A 52 años del último golpe de Estado que instaló una dictadura en Brasil, entre 1964 y 1985, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabezó ayer una marcha en la capital brasileña “en defensa de la democracia” y contra “el golpe” que constituye el proceso de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff, que avanza en el Congreso. Las movilizaciones en apoyo a la mandataria, jaqueada esta semana por el cruce de vereda de su propio vicepresidente Michel Temer, se replicaron en más de 30 ciudades. La jefa de Estado, por su parte, recibió apoyo de artistas e intelectuales en la sede del Palacio presidencial de Planalto.
Rousseff afirmó ayer al conmemorar otro aniversario del último golpe militar de 1964 que la oposición está “intentando dar un color democrático a un golpe que no tiene base legal”.
La mandataria, presa política y torturada recibió en el Palacio del Planalto el apoyo de decenas de intelectuales, científicos y artistas que rechazan el juicio político.
“Hace 52 años hubo un golpe. Yo viví ese momento y creo que todos aprendimos el valor de la democracia”, aseguró.
En ese sentido, cargó por primera vez contra el motivo de su juicio político, las llamadas “pedaleadas fiscales”, coberturas del presupuesto con préstamos de los bancos públicos, al apuntar que todos sus antecesores incurrieron en el mismo mecanismo que ahora se transforma en “crimen de responsabilidad”.
“Mi impeachment significa que todos los gobiernos anteriores deberían sufrir juicio político también, porque todos, sin excepción, practicaron las pedaleadas”, sostuvo.
Entre los invitados estaba Rose Nogueira, periodista y titular del grupo Tortura Nunca Más de San Pablo, que compartió la celda con Rousseff, quien fue presa política de la dictadura entre noviembre de 1970 hasta enero de 1972, lapso en el cual sufrió torturas por 22 días seguidos.
Por su lado, Lula encabezó una marcha en Brasilia. El ex mandatario fue nombrado jefe de gabinete por Rousseff, pero su designación está bloqueada por la Justicia por sospechar que podría tratarse de un ardid para obtener fueros privilegiados en las investigaciones sobre Petrobras.
Lula, aunque aún no sea ministro, se empeña en la que debía ser su misión principal en el gobierno: reforzar la frágil coalición, sobre todo después de que su mayor integrante, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb) del vicepresidente Michel Temer, decidiera el martes pasado romper con Rousseff y sumarse a la causa del impeachment.
En caso de que esa iniciativa desemboque en la destitución de Rousseff, el propio Temer completaría su mandato hasta fines de 2018.
El objetivo del gobierno es ahora impedir una estampida de sus demás aliados y, con cargos en la mano, Lula y Rousseff negocian las inciertas fidelidades,
“El gobierno tiene una doble estrategia: recomponer la base aliada e impedir que el Pmdb junte 342 votos” para aprobar el impeachment en la cámara de Diputados, indicó a la AFP un asesor del gobierno que pidió el anonimato.
Los 342 votos equivalen a las dos terceras partes de la Cámara, de 513 escaños.
Temer y su nuevo aliado, el opositor socialdemócrata Psdb, también tratan de ganar apoyos para el impeachment, con promesas de cargos y ministerios del gobierno que se formaría tras la caída de Rousseff.
Seis ministros del Pmdb no han pedido hasta ahora la salida e incluso algunos rechazaron explícitamente la decisión de su partido. Según el asesor, todos negocian para quedarse. Este cuadro podría dar vuelta el intento destituyente de la oposición y ex aliados del PT.
La Corte Suprema le quitó la causa sobre Lula al juez Moro
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil aprobó ayer una medida cautelar que quita la investigación sobre el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva al magistrado de primera instancia Sergio Moro, a cargo del caso Petrobras. El juez, acusado por el oficialismo de promover “puestas en escena mediáticas”, fue el responsable de que Lula fuera llevado forzadamente a declarar ante la Policía y también fue el que divulgó una escucha telefónica entre el ex presidente y su sucesora Dilma Rousseff, interpretada como una prueba de que su designación a un cargo ministerial buscaba alejarlo de la acción de la Justicia.
Por seis votos a dos, la más alta corte del país avaló la decisión que había sido adoptada en forma individual por el relator del proceso, Teori Zavascki, quien cuestionó además la decisión de Moro de divulgar escuchas telefónicas.
La medida no resuelve sobre la designación del ex presidente Lula como jefe de ministros del gabinete de Rousseff, sobre la cual pesa una medida cautelar que mantiene suspendida la asunción, hecha por el juez de la corte Gilmar Mendes, quien participa en Lisboa de un seminario.
Zavascki fustigó al juez Moro por haber divulgado conversaciones telefónicas de Lula con personas con fueros, algo que no debe revelar ninguna instancia, salvo la máxima corte.
