La concejala socialista Mariana Alonso presentó ayer tres proyectos que persiguen la misma finalidad: evitar la trata de mujeres para explotación sexual en los llamados cabarets o whiskerías, que habilitados bajo ese rubro la mayoría de las veces encubren actividades de prostitución.
Entre otros aspectos, la iniciativa plantea modificar dos ordenanzas. Por una de ellas se prohíbe que en los cabarets y whiskerías “existan habitaciones o boxes privados dentro del local, salvo las exigencias de un vestuario y un camarín”. La otra que se propicia reformar es la que regula las libretas sanitarias, para que se exceptúe de contar con las mismas “al personal femenino de alternación que se desempeña en locales de diversión nocturna”. Para esas mujeres, prevé en cambio un tipo especial de libreta sanitaria de validez restringida.
La restante ordenanza presentada por Alonso ordena la creación de la Mesa Municipal de Trabajo contra la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual.
La concejala presentó los detalles de los proyectos en el transcurso de una conferencia de prensa que ofreció en el Palacio Vasallo, oportunidad en la que la acompañaron colegas, diputadas provinciales, funcionarias santafesinas y municipales y dirigentes de organizaciones no gubernamentales, quienes expresaron su apoyo a la iniciativa.
“Rosario no es la primera ciudad que va a modificar la ordenanza de espectáculos públicos y en lo que concierne a esta figura tan controvertida como lo es la de las alternadoras”, dijo Alonso. Igualmente acotó: “Hemos revisado ordenanzas y visto que no se les pide libreta sanitaria en otras ciudades” a las mujeres que se desempeñan en los “cabarets” porque –explicó–: “Si se mantiene la vigencia de ese documento lo que hacemos es legalizar la explotación sexual”.
Al remarcar aspectos de la iniciativa, la concejala socialista recordó que la que se conoció como ley Palacios –debida a Alfredo Palacios– fue la primera norma en América latina que protegía a la víctima de la explotación sexual y sancionaba a quienes administraban el comercio sexual.
“El flagelo de la trata sexual –mencionó la edila– se está extendiendo mundialmente y la Argentina no es una excepción a esta problemática, tan cara para las mujeres. El debate político de los poderes públicos y de los que debemos legislar sobre el tema hace que consideremos prioritario e importante la presentación de estas iniciativas destinadas a abordar la asistencia a las víctimas y la sanción a la prostitución”.
Asimismo indicó: “La cuestión de la trata está muy atravesada por la violencia de género. Debemos desnaturalizar las situaciones que tienen que ver con este tema, que no son de índole privada. Por el contrario debemos contemplar que competen al ámbito público y el estado debe posicionarse en defensa de las mujeres, poniéndose en contra de todos los que las discriminan y violan sus derechos”.
Al proponer modificar la conocida como ordenanza de espectáculos públicos, la Nº 7218, se dispone la incorporación del artículo 9 bis con requisitos particulares para la habilitación de locales del rubro cabarets y whiskerías. En tal sentido y además de la prohibición de habitaciones o boxes prohibe para dichos locales “conexiones con instalaciones y/o inmuebles contiguos, no pudiendo plantearse como excepción salidas de emergencia”.
Contratos y definición
Fuera de la cuestión edilicia, la iniciativa determina que “los titulares de cabarets y whiskerías deberán presentar los contratos de locación de servicios del personal para bailar y alternar por la cual certifique el vínculo con cada una”.
Asimismo, plantea que el municipio cuando dicte la reglamentación deberá fijar en base al factor ocupacional del local y del rubro que se habilita la cantidad de contratos de alternadoras y definir la actividad. Pero puntualiza que “el titular del local no podrá exigir a las alternadoras que ofrezcan ningún tipo de servicios sexuales”. Por otra parte, el proyecto determina que el Ejecutivo local, a través del Área de la Mujer, dictará capacitaciones dirigidas al personal de la Dirección General de Inspección en lo concerniente a derechos humanos de la mujer y la problemática de la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
En los extensos fundamentos de la iniciativa, la concejala Alonso menciona la definición de alternadora, alude al Código Penal donde se tipifica la facilitación de la prostitución y el proxenetismo, y sostiene que “el avance en la naturalización del comercio sexual presenta serios riesgos y llamados de alerta para intervenir en cuestiones como la violencia mediática hacia las mujeres, el proxenetismo y la trata”.
Asimismo remarca que los municipios deben regular en profundidad la habilitación de dichos locales. Y por otra parte indica que en varias ciudades del país ya adoptaron medidas similares.
Acompañaron a la edila en la presentación del proyecto el presidente y la vicepresidenta primera del Concejo, Miguel Zamarini y Norma López; los concejales socialistas Clara García, Viviana Foresi, Pablo Colono, Orlando Debiasi y Edgardo Falcón; Daniela León, de la Unión Cívica Radical; Gonzalo del Cerro, del bloque Convicción Radical “Arturo Illia” y Alfredo Curi, del Partido del Progreso Social (PPS).
También estuvieron las diputadas provinciales María Cristina Fregoni y Lucrecia Aranda, del PS; Alicia Gutiérrez, del SI, y Mónica Peralta, del GEN. Junto a ellas se hicieron presentes la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Rosa Acosta; la ex diputada nacional Silvia Augsburger y el coordinador de la Oficina de Derechos Humanos municipal, Rubén Chababo.
