El ministro de Turismo de Brasil, Henrique Eduardo Alves, uno de los hombres clave del círculo político del presidente interino Michel Temer, fue denunciado formalmente por el fiscal general, Rodrigo Janot, por recibir dinero lavado de la corrupción en Petrobras para su campaña electoral.
La denuncia elevada al Supremo Tribunal Federal y que está en manos del juez de la corte Teori Zavascki provocó una nueva crisis en el gabinete del reemplazante de Dilma Rousseff, y ahora debe decidir si Alves continúa o no en el cargo.
“Yo no puedo decir nada, el que toma las decisiones es el presidente Temer. Pero claro que estas situaciones son incómodas”, dijo a Radio Gaúcha el jefe de gabinete, Eliseu Padilha, al ser consultado sobre Alves, uno de los hombres fuertes del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB).
De acuerdo a Folha de San Pablo, Alves, quien había sido ministro de Rousseff, volvió al gobierno con Temer y el resto del PMDB, está siendo investigado por una donación de campaña hecha por Leo Pinheiro, detenido presidente de la empresa de ingeniería OAS.
Según la intervención telefónica y de los mensajes SMS y de WhatsApp, aparecen pidiendo favores en dinero, supuestamente para la campaña de Alves a la gobernación del estado de Río Grande do Norte el suspendido y procesado por corrupción presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, también del PMDB de Temer.
Dos ministros cayeron por aparentemente estar involucrados en conversaciones grabadas por la Justicia para entorpecer en el breve interinato del vicepresidente rebelde Temer, asumido el 12 de mayo en reemplazo de la suspendida Rousseff, objeto de un juicio político en el Senado.
Se trata de Romero Jucá, quien renunció a Planificacion, y de Fernando Silveira, que dejó el Ministerio de la Transparencia.
Con Alves, son tres ministros que se encuentran en la cuerda floja actualmente: además de él, el abogado general de la Unión, Fabio Osorio, y la secretaria de las Mujeres, Fatima Pelaes, investigada por desvío de recursos parlamentarios.
Según la agencia Estado, Osorio encontró su cargo amenazado porque no actuó para impedir los recursos legales que mantuvieron al frente de la empresa pública de medios, EBC, a las autoridades asumidas durante la gestión de Rousseff, que sólo pueden ser apartadas si se cambia la ley de comunicación.
La cadena Globo informó que los tres fueron confirmados por Temer en sus cargos, pero el columnista Jorge Bastos Moreno del diario O Globo apuntó que el abogado Osorio debe ser el próximo a dejar el Ejecutivo.
En la acusación contra Alves, el fiscal general Janot hizo referencias a las donaciones electorales legales que la constructora OAS habría realizado a Temer “vinculados” a la concesión del aeropuerto internacional de San Pablo, ubicado en el municipio de Guarulhos.
