Gerardo Szalkowicz / Telesur
La resaca pos Carnaval en Brasil vino acompañada por dos noticias de alto impacto. Mientras la prensa internacional priorizaba focalizar la llegada del primer caso de coronavirus a Latinoamérica, en el escenario local se encendía otra gran alarma al revelarse que el presidente Jair Bolsonaro promovió –vía mensajes de Whatsapp– la convocatoria militar del 15 de marzo, que tiene entre sus consignas el cierre del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia.
Si ya había generado preocupación esta iniciativa de la ultraderecha brasileña, el espaldarazo del propio mandatario derivó en escándalo y en el repudio generalizado de buena parte del arco político, donde prima la tesis del intento de “autogolpe”. La secuencia se da días después de que Bolsonaro pintara aún más de verde olivo su gobierno con la designación de más militares en puestos clave, como el general Walter Braga, quien se convirtió en el primer uniformado de la era pos dictadura en asumir la Jefatura de Gabinete.
El contexto incluye además el amotinamiento de la Policía Militar en el estado de Ceará, que dio lugar a que se cuadruplicaran los índices de homicidios (más de 170 en una semana), el estado de militarización constante de las favelas y el crecimiento de grupos paramilitares. La casta castrense toma un protagonismo inédito y, alentada por el propio jefe de Estado, amenaza con agujerear la tan vapuleada democracia brasileña.
El ex presidente Lula da Silva afirmó en su cuenta de Twitter: “Bolsonaro y el general Heleno provocan manifestaciones contra la democracia, la Constitución y las instituciones, en otro gesto autoritario de quienes atacan la libertad y los derechos todos los días. Bolsonaro nunca combinó con democracia”. Lula se refiere a Augusto Heleno (general retirado y actual ministro de Seguridad Institucional), señalado como el que prendió la mecha para la marcha del 15-M cuando hace diez días acusó al Parlamento durante la negociación del Presupuesto: “No nos dejemos chantajear por el Congreso”.
Pero el repudio a la actitud del presidente no sólo provino de la izquierda. Fernando Henrique Cardoso, otro ex mandatario, aseguró: “Estamos ante una crisis institucional de consecuencias gravísimas”. Cardoso pertenece al PSDB (Social Democracia Brasileña), partido que apoya en el Congreso la agenda económica del ministro Paulo Guedes y que fue clave para la alianza que destituyó a Dilma Rousseff en 2016. Por su parte, el ex candidato presidencial Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT), denunció: “Es algo criminal pronunciarse desde la Presidencia contra las instituciones democráticas”.
La indignación también llegó al Poder Judicial. Celso de Mello, el más antiguo integrante de la Corte Suprema, jaqueó: “Bolsonaro no está a la altura del cargo que ocupa. Desconoce el valor de la orden constitucional e ignora el sentido fundamental de la separación de poderes”. Mello advirtió que Bolsonaro podría enfrentar un juicio político por “crimen de responsabilidad” al transgredir la supremacía político-jurídica de la Constitución.
Incluso desde la prensa hegemónica llovieron las críticas. El editorial de este jueves del conservador diario <O Globo< (del multimedio más grande de Latinoamérica), titulada “Bolsonaro atenta contra la Constitución”, señala que el mandatario “estira la cuerda en su comportamiento de extremista, sin preocuparse por la importancia y el decoro del cargo de presidente, actuando como jefe de la facción radical, traspasando todos los límites de la convivencia democrática”.
Y advierte: “Parece haber decidido a entrar en colisión con las instituciones, cuyo resultado puede ser una crisis institucional que no le interesa a nadie”.
El escándalo generó que las seis principales centrales sindicales del país, distantes entre sí, sacaran un comunicado conjunto de rechazo: “Una vez más el presidente ignora la responsabilidad del cargo que ocupa y actúa, deliberadamente, de mala fe, apostando a un golpe contra la democracia, la libertad, la Constitución, la Nación y las instituciones”.
Las entidades gremiales tenían pautada una jornada de movilización para el 18 de marzo por los servicios públicos y la educación, pero ante este nuevo escenario decidieron sumar la consigna de defensa de la democracia.
