Brenda “Cote” Pared tiene 28 años y este martes sumó una grave acusación cuando la sindicaron junto con su pareja, Alejandro Isaías “Chucky Monedita” Núñez, como los principales organizadores de la saga de crímenes de cuatro trabajadores e intimidaciones para generar conmoción pública, cometidos entre el 2 y el 9 de marzo pasado. Los indicios presentados en la audiencia estremecieron por las formas: Cote, ahora llamada por sus interlocutores como «la Doña», y Chucky Monedita junto con otras tres personas utilizaban a menores de edad para cometer los ataques homicidas a cambio de pagos que oscilaban entre los 200 mil y 400 mil pesos, según la teoría de la Fiscalía.
El rol asignado a Brenda Pared fue de hacer llegar las órdenes de los ataques armados dispuestas por su pareja Chucky Monedita, quien cumple condena a 15 años por un homicidio y está a la espera del proceso de otros expedientes tanto en el fuero provincial como en el federal en el pabellón 28 de la Unidad 11 de Piñero.
Chucky Monedita está catalogado como preso de alto perfil, por lo que posee un régimen más estricto para las visitas y es justamente en ellas cuando coordinaba cada uno de los delitos con su pareja, de acuerdo con lo planteado por la Fiscalía. En la causa, Brenda pasó de ser “la Doña”. Así la llamaban las personas que fueron contactadas para cometer los asesinatos junto con un ataque contra un colectivo de la línea 122, donde el chofer salvó su vida de milagro porque al tirador se le atascó la pistola, y otro a la comisaría 15ª, en esa primera semana fatídica de marzo que estremeció a cada uno de las y los rosarinos.
Crímenes de trabajadores a través de la mano de obra barata y descartable: los adolescentes
Como pasó con Chucky, Cote se crió en un contexto de marginalidad y violencia que pareció tener un quiebre el 14 de febrero de 2013, cuando a los 18 años fue testigo del disparo que mató a su padre Sergio Pared en la puerta de su casa ubicada justo enfrente del Fonavi de Doctor Riva y Ovidio Lagos.
El crimen de su padre
Por aquel entonces, Sergio se había ganado el respeto del barrio por quienes lo definieron como “un narco de la vieja escuela”, que no se metía en la «violencia innecesaria» y no molestaba sus vecinos. Algunos veteranos investigadores dijeron en ese entonces que hacía casi una década que se dedicaba al narcomenudeo en su casa y que lo mataron porque querían ese territorio. Se podría decir que era un secreto a voces como pasa en muchas ocasiones, ya que el hombre nunca tuvo una condena en la Justicia federal.
Desde un primer momento fue sindicado un lugarteniente de Los Monos, Leandro “Pollo” Vinardi, quien en 2016 fue condenado a 13 años de prisión por el crimen de Sergio Pared. En el juicio los familiares de la víctima declararon que Sergio no era narco, que trabajaba en la granjita que atendía en su casa y en el Hipódromo, de donde conocía «al Pollo de Puente Gallego», quien según los testimonios se juntaba con Maximiliano “Quemadito” Rodríguez, otro conocido de las crónicas policiales -también vinculado con el clan Cantero- que fue ejecutado nueve días antes que Sergio.
“Escuché una explosión. Salí a la calle y vi a mi papá arrodillado. Vinardi lo miraba desde la ventanilla del auto. Mi papá decía: «Fue el Pollo». Nunca me voy a olvidar de su cara», fue lo que declaró Cote en el juicio y, durante la última década, su nombre estuvo en investigaciones judiciales relacionadas a delitos y hechos de violencia, aunque en muchas de ellas no lograron probar su participación.
Brenda tuvo mención en expedientes de tres homicidios: uno fue el de Raúl «Caracú» Navarro, cometido el 18 de mayo de 2013 en Rodríguez y Garibaldi. A las 48 horas, un sobrino de la víctima, de 9 años, fue baleado en la cortada Madre María y Presidente Quintana. Todo en el sudoeste. Brenda y uno de sus hermanos fueron demorados y, a la semana, liberados. Brenda se encargó de llamar a medios de comunicación locales para desmentir tanto su participación como la de su hermano.
El segundo se cometió el 30 de septiembre de ese mismo año y tuvo como víctima a Leonardo «Enano» Balbuena en Italia y 24 de Septiembre, en barrio Matheu. El principal investigado fue Sergio «Chucky» Spinetti, pareja de Brenda y por aquel tiempo menor de edad. En la Justicia de Menores fue nombrada como quien manejaba la moto y luego terminó sobreseída.
También fue demorada en 2014 por un hurto en una local de ropa de calle San Luis; por esa época había dejado la casa donde se crió en Doctor Riva al 2700, para vivir unas cuadras más al sur, en Laguna del Desierto al 3800, de barrio Acindar.
Justamente fue esa dirección la que dio cuando se entregó ante la Justicia en la única causa por homicidio que aún sigue activa: la que tuvo como víctima a Pamela Spinetti, familiar de su entonces novio. A sus 20 años declaró en compañía de su abogado que había sido en defensa propia.
El crimen fue el 16 de julio de 2015 cuando Cote llegó junto con su hermana Romina y otras dos jóvenes a la casa de Pamela para arreglar viejos problemas. Entre insultos se trenzaron y Pamela terminó con un puntazo fatal en la axila.
