Marina Jiménez Conde/Télam
Organizaciones de derechos humanos y funcionarios analizaron las posibilidades que «activaría» la detención en Italia del represor Carlos Luis Malatto, requerido por la Justicia argentina por su participación en crímenes de lesa humanidad, y afirmaron que si no se hubiera profugado en 2011 «hoy estaría condenado a cadena perpetua».
El represor se profugó de Argentina en 2011 luego de que se iniciara el primer juicio de lesa humanidad en la provincia de San Juan, y que lo tenía como uno de los acusados por la desaparición y muerte de unas 30 personas y el secuestro y aplicación de tormentos de otras 60, en su rol de teniente coronel del RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña de San Juan).
El pasado lunes 20 de febrero, diputados del Partido Demócrata italiano presentaron una solicitud al gobierno de ese país para que, en un plazo de 30 días, informe sobre las medidas a tomar para dar cumplimiento a los pedidos de detención que pesan sobre Malatto y que fueron cursados en 2016 y 2019 por el juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo.
«Estando vigente la alerta de Interpol, se lo podría detener y eso activaría en el Estado argentino una obligación de formular el pedido de extradición para que se ejecute el traslado de un país al otro», evaluó el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos, Federico Efron, en diálogo con Télam.
El funcionario valoró como «muy importante» la presentación realizada por los diputados italianos del Partido Demócrata Fabio Porta y Lia Quartapelle, al considerar que se trata de «un reconocimiento a la política de Estado de Argentina, y le pide a Italia que esté a la altura».
Jorge Ithurburu, presidente de la organización «24 de marzo Onlus», que sigue los casos de represores de América Latina que están prófugos en Italia, afirmó a Télam que se encuentran «en contacto» con el gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, «para que se siga manteniendo todo lo hecho en los últimos 25 años» por ese país en relación a los casos de lesa humanidad.
«Les pedimos que el gobierno se haga querellante en los juicios por violación de derechos humanos, porque son crímenes que dañan incluso a toda Italia. Así lo vienen haciendo desde siempre. Se trate de administraciones de centroizquierda o centroderecha», explicó Ithurburu.
Y afirmó que espera que la administración de Meloni «siga apoyando a los familiares de desaparecidos», más allá de su orientación derechista.
Efron, funcionario de Derechos Humanos, estuvo el 7 y 8 de noviembre pasado en Italia para declarar como testigo experto en el marco de una investigación que se sigue en ese país.
Se trata de una causa iniciada en 2015 tras una denuncia formulada por «24 de Marzo Onlus» sobre cuatro homicidios perpetrados por Malatto durante la última dictadura militar.
«Pude llegar a la conclusión (en su declaración en la audiencia) que si Malatto no se hubiera fugado cuando se reinició el proceso de justicia en San Juan, hoy estaría condenado a cadena perpetua», evaluó Efron.
La causa aún se encuentra en etapa de instrucción y, a lo largo de los años, sumó un total de ocho casos de homicidios denunciados.
Efron adelantó que «la intención del Estado argentino es presentarse como querellante» cuando el expediente se eleve a juicio oral, que es lo que, aclaró, se prevé que «va a suceder».
En el 2011, la Justicia argentina realizó el primer pedido de detención que derivó en un juicio de extradición sobre el que, en 2014, la Corte Suprema de Casación de Italia -máximo tribunal de apelación del país europeo- se pronunció para negar la solicitud.
A partir de allí, la Justicia federal de San Juan emitió en 2016 otro pedido de captura contra Malatto con una nueva denuncia por 18 homicidios, y sumó otra solicitud en 2019, al agregar otros cinco.
Consultado sobre el motivo de por qué aún no se ha arrestado al represor, Ithurburu explicó que «los últimos dos pedidos de captura de Interpol tienen como fecha el año 2011, y es verdad que la policía italiana ese pedido lo ha cumplido, pero después hubo otros dos que no», dijo y evaluó que se trata de «una confusión» o de que «alguien se hace el tonto».
Afirmó que se sabe «perfectamente dónde está Malatto» y aseguró que el ex militar «no se está escondiendo» ya que es de público conocimiento que vive en un barrio ubicado en la localidad de Furnari, en la región de Sicilia.
«Está siendo vigilado por la Policía pero no lo detienen», reclamó Ithurburu y consideró que «las autoridades italianas le tendrían que dar curso a los pedidos de captura de 2016 y 2019, y por lo menos dar una explicación».
Además, el 28 de junio de 2022 el juez federal de San Juan Rago Gallo realizó un nuevo pedido de extradición contra Malatto, esta vez incluyendo la totalidad de los más de 90 casos, entre asesinatos y detenciones ilegales, y que aún no fue presentado ante la Justicia italiana por demoras en la traducción del documento.
«Estamos esperando que Argentina presente ese pedido de extradición, que la extradición le sea concedida, que Malatto sea llevado a San Juan para ser juzgado y sea condenado allá», confió Ithuruburu.
En tanto, explicó que si se le diera curso a ese pedido, los cuatro primeros casos de homicidios denunciados «serán llevados adelante en Italia», debido a que ya cuentan con una sentencia del máximo tribunal que impediría que se vuelva a pronunciar sobre las mismas cuestiones.
De ser trasladado a San Juan, Malatto podría seguir el proceso que quedaría en la Justicia italiana por medio de videoconferencias, ya que la legislación del país europeo permite juzgar al acusado en ausencia.
Así podría responder por su participación en los asesinatos de Juan Carlos Cámpora -primo del presidente Héctor Cámpora-, Marie Anne Erize, Rodolfo Daniel Russo y Ángel José Alberto Carvajal.
