Thomas Griesa le dio el martes pasado un leve, pero concreto respaldo a la oferta argentina. El juez de Nueva York rechazó de plano un pedido de uno de los grupos acreedores para que se obligue al país a pagar las sentencias con fallo firme cada vez que se liquiden los vencimientos de los bonistas que ya aceptaron la oferta. El pedido apuntaba a amparar a los fondos buitre que no aceptaran la oferta que el país les hizo a los acreedores, y luego de un posible aval del juez a toda la propuesta. De esta manera, si Griesa hubiera aceptado el reclamo, no habría presiones sobre los acreedores para entrar en el acuerdo con el país, ya que igual cobrarían en cada pago a los bonistas que sí lo hubieran aceptado.
La presentación la hizo el martes el grupo Seijas, un conglomerado de acreedores dentro de los denominados fondos buitre “de tercera generación”, que se inscriben en las llamadas “acciones de clase” (presentadas por una persona en particular pero en nombre de un listado de bonistas que se encuentran en la misma situación). Seijas representa a ocho demandantes y viene reclamando contra el país desde mediados de 2014, con sentencias favorables por parte de Griesa y un fuerte rechazo de parte de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en octubre del año pasado. Seijas es uno de los bonistas llamados de “tercera generación”, luego de los primeros acreedores que vencieron en el fallo de Griesa de diciembre de 2012 (Elliott, Aurelius, Olifant, Blue Angel, etc.) y los “me too” (Dart, Montreaux, Bracebridge, etc.), que fueron incluidos por el juez de Nueva York a mediados del año pasado.
La “tercera generación” apunta a los acreedores que no se sumaron a ninguno de los dos grupos, pero recurren a Griesa para que sumen sus reclamos al listado final. Se sospecha que en la mayoría de los casos se trata de los últimos compradores de bonos en default, y que adquirieron sus posiciones después de 2012, cuando ya Griesa había dado su primer fallo y al país le quedaban sólo las alternativas de apelaciones ante la Cámara y la Corte de Estados Unidos.
Seijas, en representación de todo este grupo, le pidió a Griesa, donde hasta ahora sus demandas tuvieron buena recepción, que les permita acceder a los futuros pagos que el país les haga a los bonistas que acepten la oferta (aun antes de la firma final del acuerdo), mientras se termina de negociar el proceso de reestructuración. Pero además, le pidieron al juez que en caso de que no aceptaran la propuesta que llevó a Nueva York el secretario de Finanzas, Luis Caputo, igual pudieran recibir los pagos que la Argentina concrete a los que sí aceptaron la oferta.
El juez hasta ahora había sido receptivo a este tipo de pedidos de estos acreedores. Sin embargo, el martes Griesa rechazó de plano el reclamo de Seijas, en lo que se convirtió en la primera respuesta positiva para el país desde que en junio de 2014 le permitió a la Argentina abrir las negociaciones y habilitar un plan de pagos en lugar de obligar a un pago total al contado.
Fue luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara la apelación presentada entonces por el gobierno de Cristina de Kirchner y la Argentina perdiera definitivamente el “juicio del siglo”. Desde ese mes hacia delante, Griesa fue fallando puntualmente en contra de la posición nacional, con cada vez más intensidad a medida que avanzaban las declaraciones contra sus fallos y su persona de parte de funcionarios del gobierno kirchnerista. El martes dio el primer paso en contrario, frenando una embestida de un acreedor que buscaba debilitar la propuesta argentina.
Con esta decisión de Griesa, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Alfonso Prat Gay se asegura que, en el caso de que el juez legalice la oferta y abra la inscripción para que se anoten los que acepten la oferta, los que queden afuera no tendrán derecho a cobrar. Y que además no recibirán dinero si el país avanza con los pagos al fondo NM Dart, Montreux, Cordoba Capital, Wilton y el resto que se vaya sumando.
Este miércoles se conocieron además los términos del acuerdo firmado entre Luis Caputo y estos dos primeros acreedores.
En el primer caso, se redactó en puño y letra en una hoja rayada con el logo del estudio que representa a NM Dart, el McCarter & English, mientras que al segundo lo avala Michael Strauss, miembro del directorio de Montreux Partners. Ambos tienen absoluta legalidad, pero están supeditados a que el gobierno de Mauricio Macri logre que el Congreso nacional apruebe el levantamiento de la ley cerrojo y la aplicación del “stay” por parte de Griesa. Esto último se descarta. Lo primero está hoy negociándose entre los embajadores políticos del macrismo y los de la oposición en Diputados y el Senado.
