El viernes 16 de octubre, el gobierno envió a la Legislatura provincial tres proyectos de ley que apuntan a modernizar la Policía y el servicio de seguridad. El lunes 19, el ministro Marcelo Sain explicó en conferencia de prensa los alcances de esas iniciativas y no se ahorró adjetivos al momento de describir la situación actual: “Santa Fe tiene un sistema de seguridad pública cavernícola, viejo, vetusto, rústico y lo tenemos que modernizar”.
El jefe del bloque de diputados provinciales del PJ, Leandro Busatto, será el encargado de conducir las negociaciones entre el oficialismo y la oposición con el objetivo de lograr la sanción de los tres proyectos: la Ley de Seguridad Pública, la nueva ley del Sistema de Personal Policial y Ley de Control Policial.
En una entrevista con El Ciudadano, Busatto reconoció la necesidad de lograr “consensos básicos” para reformar el servicio de seguridad: “Si el sistema no funciona, hay que cambiarlo. Y para eso hay que generar un núcleo básico de coincidencias para que estas leyes puedan salir”.
—¿Cuál es la primera evaluación que hicieron de estos proyectos?
—Esto arranca hace un tiempo, desde antes de la campaña electoral, con la idea de que hay que cambiar el paradigma de la seguridad pública en la provincia. Para poder implementar políticas distintas, el ministro ha pensado que es necesario renovar el plexo normativo de la seguridad pública. Son leyes y reglamentos del siglo pasado que regulan el problema de la seguridad y, paradójicamente, Santa Fe es una de las provincias que más han sufrido el agravamiento de la inseguridad.
—¿Ese es el motivo central de estas reformas?
—Sí. Nosotros notamos que hay una problemática creciente con un conjunto de normas dispersas, como compartimentos estancos y sin ningún sentido estratégico. Lo que estamos haciendo con estos proyectos es tratar de ordenar normativamente la seguridad pública en la provincia de Santa Fe con tres leyes que le dan una visión estratégica al abordaje de la seguridad. Hay una ley madre, que es la Ley de Seguridad Pública. Santa Fe es una de las pocas provincias de las denominadas grandes que nunca tuvo una ley de estas características.
—¿Cuáles son los puntos centrales?
—Es la ley que va a estructurar a los distintos actores en materia de seguridad, estableciendo los principios básicos rectores. El primero es el gobierno de la seguridad: robustecer la conducción política de la seguridad y recuperar la vocación policial, con una tarea más abocada a lo operativo que a lo administrativo. Lo segundo es la gestión del conocimiento. En ese sentido, es importante recuperar la estadística y conocer en tiempo real cómo va evolucionando la problemática de la inseguridad; si no, uno navega a ciegas. Es importantísima la producción de estadísticas propias porque eso va a permitir enfocar el problema desde otro lugar. Ya hay un Observatorio de Seguridad Pública funcionando por decreto; la idea es regularlo por ley. Tercero: generar un proceso para la disminución de la violencia con armas de fuego trabajando sobre lo que ya existe, que es una agencia de control de armas de fuego. Después hay otras cosas muy importantes, como la organización de la Policía en cuatro grandes áreas: la Policía de Seguridad Preventiva, la Tropa de Operaciones Especiales, la Agencia de Investigación Criminal, que reemplazará a la PDI, y la Agencia de Control Policial que va a suplantar al viejo esquema de Asuntos Internos. Además, se crea por primera vez la Secretaría de Bienestar Policial e Igualdad de Género. Es importante trabajar sobre las condiciones laborales de la fuerza. Y, por último, una comisión que les permita a los propios delegados de la Policía discutir con el gobierno las condiciones de trabajo y los salarios, sin entrar en la discusión sobre la sindicalización de la Policía.
—Esa reforma integral supone cambios desde el mismo ingreso a la fuerza…
—Sí. Es muy destacable la creación de una Academia Superior de Seguridad Pública que tiene como objetivo no solamente formar a los policías, sino también a los funcionarios de gobierno. Y se apunta además a una coordinación territorial con municipios y comunas para darle a la seguridad una mirada mucho más territorial, coordinando con intendentes y presidentes comunales el abordaje de los problemas de inseguridad.
