La ex presidenta Cristina Kirchner fue procesada este lunes con prisión preventiva junto a otras 16 personas, entre empresarios y ex funcionarios, en la causa por los cuadernos con detalles sobre presuntas coimas en su gestión.
El juez federal Claudio Bonadio la consideró «jefa» de una asociación ilícita que recaudaba fondos ilegales por la concesión de contratos para obras y servicios públicos, por lo que le trabó un embargo de 4 mil millones de pesos y volvió a disponer el pedido de desafuero al Senado de la Nación, el que sin embargo se pondrá en marcha una vez que la solicitud sea confirmada por la Cámara Federal.
«En el gobierno de Néstor Kirchner se puso en funcionamiento un sistema de recaudación ilegal que continuó durante la presidencia de su esposa, Cristina Fernández. Las constancias incorporadas dan cuenta de su participación del sistema ilegal de recaudación llevado a cabo durante la presidencia de su conyuge, como también su continuación hasta los últimos días de su gobierno», indicó la resolución de más de 550 fojas.
Además de Cristina Kirchner, el juez Bonadío dispuso otros 41 procesamientos, de los cuales 16 son con prisión preventiva e incluyen al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido; a su secretario José María Olazagasti; a su entonces segundo Roberto Baratta, su secretario Nelson Lazarte, al secretario de Obras Públicas, José López; y los empresarios Carlos Mundin, Raúl Vertúa, Gerardo Ferreyra, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain y Sergio Taselli.
En el listado de procesados sin prisión preventiva se encuentran, además, Claudio Uberti, ex titular del (Occovi); Ángelo Calcaterra de Iecsa y primo del presidente de la Nación, Mauricio Macri; Aldo Roggio, del Grupo Roggio; Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción; Luis Betnaza de Techint y Enrique Pescarmona, líder de la industria que lleva su apellido, además del financista Enrique Clarens, el chofer Oscar Centeno, el ex juez federal Norberto Oyarbide y Javier Fernández de la Auditoría General de la Nación (AGN).
En el fallo Bonadio explicó el mecanismo que se utilizó durante el kirchnerismo para quedarse con millones de pesos mediante «retornos y coimas» de empresarios que buscaban «ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios».
«Una empresa o grupo de empresas entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner designaban para esos menesteres a fin de recibir esos retornos o «coimas «, señaló Bonadio y agregó que los costos estaban sobredimensionados con fin de enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos.
Sobre Cristina Kirchner, el juez advirtió que, prueba de su participación de las maniobras, es que «el dinero recolectado por Baratta de sus recorridos por las empresas fue entregado en por lo menos 87 oportunidades» a su secretario Daniel Muñoz «en el domicilio de la calle Uruguay», propiedad de la ex mandataria «y también en la residencia de Olivos».
Advirtió que si bien a partir del fallecimiento de Néstor Kirchner el mecanismo cambió y dejaron de entregarse bolsos en el departamento de Recoleta «las empresas continuaron entregando dinero a los funcionarios del ex Ministerio de Planificación, manteniéndose como destinataria final del dinero Cristina Fernández».
«El grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los cargos más altos de la República», sostuvo el juez.
La resolución se basa en la nutrida información que aportaron en las últimas semanas decenas de «imputados colaboradores» en este expediente, que se inició tras la difusión de los cuadernos de Centeno, chofer de Baratta, con anotaciones sobre la distribución de bolsos con dinero ilegal: todos ellos fueron beneficiados con la excarcelación por su aporte a la investigación.
En su fallo, Boandio dictó la falta de mérito de Jorge Neira y Osvaldo Acosta, ambos de Electroingenieria; de Javier Sánchez Caballero, de Iecsa; de Rodolfo Poblete, de Emepa; de Héctor Zavaleta, de Techint, y de Franco Valenti de Industrias Pescaroma.
Ellos sí reconocieron haber hecho pagos ilegales ya sea para acceder a obra pública o como aportes para la campaña electoral del kirchnerismo, pero fueron sus jefes de sus respectivas empresas quienes aclararon que lo habían hecho bajo su orden.
