Enrique Adrián Solís, Cable, está imputado de tres hechos de sangre vinculados con la familia Funes: el ataque a tiros contra el padre, Jorge, y los asesinatos de Ulises (en villa La Lata) y Jonatan Funes (a la salida de la unidad penitenciaria de Piñero). Para este miércoles estaba dispuesta una audiencia para asegurar el testimonio de un testigo protegido, pero se truncó porque en la causa hay dos prófugos. Uno es el ex jefe de la barra de Newell’s Emiliano Avejera, alias Jija, quien hoy cuenta con captura internacional, y el restante un joven identificado como Damián Chávez, alias Colombiano. En la audiencia se discutió una cuestión técnica: un abogado pidió medidas por Jija, pero no tiene este letrado no tiene la representación formal del fugitivo. La jueza decidió suspender la medida hasta la citación del abogado. A su vez, la defensa de Cable pidió la libertad de su asistido: dijo que las pruebas no son relevantes. La Fiscalía explicó caso por caso y dijo que esperan dos peritajes importantes: sobre los 60 celulares secuestrados en la causa y otra balística, que compara material secuestrado en una docena de investigaciones. La jueza María Trinidad Chiabrera resolvió prorrogar la medida cautelar hasta la audiencia preliminar de juicio.
Cable declaró. Lo hizo tras escuchar la discusión jurídica y la valoración de la evidencia de uno y otro lado. Luego de la queja de su defensora, Romina Bedetti, quien aseguró que no se le da el mismo valor a la prueba acercada por ella que, a su entender lo desvincula, y la postura de los fiscales Ademar Bianchini y Florentino Malaponte, quienes hicieron un recuento de los casos en los que está involucrado –el ataque a tiros a Jorge Funes el 1º de enero de 2018 en Alvear, el crimen de su hijo Ulises en la puerta de su casa de Garay al 1400, el 7 de enero, frente a su novia, y el asesinato de Jonatan a la salida de Piñero, el 5 de febrero, donde dejaron viva a su acompañante para que contara lo que vio– y de la evidencia que se está procesando, entre ellas los dos peritajes que se destacan sobre el resto de la evidencia.
Solís aseguró que es inocente y que estuvo prófugo porque tenía miedo. Dijo que la Policía Federal no lo detuvo sino que se entregó y tiene cómo probarlo. “Temía que me mate la Policía provincial porque los denuncié y presenté pruebas”, afirmó. Apuntó contra un uniformado de quien dijo recaudaba la plata para los jefes. Dijo que este efectivo que prestaba servicios en la comisaría 15ª, lo siguió en diciembre pasado en un auto Peugeot 207 negro y otros dos policías lo hicieron en un VW Bora celeste.
Añadió Cable que venía por Corrientes y Amenábar cuando le cortaron el paso y se detuvo. Dijeron: “Acá no porque hay mucha gente”, y lo llevaron a otro lado. Uno de los policías manejó su auto y lo dejó en Deán Funes y Corrientes. Aseguró: “Me dieron la promesa que me iban a culpar de cualquier tipo de hecho si no pagaba el soborno”: 50 mil pesos. Al mes siguiente, en enero pasado, terminó vinculado con estas causas.
La jueza María Trinidad Chiabrera lo escuchó y le explicó que la audiencia era para evaluar la prórroga de la prisión preventiva. Entendió que no hay ningún elemento nuevo en el caso, a lo que sumó la existencia de peligrosidad procesal y alargó la medida cautelar que cumple Cable hasta la audiencia preliminar de juicio.
