Para Argentina, un Estado soberano no puede ser considerado en desacato por la Justicia norteamericana porque, de hacerlo, se estarían violando el derecho internacional y la «igualdad en inmunidad soberana» de un país. Según la posición que defenderá hoy, por escrito, ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina tiene todo el derecho soberano disponible como para cambiar las jurisdicciones de pago de su deuda emitida voluntariamente siempre que se respeten la moneda, los intereses y los plazos establecidos originalmente en esa colocación.
Éstos serán los argumentos que hoy presentarán ante la segunda instancia judicial de Nueva York los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman, en la última instancia para plantear las razones por las cuales el país considera que no debe quedar en firme el fallo de primera instancia por el cual Thomas Griesa ordenó el desacato, luego de que el Ministerio de Economía de Axel Kicillof reglamentara el cambio de jurisdicción de pago de deuda, originalmente emitida para ser liquidada en Nueva York y que desde septiembre se abona en Buenos Aires. Cuando la Argentina presente sus argumentaciones, el caso seguirá un tiempo más en la Cámara hasta que ésta tome una decisión definitiva. Se supone que demandará no menos de un mes.
Griesa había fallado en contra del país el 29 de septiembre del año pasado, declarando a Argentina en desacato. De esta manera, la Argentina se convirtió en el primer Estado soberano que, según un juez de los Estados Unidos, ingresa en esa figura por cuestiones financieras vinculadas con el pago de deuda. Según el juez, el hecho de que la Argentina haya avanzado -y concretado- en la amenaza de comenzar a pagar desde el año pasado títulos públicos emitidos bajo jurisdicción de Nueva York, y que según su fallo de febrero de 2012 debían ser potencialmente embargados para cumplir el pago a los fondos buitre, amerita que el país sea declarado en rebeldía.
En aquel fallo de septiembre, Griesa se había sincerado en su escrito y explicado por qué en parte siempre fallaba en contra de la Argentina: según el juez, los canjes de 2005 y 2010 no sirven como argumento para rechazar su fallo, porque en el llamado no se completó el 100% de aceptación de los tenedores de bonos en default. Además, según su criterio, el aval del 93% a los llamados a reestructurar los canjes no fue «compulsivo» y los que no aceptaron mantenían su derecho a cobrar la totalidad de la deuda.
Según la definición de la jurisprudencia norteamericana, desacato es una «desobediencia, rebeldía o falta de respeto contra un tribunal o una persona con un cargo en el Poder Judicial» o una «interferencia al desarrollo de un juicio». Lo complicado en el caso de ser sancionado un Estado soberano en los Estados Unidos es que la aplicación de la pena siempre trae aparejada una multa o, si el acusado no paga, la alternativa de una detención o privación de la libertad (en el caso de una persona) o la prohibición para seguir actuando (en el caso de una persona jurídica). Ninguna de las dos sanciones son fácticamente aplicables para un Estado. Más bien resultaría utópico que esto prospere en alguna ejecutividad. Lo único que se provocaría es que el país continuaría sin posibilidades de emitir deuda en los Estados Unidos, algo que obviamente está lejos de los planes del equipo de Kicillof.
El propio juez había considerado en la audiencia del 29 de septiembre pasado que se trata de «algo raro» de aplicar contra un país. Griesa justificó su decisión al señalar que la Argentina «tomó y está tomando» pasos «en un intento por evadir partes críticas» del fallo del 23 de febrero de 2012 en el que ordenó al país no efectuar pagos a los bonistas reestructurados si no abonaba también a los fondos buitre una suma cercana a los 1.300 millones de dólares (unos 1.660 millones actualizados). Consideró que la Argentina dio pasos «ilegales» al «desplazar» al agente fiduciario Bank of New York Mellon (BoNY), al «mover los asuntos sobre los bonos a la Argentina, lejos de los Estados Unidos» y al «realizar pagos de intereses a los tenedores de bonos reestructurados sin reconocer» las obligaciones con los demandantes.
Griesa habló además largamente al justificar su decisión de declarar al país en desacato civil (in civil contempt) sobre las consecuencias negativas de la medida impulsada por el Gobierno de Cristina de Kirchner de avanzar en la sanción de la ley que permitirá a partir de hoy pagar la deuda con jurisdicción en Nueva York en Buenos Aires y en París. Para el juez, con esa decisión la Argentina está «violando» su fallo de 2012 en el polémico capítulo de su interpretación de la cláusula «pari passu». Según la visión de Griesa, a partir del fallo que había tomado hace dos años, el país tenía tanto obligaciones con los bonistas «performance», los que tenían su deuda al día y aceptaron los canjes de 2005 y 2010, como con los que no lo hicieron y eligieron el camino del juicio. Con el pago de deuda fuera de la jurisdicción de Wall Street, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner violó, según el magistrado, el compromiso por el cual todos los pagos debían hacerse en Estados Unidos para que Griesa tome la mitad de ese dinero y se lo liquide a los fondos buitre. Para el juez, la decisión de cambiar la dirección de pago de los bonos de Nueva York a la Argentina es «ilegal» y dictada por el Poder Ejecutivo argentino, «algo que no surgió del Congreso», con lo que responsabilizó directamente al Gobierno argentino por la situación.
