Representantes del gobierno argentino expondrán hoy ante la Corte Suprema de Estados Unidos los argumentos con los que pretende que el tribunal revise los fallos de instancias inferiores que condenaron al país a abonar 1.300 millones de dólares en un pago y en efectivo a fondos buitre.
El litigio con los acreedores que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010 y mantienen disputas en los tribunales estadounidenses consta de varias demandas que corren en forma independiente, y a medida que se cumplen los plazos legales terminan en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
En este caso específico –denominado “Discovery”– la Corte Suprema abordará el fallo del juez Thomas Griesa que ordenó a los bancos informar sobre los activos que Argentina tiene en el exterior, para que los acreedores puedan embargar y cobrar así sus deudas.
De la audiencia convocada por el máximo tribunal para las 10 hora local (11 de Argentina) participará el procurador general adjunto estadounidense, Edwin Kneedler, quien hará una presentación para apoyar la posición argentina (amicus curiae).
Del gobierno argentino, estaría presente el secretario de Finanzas, Pablo López, según algunos trascendidos, aunque oficialmente no se dio información.
Argentina estará por primera vez delante de los ocho magistrados de la Corte norteamericana y procurará exponer todos los argumentos de defensa disponibles para que el tribunal entienda la complejidad del caso y acepte revisar esta causa, pero también la “cuestión de fondo”.
Será el debut en la defensa argentina del ex procurador de George Bush, Paul Clement, quien aceptó integrar el cuerpo de abogados que patrocinan al país tras la serie de fallos adversos.
La posición argentina es ampararse en el principio de «inmunidad soberana» que rige en la comunidad financiera internacional y por el que el país está habilitado a realizar reestructuraciones de deuda bajo las condiciones que imponga.
Justifica esta posición en que cerca del 93 por ciento de los acreedores en default luego del 2001 aceptaron propuestas de canje y en la reapertura de estas operaciones que se realizaron en 2013, que le permiten a los bonistas acceder a las mismas condiciones que obtuvieron quienes las convalidaron en 2005 y 2010.
La Argentina hará hincapié en que un triunfo de los holdouts haría imposible nuevas reestructuraciones de deudas soberanas ante la imposibilidad de garantizar su éxito.