Tanto Cote como las tres chicas que la acompañaban terminaron acusadas por el homicidio un mes más tarde por la fiscal Marisol Fabbro y les dictaron la prisión preventiva. Luego se vencieron los plazos procesales, por lo que Brenda recuperó la libertad. Este expediente está a la espera de que se fije fecha para el juicio oral, donde se debatirá la participación de la joven.
Allanamientos, drogas y domiciliarias
No pasó mucho tiempo para que Cote volviera a las crónicas policiales: fue en febrero de 2018 cuando estaba en compañía de otro joven a unas cuadras de su casa en barrio Acindar. Un grupo de gendarmes vio que la pareja descartó algo e intentó correr en Mosconi y bulevar Avellaneda.
El muchacho pudo escapar pero Cote fue detenida y le atribuyeron la tenencia de la ametralladora FMK3 y de la mochila que tenía dos balanzas de precisión junto con 331 bochitas de cocaína, por lo que se le sumó una causa en el fuero federal.
El 26 de septiembre de 2019 fue condenada a 4 años de prisión por la Justicia federal en esa causa y, al mes siguiente, terminó imputada junto su entonces pareja Fabio B. por la Fiscalía de San Lorenzo por balear a un hombre en Capitán Bermúdez.
Bermúdez: salió de la casa con tobillera electrónica para balear a un hombre
En ese momento, Cote estaba embarazada de 8 meses y tenía dos hijos pequeños, por lo que transitaba esa condena en prisión domiciliaria -con tobillera electrónica-, que cumplía en una vivienda de Bermúdez. Luego se conoció que se había ausentado por dos horas que coincidían con el ataque a balazos. Le hicieron un allanamiento y en esa casa de La Pampa al 200 los pesquisas le encontraron 115 gramos de cocaína y un kilo y medio de marihuana compactada.
Pasó la pandemia y, el 24 de agosto de 2021, la Justicia federal volvió a condenarla por la tenencia para comercialización de estos últimos estupefacientes y unificó el monto de la pena en seis años de prisión, que tenía que cumplir en domiciliaria con tobillera hasta el 13 de junio de este año. El domicilio que presentó para hacer efectiva su estadía fue en General Paz al 1300, en la localidad de Funes.
Pasaron tres meses y, el 17 de noviembre de 2021, una investigación volvió a dejar en la mira como transera. La pesquisa estaba a cargo del fiscal de Homicidios Patricio Saldutti, que buscaba dar con uno de sus hermanos, Brandon Pared, quien tenía captura por balear a un hombre en la cabeza y por robo.
Tras siete allanamientos, este joven fue detenido en un departamento de Urquiza al 1000 y Cote quedó con otra causa en la Justicia federal, ya que en el operativo el personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) encontró algunas bochitas de cocaína en su casa de Funes.
Incautan arma y drogas en redada contra dos hermanos ligados al hampa
Después de esos procedimientos, el fiscal federal de juicio Federico Reynares Solari solicitó revocar la prisión domiciliaria de Brenda, pedido que fue rechazado por la Cámara.
Por ese tiempo, la Justicia y la Policía continuaban en la búsqueda de Claudio «Morocho» Mansilla, quien había protagonizado una cinematográfica fuga de la cárcel de Piñero en junio de 2021 y, por ello, trascendió que Brenda y Brandon eran sus cuñados, ya que eran hermanos de la pareja del prófugo por entonces más buscado, Jésica «La Fea» González.
El Morocho, quien ahora está sospechado como Chucky Monedita de haber organizado otra secuencia de los ataques de la saga mafiosa que enlutó la ciudad la primera semana de marzo, fue atrapado el 17 de junio de 2022 y se encuentro alojado en la cárcel federal de Ezeiza purgando los 25 años de prisión por un doble homicidio, en la Justicia provincial, y 12 años por comercialización de estupefacientes en los barrios Santa Lucía y Hostal del Sol, de zona oeste.
Uno de los hijos de Sergio Pared fue condenado por lesiones graves
En medio de la turbulencia, Cote se mudó con sus hijos a otra vivienda de Funes, ubicada en Las Garzas 2253, donde el 9 de abril pasado la allanaron y detuvieron por esta última causa, la de los ataques mafiosos, en la Justicia provincial, donde quedó en la mira junto a su pareja Chucky Monedita como los organizadores de los atentados mafiosos de principios de marzo que paralizaron la ciudad.
La investigación del equipo de los fiscales Adrián Spelta, Alejandro Saldutti y Franco Carbone ya tiene desde el 15 de marzo a otros 11 imputados y esta semana además de la pareja fueron acusadas otras tres personas. También hay sindicados adolescentes que quedaron a cargo de la Justicia de Menores, incluso uno que por su edad no es punible.
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En la audiencia del martes pasado también se nombró al Morocho Mansilla y al capo narco Esteban Alvarado como quien está por arriba de los sindicados organizadores, aunque no tuvieron acusación formal.
Un tema aparte es la resolución publicada este jueves por el Centro de Información Judicial (CIJ), donde la Cámara Federal revocó la prisión domiciliaria de Brenda Pared luego de esta imputación, ya que les saltó el alerta de la tobillera, al ausentarse de la casa de Las Garzas por su reciente detención en el fuero ordinario.
Lo cierto es que todos estos nombres e investigaciones se repiten una y otra vez durante la última década en una especie de espiral en el que lejos de vislumbrarse políticas públicas de prevención sólo parecen alimentar la escalada de violencia que azota a Rosario desde hace ya más de una década.
