La Policía brasileña interrogaba este martes a cerca de un millar de manifestantes retenidos en un abarrotado gimnasio de la capital, después de que turbas antigubernamentales saquearon edificios públicos durante el fin de semana y mientras el nuevo gobierno del país buscaba superar la crisis.
Buena parte de los manifestantes, partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro, fueron detenidos el lunes cuando soldados desmantelaron un campamento en Brasilia donde se congregaron las multitudes el domingo antes de asaltar el Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial.
Los manifestantes en el campamento frente al cuartel general del Ejército exigían un golpe militar para anular el resultado de las elecciones de octubre, en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrotó por poco a Bolsonaro, quien hizo denuncias infundadas de fraude.
El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que está a cargo de las investigaciones de las protestas «antidemocráticas», prometió en un discurso el martes combatir a los «terroristas» que cometieron destrozos y ocuparon edificios públicos en Brasilia.
«La democracia prevalecerá y las instituciones brasileñas no se doblegarán», dijo Moraes en la juramentación del nuevo jefe de la Policía Federal.
Sin embargo, resultaba complejo llevar adelante una investigación criminal tan enorme sobre un movimiento de protesta poco organizado en las primeras semanas de un nuevo gobierno.
Aproximadamente 1.000 arrestados del campamento de protesta fueron retenidos para ser interrogados en un gimnasio de la Policía, donde durmieron en el suelo, algunos envueltos en banderas brasileñas, y se quejaron a un periodista de la agencia Reuters de que estaban detenidos indefinidamente y mal alimentados.
Cantaban y se tomaban selfies con sus teléfonos, mostró un video publicado en las redes sociales.
El senador de la oposición Marcos do Val, que ha denunciado los disturbios de Brasilia como un error garrafal de la derecha política, dijo a periodistas a la salida del gimnasio que muchos de los detenidos «están pagando por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado».
Alrededor de otros 200 manifestantes estaban bajo arresto y aguardaban la lectura de cargos en su contra en un centro penitenciario por su rol en los disturbios del domingo, que destrozaron algunos de los edificios más emblemáticos de la capital, en el peor ataque contra la democracia brasileña en décadas.
Abogados del gobierno pidieron a Moraes que ordene a las operadoras de telefonía móvil y a las plataformas de redes sociales que almacenen información que pueda situar a los usuarios en las zonas de los disturbios del domingo, mientras las autoridades tratan de identificar a los organizadores y sus fuentes de financiación.
Las investigaciones también pueden ir mucho más allá de Brasilia. Los militantes bolsonaristas discutieron en las redes sociales planes para cortar rutas y caminos y sabotear refinerías de petróleo para causar un caos económico en paralelo al asalto a la capital.
La compañía brasileña de energía Eletrobras está investigando si el colapso de dos torres de transmisión estuvo relacionado con la violencia del domingo en Brasilia, según dos fuentes familiarizadas con la investigación.
Eletrobras no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios. Su filial, Eletronorte, emitió el lunes un comunicado sobre la caída de una torre que conectaba comunidades rurales del norte de Brasil con la red central, con «indicios de sabotaje».
Pero la violencia sorprendió al gobierno de Lula, que apenas lleva una semana en el poder, y podría retrasar los anuncios de política económica previstos para esta semana por una administración ansiosa por mostrar resultados.
El jefe de Gabinete de Lula, Rui Costa, dijo que el gobierno había vuelto al trabajo y que las decisiones políticas se tomarían a tiempo.
Lula, quien asumió el cargo el 1º de enero, se reunió el lunes por la noche con el jefe del Supremo Tribunal Federal, líderes del Congreso y gobernadores estatales en una muestra de unidad nacional para condenar los disturbios. Visitaron el edificio saqueado de la Corte, que fue el sitio más dañado.
Mientras, el expresidente de extrema derecha ingresó el lunes en un hospital de Florida, en Estados Unidos, hacia donde voló 48 horas antes de que terminara su mandato. Bolsonaro dijo a CNN Brasil el martes que podría acortar su estadía en el país debido a sus problemas médicos y regresar a Brasil antes de fines de mes.
