Hubo acuerdo y se aprobó, finalmente, la ley que autoriza al Ejecutivo provincial a celebrar los convenios necesarios para saldar las deudas con policías y bancarios transferidos y evitar que inicien juicios contra el Estado. La norma sancionada ayer faculta al gobierno a emitir títulos públicos por un máximo de 93 millones de pesos “a los efectos de asumir exclusivamente el pago de los acuerdos conciliatorios y transaccionales a los que arribe el Poder Ejecutivo, a través de Fiscalía de Estado, resultantes de los procesos judiciales y reclamos administrativos vinculados a la ley 9.561 y los reclamos en sede judicial o administrativa promovidos por los ex empleados del Banco de Santa Fe Sapem, transferidos a la administración provincial”.
Una reunión entre el fiscal de Estado Jorge Barraguirre y diputados del oficialismo y de la oposición, al mediodía, destrabó el tema. Según trascendió de fuentes oficiales, el dinero que se pague en efectivo será –en su mayor parte– para las costas de los abogados, mientras que los trabajadores recibirán bonos.
El Senado había votado, dos semanas atrás, un proyecto diferente del que inicialmente sancionó la Cámara baja. El cambio más importante del proyecto de la oposición –la posibilidad de que el 30 por ciento de los acuerdos se pague en efectivo– fue incorporado en la ley, votada ayer por las dos cámaras. La diferencia entre el monto total de los acuerdos y lo que se cancele con los títulos será abonada en efectivo, en 10 cuotas bimestrales, iguales y consecutivas. La primera cuota será en enero de 2011.
La Legislatura autorizó al Ejecutivo a emitir títulos públicos –cuya denominación formal será Bonos de Cancelación de Deudas (Bocade)– con las siguientes condiciones: serán amortizables en 16 cuotas trimestrales, iguales, fijas y consecutivas a partir de junio de 2011; devengarán un interés del 12 por ciento anual, que se cancelará junto con las cuotas de amortización; estarán garantizados por los fondos provenientes de la coparticipación federal; serán transferibles y con cotización en el mercado, para lo cual el Ejecutivo firmará un convenio con la Bolsa de Comercio de Rosario y/o Santa Fe; podrán ser utilizados por su titulares originales –los agentes beneficiarios con el acuerdo– para pagar impuestos provinciales con vencimiento anterior al 31 de diciembre de 2009 y podrán, también, ser transferidos a terceros para imputar al pago del impuesto Inmobiliario.
Para los bancarios que fueron transferidos a la administración provincial y para los agentes de la Policía que, desde principios de los 90, vienen presentando reclamos administrativos por salarios mal liquidados, el proyecto sancionado ayer no representa mayores cambios respecto de lo que ya habían acordado con la Fiscalía de Estado.
El monto que podrá cancelarse en efectivo –no más del 30 por ciento del acuerdo global– se destinará al pago de las costas de los estudios jurídicos que representan a los ex bancarios y a los policías. Fiscalía de Estado estimó que los acuerdos –que beneficiarán a mil ex empleados del Banco Provincial y a unos seis mil policías– le insumirán a la provincia entre 110 y 120 millones de pesos.
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