La capital de Brasil, Brasilia, declaró este lunes el estado de calamidad pública por causa de la evolución de los casos de coronavirus luego de haber abierto parte de la actividad económica en mayo, en un movimiento que contrasta la flexibilización que se registra en las ciudades con más decesos acumulados, como San Pablo y Río de Janeiro.
El decreto del gobernador Ibanés Rocha, del Movimiento de la Democracia Brasileña (centroderecha) tiene que ver con las capacidades de endeudarse y de recibir fondos del gobierno central de Jair Bolsonaro, pero también tiene razones médicas debido al avance de los contagios de las últimas semanas.
En Brasilia, que tiene 2,5 millones de habitantes, se registraron 501 muertes y 44.905 casos, siendo que la última semana se disparó a casi el 80% la ocupación en los hospitales privados.
En la vecina Goiás, el gobiernador derechista Ronaldo Caiado, ruralista y médico, sugirió el lockdown (bloqueo total) a 14 municipios de ese estado del centro de Brasil vecino a Brasilia.
El Ministerio de Salud y las secretarías estaduales, enfrentadas desde el inicio de la pandemia por las diferencias de abordaje de Bolsonaro y los gobernadores, coinciden en que actualmente la pandemia está brotando en los interiores de los estados y no sólo en las urbes.
El estado de San Pablo, el principal foco de la Covid-19 en Brasil, registró la semana que pasó 144 muertes menos en relación a la anterior pero mantiene bloqueadas las actividades en siete ciudades del interior, como Ribeirao Preto y Marilia.
Al contrario, prepara el regreso a clases presenciales con apenas el 35% de ocupación de aulas para el 8 de septiembre y para este lunes la reapertura de los bares y restaurantes en la ciudad de San Pablo, la mayor urbe de América Latina.
El gobernador paulista, Joao Doria, anunció este lunes multas de 100 dólares a quien no use máscara en la vía pública y de 1.000 dólares a los establecimientos que permitan personas en su interior sin la protección.
San Pablo tiene una población similar a la Argentina, 46 millones, y acumula 14.338 muertes y 271.737 casos y viene aplicando medidas restrictivas por región y actividad desde el 24 de marzo, cuando se implementó la llamada cuarentena.
Brasil superó los 57.000 fallecidos esste domingo, cuando se jugó la segunda jornada del campeonato carioca en Río de Janeiro, con protesta de los jugadores del Botafogo que golearon a Cabofriense.
Con la reducción de fallecidos en la ciudad de Río de Janeiro, el alcalde Marcelo Crivella anunció que el 10 de julio se permitirá público en los estadios, pero al 40 por ciento de su capacidad, una medida calificada de «genocida» por varios dirigentes que se oponen a esta jugada del bolsonarista jefe municipal y la dirigencia de Flamengo, el club más poderoso del país.
Fraude en la ayuda de emergencia
En el ámbito nacional, el Tribunal de Cuentas de la Unión denunció fraude en el auxilio de emergencia para más de 57 millones de brasileños pagados por el gobierno federal: tres cuotas de 120 dólares para los trabajadores informales, los más afectados por la pandemia.
El gobierno había ofrecido 36 dólares pero el Congreso lo aumentó a 120.
De cara a 2022, según la prensa local, año de la reelección, Bolsonaro espera haber sustituido con el Renta Brasil -como lo quiere llamar el equipo económico- al programa Bolsa Familia (Beca Familia), que es identificado por las clases bajas con las políticas del opositor Partido de los Trabajadores de los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016).
En ese marco, también destaca la noticia de que más de 620.000 personas recibieron en forma fraudulenta el auxilio de emergencia que aprobó el Congreso y otorga el gobierno federal de 120 dólares mensuales destinados a los trabajadores informales que no tuvieron cómo sustentarse en la pandemia, según denunció TV Globo.
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil ha detectado este fraude millonario en el primer pago de la ayuda de emergencia aprobada por el gobierno para las personas y hogares más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia.
El informe preliminar del TCU sobre el primer pago del mes de abril revela que se entregaron 35.800 millones de reales (unos 6.570 millones de dólares) a más de 50 millones de personas, entre ellas 620.000 que en realidad no cumplían los criterios para ello.
Entre los receptores de esta ayuda federal hay 17.084 fallecidos y 15.850 personas con rentas superiores al umbral máximo fijado para recibir este subsidio, incluidos millonarios, así como familiares de políticos y hasta prófugos de la justicia, de acuerdo con el portal de noticias G1.
La procuradura Zelia Luiza Pierdona explicó que en estas «irregularidades» han identificado a personas que recibieron el pago sin haberlo solicitado, lo cual se resolverá mediante una devolución, pero también «fraudes».
Por lo ponto, unas 47.700 personas que no cumplían los criterios establecidos ya han devuelto el dinero, con lo que las arcas públicas han recuperado unos 40 millones de reales.
