El diputado provincial del PJ, Leandro Busatto, presentó un proyecto para jerarquizar la oficina Anticorrupción, dotarla de recursos y que tenga autonomía del Poder Ejecutivo provincial. Tras la decisión del gobernador electo Maximiliano Pullaro de ofrecer la dirección de esta área al PJ, el legislador valoró esta medida, pero consideró que debe mejorarse.
“Consideramos valioso el ofrecimiento por parte del gobernador electo de ocupar el partido de la oposición, pero tal cual está planteado no deja de ser un conjunto de buenas intenciones y decisiones políticas precarias en términos institucionales” señaló Busatto en diálogo con LT9.
Agregó que “la Oficina Anticorrupción a la que hace referencia el gobernador Pullaro es una dependencia que está dentro de una órbita vinculada al ministerio de Gobierno, por lo cual la autonomía de cualquier funcionario que asuma y la autarquía financiera para tener recursos y generar un proceso de estructura de trabajo es bastante limitado y precario”.
Por tal motivo, planteó el proyecto de ley para “mejorar lo existente” y que “la secretaría no dependa de nadie, que esté bajo la órbita del Poder Legislativo pero que tenga autoridad funcional, que pueda controlar toda la administración pública, centralizada y descentralizada de los Tres Poder del Estado, y que tenga claramente en la primer minoría parlamentaria el origen de su director, que revista obviamente características de idoneidad, y que tenga previamente un proceso de oposición y de antecedentes de cara a la sociedad”.
En este sentido, precisó que “no sería un funcionario designado por el gobernador, sino propuesto por la primer minoría parlamentaria con rango ministerial y obviamente aceptado y designado posteriormente por el gobernador durando cinco años en el mandato para evitar claramente la coincidencia de los periodos gubernamentales”.
“Nos parece una muy buena oportunidad y lo hicimos nosotros con la conciencia de que fuimos convocados como partido, como fuerza política para trabajar en este perfil. Nos parece importante nutrirlo de cara a la ciudadanía” concluyó Busatto.
Fundamentos del proyecto
La Oficina Anticorrupción de la Provincia de Santa Fe busca contribuir a una cultura transparente de la política mediante la prevención de la corrupción y a la promoción de una cultura de la integridad, con una posición pro-activa que fomente cambios reales y permanentes en las conductas, no solo al interior de la administración pública, sino también en las múltiples interacciones con el sector privado y la ciudadanía.
Una de las finalidades de la OAPS es transversalizar la transparencia en todos los espacios en los que se tomen decisiones, se implementen políticas y se gestionen recursos. Conformar una construcción en razón de las especificidades de los organismos que permitan comprender los diversos escenarios.
Este enfoque preventivo se encuentra asociado con una mirada específica sobre la corrupción, entendida como un fenómeno multidimensional, sistémico y complejo, históricamente situado, que no encuentra homogeneidad en sus manifestaciones más elementales ni puede ser unívocamente interpretado. Por ello, lo que se entiende por corrupción y el modo de combatirla y mitigar sus efectos son cuestiones eminentemente políticas y que requieren de una construcción en base a los consensos, por lo cual es de vital importancia que la titularidad de la OAPS esté en manos de una persona del partido de la primera minoría parlamentaria.
Asimismo la Oficina Anticorrupción tiene el rol de velar por la prevención e investigación de aquellas conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Ley Nº 24.759, y mantiene actualmente un rol estratégico en el cumplimiento de los objetivos prioritarios de gobierno, específicamente en lo referido a la incorporación de la perspectiva de integridad. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece en su Artículo 12 que cada Estado “…adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado…”, sosteniendo que “Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán consistir entre otras cosas, en: a) Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las entidades privadas pertinentes;…”, incluyendo en el citado artículo el “Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes,…” y la “…promoción del uso de buenas prácticas comerciales entre las empresas y en las relaciones contractuales de las empresas con el Estado.”
La lucha contra la corrupción y el respeto por la ética republicana y la transparencia deparan indudables beneficios de toda índole para la Provincia, pues generan el prestigio, la confianza y la previsibilidad que nuestro país requiere para comenzar un verdadero y sostenible desarrollo económico y social.
Pensamos que la planificación en materia de anticorrupción constituye una instancia esencial a fin de identificar riesgos específicos, diseñar un abordaje multisectorial, establecer metas, realizar un monitoreo específico y una actualización periódica; entre las ventajas de llevar adelante este tipo de iniciativas se encuentran la previsibilidad en la gestión, la coordinación intra-gubernamental, la promoción de la rendición de cuentas y el incremento de la información relacionada con la implementación de iniciativas vinculadas con la lucha contra la corrupción, entre otras.
Finalmente consideramos medular el acompañamiento de esta Ley y su aprobación visto que tenemos el deber histórico de trabajar colectivamente para fomentar la transparencia en nuestro Estado Provincial y el respeto por la política y las instituciones.
