En picada. Al contrario de lo que todo manual indica para un año electoral, 2019 arrancó de la peor manera en Santa Fe: a nivel provincial a febrero de este año había activos ya 255 expedientes de Procedimiento Preventivo de Crisis, esto es empresas asentadas en suelo santafesino a las que no le da la ecuación de supervivencia y abren el proceso para, entre otras cosas, despedir trabajadores para reducir sus costos operativos. Se trata de un salto de nada menos que el 72% de los casos que existían a febrero de 2018, cuando, las empresas afectadas sumaban 148. Pero además, los expedientes nuevos, es decir los iniciados en el plazo inmediato anterior son 41, cuando en febrero de 2018 eran 12; es decir que para el mes pasado se triplicó la cantidad de firmas en situación desesperante. Y un tercer dato ennegrece todavía más el panorama: según el ministro de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, cuya área tiene en sus manos las carpetas, la determinante mayoría de procedimientos involucra al sector manufacturero, “el principal generador de empleo en la provincia, con el 24%”, y a compañías de medianas a grandes y de larga trayectoria. “Están en riesgo 22 mil puestos de trabajo”, advirtió con gravedad el funcionario.
El total de los recursos PPC a febrero pasado incluye a 129 que se habían iniciado en 2018 y se “renovaron”, lo que quiere decir que las condiciones externas que las llevaron al borde de la barranca no se modificaron en lo sustancial. También allí implica un brote negro creciente: los procesos del año pasado que se habían iniciado en 2017 eran apenas 37, tres veces y media menos. Por ello el número de trabajadores afectados subió en forma exponencial, de una cifra aproximada de 12.800 personas a 21.900. Es el equivalente de más de una ciudad completa, a más de dos.
En ese marco, el informe de la cartera laboral al que tuvo acceso El Ciudadano completa que en los dos últimos años se mantiene el sector metalúrgico como el principal torpedeado, y mientras en 2018 otros dos jaqueados –directamente vinculados al derrumbe del mercado interno– eran el frigorífico y el gastronómico, en lo que va de este año sobresalen el comercio en general y la sanidad, el conjunto de la salud que involucra desde sanatorios privados a farmacias. También está vinculado directamente al poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, y además no es preeminentemente exportador sino todo lo contrario, importador, por caso, de medicamentos específicos para patologías complejas, por lo que la devaluación fue letal para toda la cadena.
En ese marco, el PPC, como figura, representa un tránsito virtuoso, pero no es ni de lejos suficiente sino se altera el combo a nivel macroeconómico, concretamente las políticas del gobierno nacional. Así, Genesini explicó a este diario que en cada expediente se analizan los condicionantes y se apela a todas las herramientas que tiene el Procedimiento para preservar el empleo. Se piden Repros –Programa de Recuperación Productiva– a la Nación, se acuerdan suspensiones por sobrestock o caída de demanda, incluso se avanza en alternativas como pasar parte del salario, como los adicionales, a la columna de no remunerativo, para descomprimir vía cargas sociales. También operan subsidios y, como indispensable, la obra pública, con contrataciones, revisión de plazos de pago, ampliación del padrón de proveedores.
Pero nada de eso alcanza: “Buscan desprenderse del 10, del 20 y hasta del 30% del personal”, reveló el ministro Genesini.
El funcionario resaltó también que los esfuerzos se concentran sobre todo en que las empresa –de cualquier envergadura– no bajen las persianas: “Cuando se cierra es muy difícil hacer el camino inverso”, reconoció.
De igual modo, Genesini destacó que en Santa Fe existe una situación morigerada respecto de lo que ocurre en otras latitudes: “No tenemos crisis con tanta intensidad y no tenemos cierres de empresas grandes como sí está ocurriendo en otras provincias”, sostuvo el jefe de la cartera laboral, y lo atribuyó al ambicioso plan de infraestructura y de obra pública que lleva adelante Santa Fe, que si bien concentra más recursos del sector de la construcción, “dinamiza otras actividades”.
Con todo, Genesini concluyó que si bien el informe tiene todavía “datos preliminares”, pronostica cuán tormentoso será lo que viene: “Ya nos están planteando un año en el que vamos a tener que trabajar muchísimo para ayudar a sostener ciertas empresas”.
Resurrección en Puerto San Martín
El ministro Genesini destacó la importancia del Procedimiento Preventivo de Crisis, en el que sindicatos y empleadores, junto al Estado, analizan perspectivas sobre la base de la preservación de puestos de trabajo, y la lógica supervivencia de empresas. Uno de los ejemplos más recientes es el de la procesadora de granos Buyatti, de Puerto San Martín, en el que ayer mismo el Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo (Soiea) firmó un acuerdo con la compañía con un “régimen de planta en marcha”.
El acuerdo, que ya estaba cerrado, se terminó de formalizar en la sede Rosario del Ministerio de Trabajo de la provincia, en una audiencia entre representantes del Soiea y de Buyatti, con lo que quedó garantizada la continuidad de la fuente laboral para 84 trabajadores y la reactivación de la planta elaboradora de aceites vegetales. De la audiencia participó el propio ministro Genesini, quien se manifestó “muy satisfecho por el acuerdo alcanzado”, y agregó: “Culmina un proceso de mucho tiempo, que atravesó dificultades pero que salió adelante por el gran esfuerzo en conjunto que realizaron empleadores y el sindicato”.
“Este es un paso importantísimo en momentos donde hay dificultades para el sostenimiento de las empresas y los puestos de trabajo”, sostuvo el funcionario y aseguró que “en Santa Fe hay un compromiso muy fuerte con la defensa de la producción y el empleo”.
En Rosario los “nuevos” se multiplicaron por 6
Hasta el pasado 28 de febrero en Rosario había 161 empresas en Procedimiento Preventivo de Crisis activo. A febrero del año pasado eran 108, lo que implica un aumento del 50% casi exacto. Pero el derrape se evidencia más todavía en los procesos iniciados nuevos: mientras que en febrero de 2018 eran 4, en tanto que el mes pasado totalizaron 24, es decir que los expedientes se multiplicaron seis veces en la ciudad y la región.
Los trabajadores afectados por los PPC eran, hacia febrero de 2018, unos 10.600, mientras que hasta dos semanas atrás habían pasado a ser aproximadamente 15.700. Es decir, más de las dos terceras partes de los puestos en riesgo en todo el territorio provincial por la zozobra económica.
El sector metalúrgico y el sector gastronómico son las actividades más afectadas en ambos períodos, en tanto que en febrero de 2018 el tercero era el calzado y en febrero de este año es el comercio.
En el único ítem que se revela un alivio es en los procesos iniciados antes en los que se pide continuidad: mientras en 2018 eran 81, ahora son 56; es decir que se avanzó en resoluciones, aunque no necesariamente hacia buen puerto.
A nivel local hay 47 firmas metalúrgicas en problemas –en febrero del año pasado eran 33– que emplean a unos 6.200 trabajadores; 14 emprendimientos gastronómicos grandes –uno más que en febrero de 2018– con 800 empleados. Y, producto de la recesión, hay 14 comercios grandes con expediente, situación que involucra a 2.000 trabajadores mercantiles.
