La Corte del Distrito Sur de Nueva York resolvió este martes que la demanda de un fondo buitre contra la Argentina por la nacionalización de la petrolera YPF se continúe tramitando en ese país y no en los tribunales locales como pretendía el Gobierno.
Se trata de un juicio por unos 3.000 millones de dólares iniciado por el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos para litigar por las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
La intención del gobierno argentino era trasladar el litigio a los tribunales locales, con el objetivo de reducir la posibilidad de que haya una sentencia definitiva contraria para la Argentina.
A partir del fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York el juicio seguirá adelante en los Estados Unidos con resultado impredecible en el mismo tribunal que supo ocupar el ya fallecido Thomas Griesa.
No obstante, el gobierno de Mauricio Macri aún tiene la posibilidad de presentar una apelación ante la Corte de los Estados Unidos, una alternativa que evalúa el Ejecutivo para agotar todas las instancias judiciales.
Como parte de la estrategia, la Procuración del Tesoro –que representa al Estado nacional– podría plantear un procedimiento conocido como “Discovery process”, por el cual instaría a la Justicia norteamericana a investigar al fondo buitre y determinar cómo fue el proceso de privatización de la compañía previo a la nacionalización.
En simultáneo y en los tribunales locales, Elisa Carrió y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, reclamaron al juez federal Ariel Lijo que investigue la transferencia del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford Capital.
Las legisladoras denunciaron que la operación consistió “en un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debía ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF”.
El grupo Petersen llegó a tener un 25 por ciento del paquete accionario de la compañía petrolera.
Los demandantes denunciaron que la nacionalización de YPF durante el gobierno kirchnerista violó las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.