—Hay otros proyectos, además de la Ley de Seguridad Pública.
—Sí. Por un lado, una nueva ley del Sistema de Personal Policial que reemplaza dos leyes antiguas: la Ley Orgánica de la Policía, de 1975, que es una ley del siglo pasado para una Policía del siglo XXI, y la ley del Personal Policial, de 2005, que ya tiene 15 años. Y la otra es una Ley de Control Policial que cambia el esquema de Asuntos Internos y genera un proceso de sanciones sobre las faltas de la Policía con un sistema público, con juicio y una auditoría externa.
—¿Cómo va a ser el nuevo sistema de formación policial?
—Se propone un perfil más académico bajo el paradigma de la seguridad democrática. Estamos pensando en una Policía que genere ámbitos de profesionalización que ya tienen otras fuerzas en el país; hoy en día la Policía de CABA es un modelo a seguir por la formación, la capacitación y la incorporación de nuevas tecnologías.
—¿Cómo va a funcionar el nuevo esquema que reemplazará a Asuntos Internos?
—La idea es que haya una especie de defensor del Policía, que permita generar un proceso adversarial frente a la sospecha de la comisión de una falta o un delito. Y es probable que impulsemos algún mecanismo de auditoría ciudadana. Siempre que se transparente el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, va a ser mejor para todos. Por eso estamos pensando en algún mecanismo de auditorías externas que permitan que otros poderes y la ciudadanía puedan controlar lo que ocurre dentro de la fuerza.
—¿Por qué las leyes vigentes no permitieron dar respuesta a los problemas actuales?
—La Policía ha cambiado y el delito ha mutado. No existe hoy una correlación entre la estructura legal vigente y la Policía actual. Muchas de las normas vigentes no tienen coherencia entre sí; son compartimentos estancos sin una visión estratégica. Nos enfrentamos con delitos nuevos o con el agravamiento de delitos viejos que se han complejizado, como la ocupación territorial por parte de bandas que disputan otros delitos. Hay una necesidad de agudizar las herramientas preventivas, con incorporación de tecnología y con una Policía que tenga más tareas de prevención. Con el cambio del sistema procesal penal, la instrucción de la investigación criminal ya no está a cargo de la Policía y hay muchos policías todavía con esa cabeza. Hay un conjunto de normas que han quedado obsoletas frente a una problemática que ha crecido ostensiblemente.
—¿Alcanza con reformar las leyes para resolver el problema de la inseguridad?
—No, no alcanza, pero es imprescindible. No alcanza solo con las leyes, pero no se puede sin estas leyes. Un tema lleva al otro. No alcanza, primero, porque una norma no resuelve el problema de la calle. Segundo, porque vamos a tener una transición cuando estas leyes estén aprobadas. Para tener una nueva Policía van a pasar, mínimo, tres o cuatro años. Y, en tercer lugar, no alcanza porque la realidad dinámica de la calle la marcan los hechos y no las leyes. Pero hay algo que está claro: probamos diez años con un sistema que no funcionó. Si el sistema no funciona, hay que cambiarlo. Lo que la provincia no ha hecho es tener un sistema que ordene estratégicamente la seguridad. Lo que se cambia cada vez que se va un ministro es el collar, no el perro. Y acá hay que cambiar el perro.
—Teniendo en cuenta que los proyectos ingresaron por la Cámara de Diputados, ¿cuál va a ser la estrategia legislativa desde el oficialismo?
—La estrategia es involucrar a todos los actores. Al bloque mayoritario (Frente Progresista) y a los pequeños bloques también, porque regular el sistema de seguridad requiere de un consenso altísimo. No me imagino votaciones divididas ni situaciones de tensión extremas. Sí imagino que puede haber una posición crítica en algunos bloques, pero con diferencias y con coincidencias hay que generar un núcleo básico de coincidencias para que estas leyes puedan salir. No son leyes que puedan salir con una mirada parcial; tiene que haber un consenso importante y nosotros necesitamos que el Frente Progresista y todos los bloques las valoren positivamente, más allá de que tengan alguna mirada distinta o particular.
