“Perspectiva estable”: esa es la nota que le pusieron las agencias Fitch Ratings y Moodys a la provincia de Santa Fe como emisora de deuda en moneda extranjera. La calificación otorgada ayudará al Estado santafesino a emitir bonos para financiar obras públicas en mejores condiciones que otras provincias.
Mientras el Senado provincial evalúa el proyecto –con media sanción de la Cámara de Diputados– para autorizar al Ejecutivo a emitir deuda por un máximo de mil millones de dólares para obras de infraestructura, el gobierno de Miguel Lifschitz pidió calificaciones de riesgo a dos agencias internacionales, que le otorgaron un valor similar al de la Nación.
El objetivo de la contratación de Fitch Ratings y Moodys fue conocer la solvencia de la provincia para endeudarse o hacer frente a sus obligaciones de pago.
Fitch le otorgó a Santa Fe la calificación B “perspectiva estable”, mientras que Moody’s le asignó la calificación B3, también “perspectiva estable”, como emisora de deuda en moneda extranjera.
La calificación obtenida es equiparable a la del Estado nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba y es superior a la de las provincias de Buenos Aires y Mendoza, que ya iniciaron trámites para la emisión de bonos en el exterior.
Según los informes de Fitch y Moodys, la calificación de Santa Fe refleja su fuerte economía, el bajo nivel de la deuda provincial –tanto en la actualidad como proyectada a futuro– y el desempeño relativamente estable operativo. La diversificación de la economía de Santa Fe es otra de sus fortalezas crediticias principales.
De acuerdo a las agencias extranjeras, Santa Fe registró sostenidos aunque bajos niveles de superávits operativos durante el período 2010-2015, con un promedio del 1,7 por ciento de sus ingresos corrientes.
La calificación se vio limitada por la restringida flexibilidad fiscal y presupuestaria de la provincia. La flexibilidad del gasto en Santa Fe es baja, ya que presta servicios como educación y salud con recursos propios. Por su alto nivel de gasto corriente, la provincia depende de los ingresos de la coparticipación federal, una característica que es común a todas las provincias del país.
La contratación de la calificación de riesgo se enmarcó en la iniciativa del gobierno provincial de emitir títulos públicos en el mercado internacional. Para concretar la emisión, se debe contar con la calificación de al menos dos agencias, bajo los requisitos que rigen en los mercados donde se emitan los títulos.
“Vamos a tratar de hacer valer las características diferenciales de la provincia”, había señalado el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, la semana pasada tras reunirse con senadores del oficialismo y la oposición para darles detalles del proyecto y las obras que se van a ejecutar con los recursos que surjan del endeudamiento.
El proyecto votado el 12 de mayo en la Cámara baja incluye un anexo con 130 obras en todo el territorio provincial. Los senadores de la oposición, que tienen mayoría, pidieron un tiempo para estudiar el listado y evalúan la posibilidad de agregar obras que no estén incorporadas en ese apartado.
Abren sobres para bacheo
El gobierno provincial abrirá hoy los sobres con las ofertas económicas para obras de bacheo destinadas a mejorar la transitabilidad en las rutas santafesinas. El presupuesto oficial es de 232.851.677 pesos. El ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, encabezará el acto en la Dirección Provincial de Vialidad, en Santa Fe.
Contigiani participó del inicio de la zafra 2016 en Las Toscas
El ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, participó ayer en Las Toscas, departamento General Obligado, del acto de inicio de la zafra 2016. La actividad se desarrolló en la explanada del Ingenio Romelio H. Snaider SA y dio comienzo formal a la tradicional molienda de la caña azucarera, cultivo de gran importancia en la región. “El gobierno provincial va a defender al sector cañero y a sus pymes, porque se juega el trabajo y el futuro de muchísimos pueblos y comunas. Por eso estamos hoy aquí”, expresó Contigiani.
Sorpresa: citan a indagatoria a Lifschitz por la causa Sueños Compartidos
El gobernador Miguel Lifschitz fue citado ayer a indagatoria por el juez Marcelo Martínez de Giorgi entre un total de 43 imputados, en el que se incluyen al detenido ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López; el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, por presuntas irregularidades cometidas en el programa de construcción de viviendas Sueños Compartidos.
Entre los citados por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº8 se encuentran también los ex gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, de Misiones, Maurice Closs, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
El 15 de marzo de 2010 la Municipalidad de Rosario, en ese entonces comandada por Lifschitz, firmó un convenio mediante el cual se “convino una asistencia financiera de 104.276.987,22 pesos por parte de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, para la construcción de 500 viviendas en el barrio Travesía”, mediante el programa “Sueños Compartidos”. El proyecto se está ejecutando en su última etapa, con las viviendas que se levantan en el sector de avenida Sorrento.
Luego del escándalo en el que se acusó a los Schoklender por el desvío de fondos del Estado, la Nación decidió quitarle a la Fundación de las Madres el manejo del programa de construcción de viviendas. Ante ese panorama y luego de numerosas protestas de los obreros que no cobraban su salario, en Rosario fue una empresa privada la que terminó de construir las soluciones habitacionales de Juan José Paso y Travesía, con los fondos girados por Nación y la supervisión de la municipalidad que extendía los certificados de obra.
Los citados a indagatoria deberán concurrir a los tribunales en un plazo que va desde el 4 de julio hasta fines de septiembre y el primero de ellos será Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, sindicado como el nexo entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las Madres de Plaza de Mayo y los Schoklender.
El programa Sueños Compartidos fue asignado a la Asociación Madres de Plaza de Mayo y estaba dirigido por los hermanos Schoklender, acusados de ser parte de una asociación ilícita que habría desviado fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales: se comprobó que hubo un desvío de más de 200 millones de pesos con los fondos oficiales destinados a este plan.
Según la resolución, “las notas apuntadas permiten reconstruir una hipótesis delictiva, según la cual Sergio Mauricio y Pablo Guillermo Schoklender, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado a la Fundación de la cual eran apoderados, en connivencia funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal para la construcción de viviendas sociales”.
El escándalo por Sueños Compartidos estalló a fines de mayo de 2011, cuando varios medios de comunicación difundieron las denuncias de la diputada de la Coalición Cívica Elsa Quiroz contra Sergio Schoklender por supuestas irregularidades en compras inmobiliarias y supuesto enriquecimiento ilícito con el dinero público destinado al proyecto de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo.
