La Asociación Civil Madres del Cannabis Medicinal (Macame) promovió una acción de amparo contra el Estado nacional solicitando se declare la inconstitucionalidad de la penalización del autocultivo de cannabis medicinal, así como de la norma que habilita su acceso gratuito –solamente– en la medida que el paciente se someta a una experimentación clínica.
La presentación en el juzgado federal de Santa Fe capital la realizaron la presidenta de Macame, María Laura Acosta, junto a sus letrados, el diputado provincial Jorge Henn y Domingo Rondina.
El ex vicegobernador, quien anteriormente había solicitado formalmente al ministro de Salud de la Nación que destrabe la importación de materia prima proveniente de Uruguay para comenzar a producir cannabis medicinal en el laboratorio provinciaL LIF, sumó su apoyo a las madres de la Asociación y advirtió que “esto trata garantizar lo que los Tratados Internacionales y sus respectivas normas constitucionales declaran sobre defender el Interés Superior del Niño”.
“La angustia y el padecimiento de cientos de santafesinos y santafesinas que encontraron en el cannabis medicinal una esperanza para morigerar los síntomas de distintas patologías, hoy necesitan una respuesta inmediata y la pronta disponibilidad de esta medicina natural”, señaló el diputado.
La acción interpuesta pide la declaración de inconstitucionalidad de cualquier prohibición o sanción a la maternal tarea de cultivo y producción de aceite para uso personal de quienes padecen ciertas enfermedades de nacimiento, incurables y frente a las cuales la medicina se ha mostrado impotente. “Obviamente lo que queremos es que el Estado lo provea pero, hasta tanto eso no ocurra, no puede prohibirse su autocultivo, siendo que además están demostradas científicamente sus condiciones medicinales”, explicó Henn.
“Hace mucho que venimos peleando por esto y lamentablemente hasta el día de hoy, este producto no se encuentra disponible ni en farmacias, ni en centros de salud y la única manera de conseguirlo es mediante el cultivo de la planta en nuestras casas y la extracción casera de su aceite”, explicó la presidenta de la Asociación. Y remarcó: “Necesitamos que la justicia nos acompañe en esto”.
El recurso advierte además que la llamada “Ley de Cannabis” (N° 27.350) sancionada por el Congreso de la Nación en 2017 incurre en una arbitrariedad en torno a la gratuidad del acceso al medicamento cannábico ya que la norma dispone la provisión sin costo para quienes se encuentren incorporados al “Programa Nacional para el Estudio y la Investigación de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”.
“Tal disposición constituye una grave violación a los derechos de los niños y niñas enfermos, al pretender usarlos como cobayos y consecuentemente tacha de inconstitucional y contravencional la distinción que establece”, expresa el amparo.
El escrito ordena al Estado nacional otorgar gratuitamente el aceite cannábico cuando esté disponible sin forzarlos a someterse a experimentación clínica. Además deja al descubierto a un Estado que no ha podido garantizar el sistema público de producción y provisión del insumo, pese a que en la actualidad existen leyes nacionales y provinciales que habilitan el uso de aceite cannábico.
También vuelve la vista sobre el hecho de que en Argentina sigue prohibido el cultivo de la planta, lo que obliga a la industria farmacéutica a importar los insumos siendo que su ingreso aún es ilícito.
“Garantizar el acceso al tratamiento cannábico a todos aquellos que lo necesiten se trata de una política de salud pública. Debemos dejar de lado los prejuicios y simplificaciones morales; en todo caso poner por encima de todo, el único valor absoluto que conocemos… el cual es, tener una vida digna”, ultimó el diputado.
