La gira del gobernador Antonio Bonfatti por la Costa Este norteamericana, donde se concentran influyentes universidades, organismos multilaterales de crédito y las principales bancas de inversión y calificación del mundo dejó indicios claros de que el plan para realizar un “shock de obra pública” en Santa Fe a financiarse con la emisión de títulos por 500 millones de dólares, presenta signos vitales y está encaminado, aún cuando le falta sortear, como se explicó la semana pasada, nada menos que la autorización de la Legislatura para tomar el dinero y el aval de la Nación.
El gobernador se subió al avión que lo trajo de regreso con la noticia fresca de que la calificadora de riesgo Moody’s Latin America cambió de “estable” a “negativa” la perspectiva de las calificaciones de emisor y de deuda de Córdoba, Buenos Aires, Formosa y Chaco. La satisfacción no era por el gris panorama de las cuentas provinciales –Mendoza acaba de tomar deuda a 36 meses con el Banco Macro pagando una tasa del 23 por ciento–, sino porque la nota para Santa Fe se mantuvo en A+.
La agenda y las obras
La agenda del gobernador se armó sobre tres grandes líneas de contacto. Una es con los organismos internacionales de crédito, con quienes el ministro de Economía, Ángel Sciara, partícipe de la gira, tiene históricamente relaciones que fueron bien aprovechadas durante su paso por la Municipalidad de Rosario. Con la embajada de Estados Unidos, el puente se tendió a partir de la visita que hizo a la Casa Gris la embajadora en la Argentina hace pocos meses. Y por último, hubo activa participación de la embajada argentina en Estados Unidos, a cargo de Jorge Argüello, que también abrió puertas. La misión fue costeada por el Consejo Federal de Inversiones.
El gobierno no llevó a EE.UU. un punteo específico de las obras públicas a financiar, ya que serán parte de las negociaciones políticas con los senadores, los diputados y eventualmente con el gobierno nacional. De todos modos una alta fuente del gobierno dio una aproximación general: rutas, agua potable (parte del plan de agrandes acueductos) y cloacas repartidas en distintas ciudades y “algo de infraestructura penitenciaria”.
Aval nacional
¿Avalará la Nación un empréstito externo para Santa Fe? Hay diferentes variables sobre la mesa. Por un lado el gobierno de Cristina está retaceando la toma de deuda externa; por el otro pesan las cuestiones políticas internas.
Con respecto a estas últimas, bien podría primar la lógica que movió a la Casa Rosada a bajar un guiño para la reforma tributaria: si los problemas de recursos no se arreglan en la misma provincia terminan en las puertas de la Casa Rosada. Por otra parte, la gestión Bonfatti entabló una relación política muy racional con la Nación, y a ésta le interesa mantener ese statu quo porque evita así que Santa Fe haga causa común con las beligerantes Córdoba o Capital Federal.
Frente interno
En la Legislatura, en tanto, el gobierno de Bonfatti avanzó en conversaciones con la Cámara de Senadores y algo también con Diputados, donde la oposición se reparte en nueve sub bloques de extracción justicialista, el Partido del Progreso Social y otros dos vinculados al proyecto político de Mauricio Macri.
Las opiniones están repartidas. Para que los senadores lo voten el plan debe contemplar sus intereses, que pasan por garantizar financiamiento para obras en sus respectivos departamentos.
Al lado, en la Cámara de Diputados, están los “previsibles”, aquellos que automáticamente dirán que no, donde podría ubicarse a quienes responden a María Eugenia Bielsa, el obeidismo y quizás el perottismo; y el resto, que estará atento a la opinión del gobierno nacional y el impacto que el plan de obras pueda tener en municipios gobernados por el PJ.
Aquellos que no anteponen la negativa, quieren garantías. Por ejemplo, buscan alguna fórmula para asegurarse que, de obtener el endeudamiento para obra pública, no le queden las manos libres al gobierno para desafectar y redireccionar las partidas del presupuesto 2013 que tienen ese mismo fin.
A nadie se le escapa que esta semana entrará a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2013. En ese marco, algunas voces de la oposición plantean que debería incluir los 500 millones (si bien el gobierno ya solicitó el endeudamiento con un proyecto específico hace tiempo) así la discusión es una sola y de una vez, abarcando la foto completa de los números con los que puede contar el Tesoro provincial. En las próximas semanas se verá la evolución de las negociaciones políticas.
Seguridad
El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, adelantó que esa cartera pasará a ser la segunda en jerarquía presupuestaria. Fuentes del gobierno especificaron que pasará del 7,5 por ciento de los recursos totales de 2012 a un 10% el año próximo.
No hay detalles todavía de cuál es la ecuación económica que permitirá contar con esos recursos extra: una cosa es la decisión política de volcar recursos al área de mayor demanda, y otra muy distinta conseguir el dinero y modificar la estructura de recursos del Estado.
Según fuentes oficiales, la decisión apunta a financiar equipamiento tecnológico (hace tiempo que se venía hablando pero no estaban los recursos) para la fuerza, blanqueo de lo que resta de los salarios del personal policial y penitenciario y poner al día la Junta de Calificaciones, que es la que determina los ascensos.
La misma fuente contó que el proyecto de presupuesto 2013 incluirá la creación de 1.300 cargos para la Policía y el Servicio Penitenciario. Este dato no había sido revelado por el ministro Sciara en la entrevista que mantuvo con El Ciudadano horas antes de partir a Estados Unidos. Hasta ese momento sólo había hablado de unos 600 cargos, exclusivamente para atender necesidades ya acordadas en áreas como educación, salud y otras.
Incrementar el presupuesto es un esfuerzo notable para una gestión a la que no le sobra un peso. Pero el ministro de Seguridad sabe que por sí solo el dinero no va a suplir el déficit de gestión que arrastra la alianza gobernante desde la mitad del mandato de Hermes Binner. Y que también debe reforzar la conducción política sobre una fuerza policial atravesada por la corrupción a lo ancho y a lo largo; conformar equipos de trabajo estables en diferentes áreas y profundizar la capacitación profesional, entre otros aspectos.
