Se conoció anteayer uno de los secretos más buscados, al menos en su momento, en el juicio de la Argentina contra los fondos buitre: el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (CGS&H) le cobró al país entre 480 y 1.250 dólares por hora de trabajo para representarlo. En total, al estudio neoyorquino en general, y a sus abogados asociados (Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman) en particular, por los 8 años de representación ante los tribunales de Thomas Griesa y la Cámara de Apelaciones de Nueva York se le pagó aproximadamente 380 millones de dólares. Esto, pese a que en todas las instancias las presentaciones de CGS&H y sus abogados resultaron negativas para el país. Con culpas en realidad repartidas entre la estrategia planteada por los letrados norteamericanos y las declaraciones inoportunas a horas de sentencias judiciales de integrantes del gobierno anterior.
El estudio fue incluso separado al final de la causa por el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, quien cuestionaba seriamente (incluso desde sus tiempos de presidente del Banco Central en los primeros años de Néstor Kirchner) la falta de resultados concretos en el caso y la ausencia de estrategia de mediano plazo y la experiencia en el manejo de deudas en default de los abogados designados por Cleary.
Más experto, y más caro
En diciembre del año pasado, Prat Gay contrató al estudio Cravath, Swaine, & Moore, con más casos de negociaciones de quiebras y bancarrotas privadas con acreedores similares a los fondos buitre, que a su vez nombró al abogado Michael Paskin, un experto en lidiar contra Elliott y Aurelius. Este estudio cobró en realidad aún más que Cleary (entre 535 y 1.250 dólares la hora), pero al menos fue rápido y eficiente en las negociaciones finales y el cierre del juicio en el bufete del “special master” Daniel Pollack. De hecho, el estudio dejó de cobrar hacia fines de abril de este año, y las últimas negociaciones se realizaron sin facturación de Paskin.
Cachet al descubierto
El monto de cachet de los abogados de CGS&H se hizo público casi de casualidad. Fue anteayer, cuando en una presentación marginal dentro de las causas que aún quedan abiertas en el “juicio del siglo” en los tribunales de Griesa, otros letrados mostraron los honorarios cobrados en la causa contra los fondos buitre para justificar sus propios reclamos. Fue cuando los abogados Jennifer Scullion y Saul Roffe, que representaron a un grupo de demandantes, le piden al juez de Nueva York que calcule sobre la base de la facturación de Cleary el monto que se les debe liquidar por su trabajo en la causa. Los profesionales habían representado a los acreedores Silvia Seijas, Hickory Securities y Eduardo Puricelli, entre otros, en un capítulo del juicio por la demanda por la tenencia de bonos de “clase”.
Letrados cebados
Los abogados reclamaban obligar al país a pagar sentencias firmes cada vez que se liquiden vencimientos de los bonistas que iban aceptando la oferta argentina, lo que fue rechazado por Griesa en su momento. Luego, los letrados continuaron negociando en el bufete de Pollack y llegaron a un acuerdo final con la Argentina por unos 400 millones de dólares entre todos sus representados. Restaba, para terminar la causa, que Griesa fija sus honorarios. Para esto, el estudio hizo la presentación del martes, donde reclama unos 35,4 millones de dólares justificándose en la tarifa de CGS&H en esta misma causa.
El juez llamó a audiencia para determinar el monto para el 10 de noviembre, donde además determinará quién deberá hacerse cargo de los honorarios generales de todos los abogados. Para la Argentina, queda claro que deben ser los bonistas que cerraron el acuerdo primario los que paguen.
Los 380 millones de dólares que se le liquidaron a Cleary se efectivizaron a comienzos de enero de este año, ya que el gobierno anterior mantenía una deuda atrasada de dos años de honorarios con el estudio.
Cleary factura más de mil millones por año, tiene sede en Nueva York y trabaja en más de 50 países. En su página web, figura como uno de sus logros de los últimos tiempos haber reestructurado la deuda de la Argentina, luego de un default de 100.000 millones de dólares. Trabaja con el país desde 1988, y desde 2002, por decreto del entonces presidente previsional Eduardo Duhalde, se ocupó legalmente de la deuda argentina. Teniendo en cuenta la cantidad de años que trabajó sobre el tema, y dependiendo de la cantidad de horas en las que debió atender la causa, cada año le facturó al país entre 20 y 30 millones de dólares.
