Las protestas que se extendieron en Brasil dejaron “tapado” un anuncio estratégico que la presidenta Dilma Rousseff concretó martes pasado: la reforma del Código Minero en el vecino país, lo que implica en algunos casos una duplicación del cobro de regalías por parte del Estado.
El proyecto prevé aumentar las regalías hasta un 4 por ciento calculadas en base a ingresos brutos generados por los proyectos mineros, menos impuestos.
Según la iniciativa anunciada por Rousseff y su ministro de Minas y Energía, Edison Lobão, el gobierno tendrá el derecho de realizar excepciones en las regalías, captando menores tasas dependiendo del caso.
Además, las regalías se pagarán sobre las ventas “brutas” de las empresas en vez de las “netas” como ocurre en la actualidad.
El proyecto de ley –que reforma un código que data de hace 50 años– fija un rango de regalías de entre 0,5% y 4,0% y, en el caso del mineral de hierro, estas llegarán a 4%. Respecto del oro, también aumentarán de 1% a 4%.
En concreto, según el presidente ejecutivo de la minera Vale SA, el principal exportador de mineral de hierro del mundo, los ingresos del gobierno por concepto de regalías subirían desde 1.700 millones de reales actuales a 4.200 millones de reales (1.930 millones de dólares).
De todos modos, según publicó la agencia <Reuters>, el impacto de la propuesta sería menos de lo que la industria minera temió cuando comenzaron las discusiones sobre la reforma hace casi cuatro años.
Así, la tasa principal sería apenas una tercera parte de las regalías cobradas, por ejemplo, en Australia.
Al realizar el anuncio, la presidenta Rousseff –quien fue ministra de Minas y Energía– reclamó urgencia al Congreso ante la “necesidad de mayores inversiones” en el sector y la “búsqueda de una compensación más justa entre los entes federales que regulan esta actividad y también la garantía del respeto al medio ambiente y a las comunidades”.
Resaltó también que de acuerdo con el proyecto no sólo se beneficiará el Estado federal, sino los municipios y estados en donde se ubiquen los emprendimientos mineros.
La discusión tiene impacto en la Argentina, porque desde el año pasado las empresas del sector temen que el gobierno piense en una reformulación del esquema de regalías actual, en línea con otros movimientos de este tipo en distintas partes del mundo.
Esta semana, las empresas del sector minero dejaron trascender su malestar por un tributo provincial que impulsó el gobernador Daniel Peralta y que afecta a las compañías del sector asentadas en la provincia.
El nuevo tributo, denominado “impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”, se aplicará sobre las empresas que tengan concesiones mineras en Santa Cruz.
Se determinará mediante una alícuota del 1% sobre el valor de las reservas que posea la mina.
La iniciativa que se aprobó en Santa Cruz contó con el sello de Peralta –hoy enfrentado con el gobierno nacional- pero se aprobó gracias a la abstención de la mayoría de los legisladores de esa provincia, que responden a la Casa Rosada.
El proyecto de ley impulsado en el gigante brasileño –que además de principal potencia industrial de Sudamérica, también es y por lejos el mayor exportador minero– seguramente es seguido de cerca por los jugadores locales del sector.
