Además de dar por zanjado el conflicto policial, en el gobierno provincial están seguros de que se avecinan mejores tiempos en cuanto a la relación con la Nación. El gobernador Antonio Bonfatti sostuvo ayer: “Vemos con mucho beneplácito esta articulación con la Nación porque le va a hacer bien a todo Santa Fe”. Mientras que el ministro Rubén Galassi admitió: “Tenemos otra relación, es un nuevo escenario”.
La provincia atribuye ese cambio a la designación, por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del ex gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, como nuevo jefe de Gabinete. Bonfatti explicó que el vínculo más fluido con el gobierno nacional surgió en medio del reciente conflicto con la Policía santafesina.
El mandatario dio por terminada la rebelión policial: “La relación es de subordinación al poder político, no hay otro camino; con la decisión que hemos tomado (en referencia al aumento salarial por decreto) y la presentación (judicial) que hemos hecho se ha resuelto el problema”.
Bonfatti remarcó los sucesivos encuentros y contactos que mantuvo en las últimas semanas con la procuradora de la Corte nacional Alejandra Gils Carbó, con el ex ministro de Seguridad de la Nación Arturo Puricelli y con el jefe de gabinete, con quien se reunió el jueves pasado; luego mantuvo fluidos contactos durante la crisis policial y el miércoles volvió a cruzarse, esa vez en una reunión por el Procrear.
“Hemos tenido durante esta semana muchísimos llamados telefónicos que intercambiamos, hay un vínculo que hemos planteado durante mucho tiempo, una necesidad de diálogo y vemos con mucho beneplácito esta articulación con la Nación porque le va a hacer bien a todo Santa Fe”, remarcó el mandatario provincial.
El ministro de Gobierno Rubén Galassi también destacó la mejor sintonía con la Casa Rosada: “Lo valoramos mucho, tenemos otra relación. En seis días tuvimos más contactos que en los dos años anteriores. Es un nuevo escenario y estamos muy conformes con que así sea”. Galassi elogió la forma en que el gobernador manejó la negociación con la Policía: “Bonfatti tiene flexibilidad para entender los reclamos, pero también la firmeza para marcar el rumbo y los límites”. Sobre la actitud de las fuerzas de seguridad provinciales, el ministro de Gobierno opinó: “Podemos contemplar derechos y reconocerlos, pero no podemos tolerar que se use un arma, que se entrega a una persona para cuidar la vida de los ciudadanos, para coaccionar al Estado”.
“Estamos dispuestos a dialogar para encontrar una salida a los conflictos, pero esto tiene un límite. Dialogar y no confrontar permanentemente no quiere decir que uno permite que se haga cualquier cosa”, agregó Galassi. “La sociedad tiene que confiar en que el gobierno va a tratar de resolver estas cuestiones de manera pacífica, pero no dejará caer un manto de impunidad”, finalizó.
Hasta seis años de pena
La denuncia que realizó la Fiscalía de Estado de la provincia ante la Justicia federal se basa en los artículos 229 y 230 del Código Penal. El 229 establece penas de prisión de uno a seis años a quienes, “sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley”. El 230 establece que serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años “los individuos de una fuerza armada o reunión de personas que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste”.
