En el marco del paro nacional de este miércoles, desde temprano, militantes de izquierda y piqueteros se movilizaron para cortar los accesos a la ciudad de Buenos Aires y generaron alguna escaramuza con efectivos de seguridad en Avellaneda.
Allí, en cercanías del puente Pueyrredón, el Ministerio de Seguridad que preside Patricia Bullrich desplegó una voluminosa valla hidráulica, que se utiliza en «operaciones antiterroristas», con la intención de evitar que los manifestantes avanzaran y protestaran contra el gobierno de Cambiemos.
La cartera de Seguridad organizó un dispositivo similar para el cruce de la ruta 197 y la autopista Panamericana, dijo Bullrich, que precisó que eran de origen chino los camiones con las vallas hidráulicas empleados ayer.
La «supervalla», cuyo nombre oficial es Sistema Móvil de Control y Bloqueo, que empleó este miércoles la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional es un transporte especial de control y operación que funciona mediante el despliegue de un vallado, según comunicó el propio ministerio. También tiene huecos para la colocación de armas y puede ser electrificado. Fue desarrollado en la fábrica de aviones de Córdoba.
El sistema tiene una longitud de 25,2 metros y puede aplicarse «sobre áreas clave al actuar tanto como advertencia, barrera, bloqueo y disuasión bloqueando a las multitudes e impedir el avance de vehículos y personas. En lo que respecta a autonomía, cuenta con un grupo electrógeno que funciona a gasoil monofásico y trifásico».
La “supervalla” se compone de un chasis de camión y un vallado extensible y se emplea para «operaciones de antiterrorismo, para mantener despejados ciertos espacios restringidos y para acciones de bloqueo».
Según el ministerio de Seguridad, sus principales características son que «presenta una fuerte capacidad de bloqueo y un rápido despliegue de vallado y constituye un sistema de alta seguridad». El sistema fue utilizado por primera vez en el operativo del G20 en diciembre del 2018.
Según publicó perfil.com en su momento, el sistema que se transporta en camión fue encargado por el Ejecutivo nacional a la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) y formó parte de una compra de material antidisturbios estimado en 100 millones de pesos.