El caso del juez santafesino Rodolfo Mingarini –investigado por la Corte Suprema de la provincia tras su decisión de dejar en libertad a un imputado por abuso sexual con acceso carnal “porque usó profiláctico”– motivó una presentación conjunta, por parte de 12 diputados y diputadas provinciales de distintos espacios políticos, para que se reforme la composición del tribunal de enjuiciamiento de magistrados y se aplique allí el criterio de paridad de género.
El proyecto busca modificar la ley provincial 7050 de enjuiciamiento de jueces y magistrados para que se incluya la paridad de género en esos tribunales. El tribunal de enjuiciamiento está integrado por un senador, un diputado y dos abogados matriculados que son sorteados entre los titulares de los colegios de las jurisdicciones de Santa Fe y de Rosario. Los miembros legislativos son designados por cada cámara: en la actualidad integral el tribunal el diputado Maximiliano Pullaro (UCR) y el senador Armando Traferri (PJ).
La modificación que propone el nuevo proyecto apunta a que la representación legislativa y de los Colegios de Abogados aseguren designaciones de acuerdo a la ley provincial de paridad de género, sancionada el año pasado por la Legislatura.
“Ante cada enjuiciamiento, en el caso de que la representación legislativa esté constituida por dos varones, uno deberá ser reemplazado por la mujer designada como suplente. Este reemplazo deberá realizarse de manera alternada entre la representación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ante cada enjuiciamiento. En caso de ser necesario aplicar la regla de la alternancia, la Cámara de Diputados será la que garantice en primer término la representación femenina”, sostiene el proyecto.
La iniciativa lleva las firmas de las diputadas Gisel Mahmud (PS), Lucila De Ponti (PJ) y Lionella Cattalini (PS) y cuenta con el apoyo de las diputadas Rosana Bellatti (PS), Lorena Ulieldin (PS), Clara García (PS), Erica Hynes (PS), Damaris Pacchiotti (Ciudad Futura), María Laura Corgniali (PS) y Claudia Balague (PS) y de los diputados Esteban Lenci (PS), José Garibay (PS).
El caso
La polémica se desató cuando el juez santafesino resolvió dejar en libertad a un hombre imputado en el marco de una causa por el abuso sexual contra una mujer ocurrido en abril porque, según dijo, no poder “relacionar ni entrar en la lógica” de cómo fue que se colocó un profiláctico cuando estaba sometiendo a la víctima y expresó que no hay “suficiente evidencia” para determinar que la relación fue forzada.
“No puedo relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima”, sostuvo el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Rodolfo Mingarini, de los Tribunales de la capital provincial, al argumentar la liberación del acusado.
El caso se inició en abril pasado cuando una mujer que reside en el norte de la ciudad de Santa Fe denunció ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) que un albañil que trabajaba en una obra en construcción cercana ingresó a su domicilio y la sometió sexualmente.
La Corte Suprema de la provincia iniciará actuaciones administrativas contra el juez Mingarini
La fiscal Celeste Minitti, en representación del MPA, sostuvo en una audiencia realizada este domingo en los Tribunales que el informe psicológico indicó que “la víctima se encuentra orientada en tiempo y espacio, sin alteraciones en la memoria, ni alteraciones sensoperceptivas y que, además, a lo largo de su relato se pueden registrar varios momentos de angustia en relación a que iba contando lo sucedido”.
Ese informe sobre la salud mental de la víctima fue acompañado por las correspondientes pericias de medicina legal que concluyeron, entre otros aspectos, que la mujer sufrió lesiones compatibles con un abuso y también golpes en otros lugares del cuerpo que denunció en su presentación ante la justicia.
Además, en la casa de la mujer se halló material biológico del hombre, que cuando se enteró de que había sido denunciado se entregó a las autoridades y no negó lo que denominó “una relación sexual”.
Al momento de analizar las pruebas, el juez Mingarini, expresó: “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba”.
“La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, agregó el magistrado, quien luego admitió la posibilidad de “que haya habido esta relación no consentida”. “Es posible, pero no tenemos suficiente evidencia para considerarla probable”, continuó.
La Corte investiga
A raíz de la polémica, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe informó el 4 de junio, a través de un breve comunicado de prensa, que se iniciarán “actuaciones administrativas disciplinarias en relación al desempeño jurisdiccional del juez (Rodolfo) Mingarini en un caso de público y notorio conocimiento”.
La decisión del juez Mingarini generó indignación en la capital provincial y motivó fuertes protestas del movimiento feminista. También activó una presentación conjunta de parte de 20 diputadas provinciales, ante la Procuración General de la Corte, para que se sancione al magistrado.
La Corte Suprema designó al juez Alejandro Tizón como magistrado instructor que llevará adelante la investigación sobre el desempeño de Mingarini.
