El gobernador de Chubut Martín Buzzi, junto al secretario de Seguridad dela Nación, Sergio Berni, se presentaron esta madrugada antela Justicia federal para solicitar el desalojo de los trabajadores que mantenían la toma en el yacimiento petrolero más importante de la Argentina, Cerro Dragón.
Pasada la medianoche, Buzzi y Berni se retiraron de la oficina de la jueza federal Eva Parcio ante quien realizaron la presentación correspondiente para conseguir el permiso de desalojo de la protesta que comenzó el pasado jueves en rechazo al aumento salarial del 12 por ciento retroactivo a marzo acordado por el sindicato y causó graves destrozos en el lugar.
Al salir del juzgado, Berni, que esta semana intervino directamente en otro conflicto sindical como el de los camioneros que bloquearon refinerías enLa Matanza, anunció la llegada a Chubut de efectivos de Gendarmería y Prefectura «de Buenos Aires, Santa Fe y General Acha».
Estos, junto a sus pares dela Policíadel Chubut, deberían llevar adelante el desalojo una vez que cuenten con la orden de la jueza Parcio.
«Esta gente responde al ex gobernador (Mario) Das Neves», apuntó el secretario de Seguridad del Ministerio comandado por Nilda Garré.
«Nunca hemos visto este nivel de vandalismo; se está poniendo en peligro a la gente», dijo el gobernador Buzzi, sobre los incidentes que según el CEO de la operadora Pan American Energy (PAE), Oscar Prieto, implican «pérdidas millonarias».
Buzzi aseguró que harán «lo necesario para restablecer los servicios», para lo cual no parecía existir otra alternativa que la intervención de las fuerzas de seguridad.
El mandatario provincial ya había exigido a los trabajadores denominados «dragones» -que no tienen reconocimiento sindical- que «levanten inmediatamente la medida de fuerza irracional que está ocasionando serios perjuicios».
Es que, según sus palabras, la protesta afectó «el suministro de gas en toda la zona dela Cordillera, desde Río Mayo hasta Lago Puelo, incluyendo en el corte a Esquel, Bariloche y El Bolsón, dejando sin luz a Río Mayo, Río Senguer, Costa y San Martín e incidiendo negativamente sobre la producción de combustibles a nivel país y amenazando con dejar sin agua a la mitad de la ciudad de Comodoro Rivadavia».
Buzzi conformó un comité de crisis para destrabar el conflicto integrado por el ministro de Gobierno y Justicia, Javier Touriñán, el de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, los secretarios Legal y Técnico, Miguel Montoya, y de Trabajo, Simón Cimadevilla, y el titular de Petrominera S.E., Oscar Cretini.
El ministro Touriñán advirtió que efectivos dela Gendarmeríapodrían desalojar a los llamados «dragones» y asegurado que a los responsables de los destrozos «les cabrá las generales de la ley»: «Pueden ir todos presos», dijo.
Por su parte, la operadora PAE informó este viernes que «entre 300 y 400 personas» mantenían la ocupación del yacimiento, lo que impacta sobre el nivel de actividad del área», ya que «hay 49 equipos de torre sin operar y aproximadamente 6.700 trabajadores que no han podido ingresar para cumplir con sus tareas».
«El bombeo de petróleo a Caleta Córdova está totalmente paralizado. La producción de crudo disminuyó 12 mil metros cúbicos por día a 3 mil. Si bien PAE ha realizado todos los esfuerzos para mantener la inyección de gas a gasoductos, la producción de gas ha caído en 3 millones de metros cúbicos diarios», indicó la firma, que amplió denuncias antela Justicia Federalde Comodoro Rivadavia y antela Justicia Provincial.
Del otro lado, Cristian Parra, referente del sindicato de Obras Mecánicas, indicó que «es lamentable lo que ha sucedido», aseguró que «la planta continúa tomada», pero garantizó que la provisión de servicios no se verá perjudicada: «Habrá agua y gas normalmente», apuntó.
«Si los destrozos fueron realizados por afiliados van a ser castigados como deben ser. Pero es mentira que hubo heridos. La planta sigue tomada a la espera de que el Gobierno provincial quiera destrabar el conflicto», indicó Parra.
