El gobierno de Mauricio Macri decidió impulsar en el Congreso nacional el debate en torno al cobro de la atención médica a extranjeros no residentes en el país, en medio de la polémica por el rechazo de Bolivia al pedido de reciprocidad de la Argentina en materia de prestaciones sanitarias.
Desde Salta, donde encabezó el primer Encuentro Regional del Norte celebrado en el marco del Plan Belgrano, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, respaldó la decisión del gobierno de Jujuy de girar a la Legislatura un proyecto para cobrar un seguro para atender a ciudadanos de otros países en la provincia y dijo que veía “con buenos ojos” la posibilidad de que el Congreso nacional pueda discutir la firma de convenios de reciprocidad para prestaciones de salud con las naciones vecinas.
“La posibilidad de que esto se debata en el Congreso y se pueda dar un marco general para todas las provincias podría ser algo que nosotros veríamos con buenos ojos”, afirmó Peña ante la prensa, acompañado por el gobernador jujeño, el radical Gerardo Morales.
En este contexto de debate y en línea con la postura de la Casa Rosada, diputados del oficialismo encabezados por el radical Luis Petri presentaron por la tarde en el Congreso un proyecto que establece “un régimen de reciprocidad, compensación y arancel para extranjeros no permanentes que usen los servicios de salud”, aunque le agregaron otro ítem: “La educación universitaria”.
Consultado puntualmente sobre la atención médica de extranjeros, el jefe de ministros confió en que el debate puede darse “maduramente” y advirtió que “es un error muy bajo querer asociar esta discusión a cualquier vinculación de xenofobia o discriminación”.
Explicó que “esto aplica tanto para cualquier residente o ciudadano de otro país que venga a la Argentina” como para “cualquier argentino que vaya al exterior y se tenga que atender en ese sistema de salud”.
Por su parte, el gobernador Morales sostuvo que “no hay ningún país que no cobre a un extranjero toda la prestación de la salud” y señaló que la propuesta que tiene en estudio su gobierno “pasa por una condición esencial, que tiene que ver con la reciprocidad, que es la base para garantizar el principio de igualdad”.
“Yo creo que no hay reciprocidad”, remarcó Morales respecto del cuadro de situación actual, y agregó: “En el resto de los países del mundo, no sólo en los limítrofes, cada argentino que va debe pagar por la prestación de salud. Hay casos de Bolivia y Chile que no dejan salir a los argentinos si no pagan”.
Peña subrayó al respecto que el gobernador radical “ha planteado una postura valiente que hay que mirar con mucha atención”, ya que si bien “está claro que tiene que ver con competencias provinciales, sería muy interesante que este debate pudiera llegar al Congreso para que todos puedan plantear sus posiciones”.
“Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno de Jujuy, la Cancillería, el Ministerio de Salud. Va a haber una mesa de trabajo, porque tal como decía él (por Morales), la Argentina ya viene hace rato reclamando la reciprocidad. No hay muchos otros ejemplos en el mundo de una cuestión de gratuidad de la medicina para no residentes, no existe, y por algo no existe. Tiene su razonabilidad”, insistió.
La salud y la educación universitaria
El proyecto de Petri, que fue acompañado por los diputados de Cambiemos Waldo Wolff, Eduardo Amadeo, Facundo Suárez Lastra, Julián Dindart, David Schlereth, Gustavo Menna, José Carlos Núñez, Martín Hernández y Estela Regidor, entre otros, establece un régimen de “reciprocidad, compensación y arancel” para extranjeros no permanentes que usen los servicios de salud y educación universitaria.
Según señaló Petri, el objetivo del proyecto es “garantizar el acceso igualitario a todos aquellos extranjeros que elijan residir en la Argentina de manera permanente, que vengan a trabajar, que aporten al crecimiento del país y establecer un régimen para aquellos extranjeros no permanentes a fin de afrontar los costos de los servicios”.
En virtud del proyecto, la situación de quienes revistan la calidad de “residentes permanentes” se mantiene inalterable, pero cuando se trate de aquellas personas que ingresan al país con carácter temporario, transitorio o precario, se establece el acceso a los servicios de educación universitaria y salud en forma gratuita en tanto exista reciprocidad, es decir, siempre que los argentinos gocen de los mismos derechos en esos países.
De lo contrario –en caso de no existir reciprocidad ni compensación entre el país de origen de la persona que goza del servicio y la Argentina–, el Estado estará facultado a exigirle a ese país una compensación por los servicios prestados.
Como última instancia –sólo en el supuesto en que no exista reciprocidad de trato, ni exista convenio de compensación entre la Argentina y el Estado del cual proviene el residente transitorio, temporal o precario–, se faculta al Poder Ejecutivo a establecer “tasas retributivas” o “aranceles” para afrontar el costo de los servicios de salud y educación.
El proyecto en cuestión ya venía siendo trabajado hace tiempo, en sintonía con la posición del gobierno de Mauricio Macri, aunque tomó la delantera en la agenda oficial en medio de la polémica por la decisión de Bolivia de rechazar el pedido de reciprocidad para que adopte la misma postura que la Argentina y brinde cobertura a los inmigrantes.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino, gobernado por Evo Morales, envió un comunicado a la embajada argentina en el que descarta la “suscripción de un Convenio en Materia de Asistencia Médica”, en medio de la tensión generada con la administración de Jujuy por este tema.
