El gobierno de la presidente Dilma Rousseff descartó que las restricciones a la importación de automóviles sea una represalia contra Argentina, pero sostuvo que es «innegable» que existen problemas para los exportadores brasileños en el país vecino.
Lo hizo el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Fernando Pimentel, a través de una extensa columna publicada por el diario O Estado de Sao Paulo, el medio que más critica las políticas de licencias no automáticas a las importaciones implementadas por Argentina.
«Sobre la medida, fueron incluidas en licenciamiento no automático las importantes de vehículos de todo el mundo. No procede, por lo tanto, interpretarla como una represalia de Brasil a Argentina», sostuvo.
Y enfatizó: «Es innegable que el sector privado brasileño viene enfrentando una serie de dificultades para la exportación de productos al país vecino».
Pimentel, en el texto, anunció que esta semana su texto gobierno abrirá una investigación sobre las triangulaciones de productos, sobre todos los asiáticos, para evitar medidas antidumping.
«La inclusión en régimen de licenciamiento no automático no implica que los productos importados tendrán ingreso restringido en Brasil y no comprometerá el comercio con otros países», dijo Pimentel, que afirmó que la medida es para monitorear la evolución del sector.
Explicó que el déficit en la balanza comercial de automóviles en el primer cuatrimestre fue 1.900 millones de dólares, contra 789 millones de dólares registrados en el mismo período de 2010.
Sobre las quejas argentinas esgrimidas por la ministra de Industria, Débora Giorgi, Pimentel escribió: «Estas diferencias son reflejo natural de una relación comercial voluminosa y consolidada e insistimos en la solución negociada para problemas que afectan al sector productivo, como el caso de calzados, alimentos, línea blanca, máquinas agrícolas y cosechadoras, entre otros».
Pimentel negó que la medida sea «un retorno a prácticas proteccionistas o imposición de barreras» y afirmó que Brasil ejerce «el derecho legítimo de monitorear el comercio exterior y garantizar la justicia competencia en el mercado nacional».
