Los diputados provinciales Carlos Del Frade y Mercedes Meier, del Frente Social y Popular (FSP), y Silvia Ausburger de Igualdad y Participación volvieron a recibir este viernes a gremios de toda la provincia para reafirmar el rechazo a la adhesión de la ley nacional de ART que impulsa el macrismo y algunas cámaras empresarias.
La reunión se hizo a días de la audiencia pública que se realizará el próximo miércoles 18 en la Cámara de Diputados santafesina para debatir sobre el proyecto de adhesión que ya tiene media sanción después de que el Senado provincial le diera aprobación en el mes de julio.
La diputada Mercedes Meier explicó que “desde el FSP se convocó a distintas organizaciones gremiales y políticas para intentar frenar el avance de la adhesión a la ley de ART que propone el gobierno, que no es otra cosa que la punta de lanza de la reforma laboral que los argentinos y principalmente el movimiento obrero pudo frenar en la calle, pero que en otros países como Brasil han pasado y destruido los derechos laborales”. Más adelante, la legisladora señaló que “en nuestro país la historia de lucha del movimiento obrero demostró que es posible frenar estas avanzadas y seguir peleando por nuevos derechos que es la mejor manera de defender los que tenemos”.
Por su parte su compañero de banca, Carlos Del Frade, afirmó que “el 18 vamos a tratar de archivar la adhesión a la ley de ART que lo único que garantiza es un gran negocio para esas 9 empresas que dominan el mercado de las ART y que facturaron 85 millones de pesos garantizando la enfermedad y los accidentes de los trabajadores y trabajadoras. Hay que devolverle al estado santafesino su rol, como indica el artículo 20 de la constitución de Santa Fe que le ordena poner las reglas a los trabajadores y las empresas de la provincia”
La diputada Silvia Ausburger, quien comparte el interbloque Igualdad con los diputados del FSP y su compañero Rubén Giustiniani, hizo hincapié en que la norma “es inconstitucional porque delega potestades provinciales a organismos nacionales y sobre todo porque los argumentos falaces que aseguran que defiende a los trabajadores para poder litigar son infundados. La salud de los trabajadores se defiende con seguridad, higiene y prevención y no con este tipo de leyes”.
Por su lado, Lautaro Ortega del Centro de Estudios Legales y Sociales brindó un dato clave que se puede obtener de las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo: “El 35% de los accidentes laborales en el primer trimestre del 2019 se relacionan con el ambiente laboral, por eso es central la prevención. Tenemos que terminar con que los trabajadores vayan a buscar el pan y no vuelvan a la casa porque terminan muertos o vuelvan enfermos o accidentados”
El asesor de salud laboral de Festram, Juan Manuel Ramb, explico que la oposición tanto de su gremio como del conjunto del MOS tiene que ver entre otras cosas con la ley “no brinda ningún beneficio a nadie más que a las ART, los beneficios que dice el gobierno que trae a las empresas es que va a bajar las alícuotas que pagan las empresas. Pero si uno compara los porcentajes de las provincias que adhirieron con las que no lo han hecho, los porcentajes de reducción de esa alícuota son incluso mayores en Santa Fe y esto es producto de la crisis económica. Esta ley no resuelve ese problema. Hay que modificar el sistema y reducir la judicialización, pero a partir de cuidar a los trabajadores”
En el mismo sentido Jorge Elizondo de la Asociación Abogados Laboralistas Rosario expresó su desacuerdo con la adhesión por “inconstitucional” y aclaró que “no solo porque afecta el derecho de los trabajadores a acceder a la justicia sino porque además viola el federalismo al poner a instituciones de la provincia bajo las órdenes de organismos nacionales como la SRT”
Lorena Almirón, secretaria electa de ATE Rosario, también manifestó su oposición y la necesidad de poner el eje en la prevención y comentó que “en el caso de los estatales tenemos un auto seguro de riesgos de trabajo donde realmente la mayoría no encuentra respuesta y terminan judicializando el problema. No se reconocen las enfermedades profesionales, los compañeros y compañeras tienen que ir enfermos a trabajar y terminan yendo a reclamar a la Superintendencia y en algunos casos se llega al nivel judicial”
Desde los metalúrgicos representados en la reunión por miembros de la Comisión Interna de Acindar Villa Constitución, Silvio Acosta hizo referencia a la idea que «propagandiza el gobierno sobre la traba que representa para la producción y el crecimiento la no adhesión a la ley» y aclaró que “los principales responsables de la crisis de la industria no son los trabajadores sino el modelo que impulsa el gobierno nacional que no apuesta a la producción ni a la industria argentina”
Por su parte Diego Ainsuain de Siprus aseguró que “esta ley no va a resolver las dos muertes diarias de trabajadores laborales que se producen en Argentina ni las 800 mil denuncias anuales por accidentes y enfermedades profesionales. Esta ley no tiene nada que ver con la promoción de la salud ni la prevención”.
Gustavo Teres, secretario de Amsafé Rosario, planteó “recuperar una consigna que han planteado tantas veces el movimiento obrero y es que la salud no se compra ni se vende, sino que se defiende. Este es un intento de mercantilizar los problemas de salud de los trabajadores. Pensar que la problemática es solo un problema de costo beneficio es no pensar en la salud de los trabajadores. Las grandes empresas solo intentan reducir costos y creemos que la industria del juicio es un problema mucho más compleja que necesita de una intervención más democrática del estado para control”
De la reunión, realizada en Rosario, participaron miembros de los gremios Siprus, La Bancaria, Sadop, Luz y Fuerza, Festram, Amsafe, ATE Rosario, Comisión Interna de Acindar, CTA A (Central de Trabajadores Argentina) y MOS (Movimiento Obrero Santafesino). También fueron parte la Asociación de Abogados Laboristas y el Centro de Estudios Legales y Sociales.