Algo similar sucederá en los actos del 8 de marzo (Día Internacional de las Mujeres) y del 14 de marzo, cuando se cumplan dos años del asesinato de la concejala feminista Marielle Franco. Además, el próximo martes se reunirán el presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia, y líderes de todos los bloques para definir una respuesta conjunta desde el Congreso que se encuentra en receso.
También la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia difundió una nota en la que advierte: “El acto representa un atentado contra a Constitución y el libre ejercicio de los poderes constituidos, en los términos de los artículo 85 de la Carta de la República, en evidente crimen de responsabilidad. Ninguna divergencia entre poderes justifica que el jefe del Ejecutivo adopte una postura de enfrentamiento, insuflando a la población a un acto de autoritarismo traspasando los límites de la legalidad. La embestida contra las instituciones significa un golpe contra la democracia”.
La botas en las calles
La convocatoria del 15 de marzo, bajo el eslogan “Brasil es nuestro y no de los políticos de siempre”, ya recibió el apoyo de al menos seis legisladores oficialistas. Uno de los flyers de difusión dice “los generales aguardan las órdenes del pueblo”, junto a las fotos de cuatro generales-funcionarios, como el vicepresidente, Hamilton Mourão.
Uno de los videos que circula se centra en imágenes y elogios a Bolsonaro y se pregunta “¿Por qué esperar al futuro si no recuperamos nuestro Brasil?”. Otro pide que el presidente impulse un nuevo AI-5, recordando al “acto institucional 5” de la dictadura, que en 1968 cerró el Congreso.
Al hacerse público que reenvió desde su teléfono los videos de la convocatoria, Bolsonaro trató de minimizar el impacto argumentando en un breve tuit que fueron mensajes de “índole personal”.
La avanzada de las Fuerzas Armadas parece ser, entre motivos, una reacción frente a la negativa en el Congreso de aprobar una medida que les aseguraba una caja de unos 30 mil millones de reales (unos 7.000 millones de dólares).
La idea de cerrar el Congreso también sobrevoló este jueves en un tuit del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, dirigido a una periodista: “Si hubiera una bomba H (hidrógeno) en el Congreso, ¿realmente crees que la gente lloraría?”. Es el mismo personaje que suele posar con armas o con camisetas del Mossad y que hace un tiempo dijo que “basta un cabo y un soldado para cerrar el Supremo Tribunal Federal”.
Gobierno de uniforme
Bolsonaro llegó a la presidencia desde un partido marginal (el PSL), que se ha desmantelado y del que se fue para armar otro aún más insignificante. Sigue teniendo su principal base de apoyo en las Fuerzas Armadas, en las policías militares locales y en las milicias irregulares que controlan y aterrorizan a las barriadas populares.
Con los últimos cambios, el gobierno quedó totalmente militarizado. Los militares controlan nueve de los 22 ministerios y todos los funcionarios de primer nivel con oficinas en el Palacio del Planalto pasaron a ser uniformados: Heleno, Braga, el general retirado Luiz Eduardo Ramos (Secretaría de Gobierno) y el ex comandante de la Policía Militar Jorge Oliveira (Secretaría General de la Presidencia). Además del vicepresidente Hamilton Mourão, más de 2.500 uniformados están esparcidos por todas las dependencias gubernamentales, muchísimos más que en la dictadura militar.
Hay que tener en cuenta que, como explica Emir Sader, “el proceso de transición democrática en Brasil no representó una derrota política abierta para las Fuerzas Armadas, al contrario de lo que sucedió en Argentina, Uruguay y Chile”.
“Las persecuciones políticas y legales que lanzó la derecha para tratar de desalojar al PT del gobierno, después de haber agotado los intentos de hacerlo democráticamente, fueron acompañadas por declaraciones con el tono de amenazas por parte de oficiales de las Fuerzas Armadas”.
El 15 de marzo tendrán otra gran demostración de fuerzas. La pregunta es hasta dónde están dispuestos a llegar.
