas por el golpe de Estado en Bolivia, según un informe que la Fiscalía General del Estado aseguró haber entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero la Defensoría del Pueblo sostiene que fueron 35 los muertos.
El informe incluye estudios balísticos realizados por el Instituto de Investigaciones Forenses (Idif), que depende del Ministerio Público, sobre 27 fallecidos por proyectiles de arma de fuego, según un comunicado difundido por la fiscalía.
«Siete murieron por proyectil calibre 22, dos por 9 milímetros, dos por calibre 5.56 y dos por postas o perdigones metálicos», destaca el informe.
El comunicado añade que «en catorce personas no se pudo colectar el proyectil porque tienen orificio de salida».
El informe se refiere también a otras tres personas fallecidas «por otras causas», que no detalla el comunicado, citaron medios locales y la agencia de noticias EFE.
Según la Defensoría del Pueblo de Bolivia, los fallecidos desde los comicios del pasado 20 de octubre son 35.
El diputado Lino Cárdenas, del Movimiento al Socialismo (MAS) del derrocado presidente Evo Morales, denunció a través de la cuenta de la Cámara de Diputados de Bolivia en Twitter que la CIDH advirtió que «en Bolivia no hay una investigación imparcial» sobre estas muertes violentas.
«Es aconsejable que venga gente externa a investigar porque es de su conocimiento que hay violación de DD.HH.», añade el mensaje en la red social.
El gobierno interino de Bolivia encabezado por Jeanine Añez con el apoyo castrense aseguró que las muertes de civiles en operativos militares y policiales no se debieron a disparos de los uniformados.
Al menos diez civiles fallecieron en la ciudad boliviana de Sacaba y otros diez en la de El Alto durante operativos de fuerzas del orden los pasados 15 y 19 de noviembre, respectivamente.
