Jonatan «Cachorra» Creciente, de 31 años, fue condenado por atentar contra la vida de Matías Pera, el barra leproso que pertenecía al círculo íntimo de Diego «Panadero» Ochoa. Este vínculo se rompió después del episodio conocido como la entangada, donde Pera y otros barras se rebelaron contra el liderazgo de Ochoa, lo golpearon y lo dejaron en calzoncillos en las escaleras del Coloso del Parque. Está condenado a 8 años y 8 meses de cárcel y presentó un habeas corpus por las condiciones de detención en las que se encuentra. Cachorra estaba en el penal de Coronda, pero en 2017 debió ser internado por una intoxicación, fue el único. El interno dijo que fue envenenado en esa oportunidad. Lo trasladaron a la cárcel de Piñero, pero allí le abrieron dos sumarios: uno por una foto que se viralizó por redes sociales donde se lo podía ver con los integrantes del clan Funes y otra por el intento de la quema de un colchón. Estos incidentes terminaron con su traslado nuevamente a Coronda. Desde hace casi 3 meses está en un buzón lo que derivó en una presentación de habeas corpus que fue rechazada incluso por la Cámara Penal. El fundamento es que el Servicio Penitenciario garantizó su integridad física.
A Cachorra se lo conoció como un ladero de René «Brujo» Ungaro, un hombre condenado por el crimen de Roberto «Pimpi» Caminos e imputado como jefe de una organización integrada por Lautaro «Lamparita» Funes y Carlos «Pelo Duro» Fernández. Desde 2015, Cachorra está detenido y actualmente purga una condena a 8 años y 8 meses de cárcel por tentativa de robo, amenazas a Rosa Caminos, hermana de Pimpi, y el intento de homicidio de Pera, quien fue atacado a balazos el 22 de noviembre de 2010 en Isola y pasaje Maestros Santafesinos. En septiembre de 2018, zafó de una condena por otra tentativa de homicidio ocurrida el 13 de junio de 2013 en Sánchez de Thompson al 200 bis, donde la víctima Fernando Andrés Z. quedó con graves problemas neurológicos y una paraplejia como consecuencia del ataque.
Hechos que llevaron al habeas corpus
Desde entonces, Cachorra transita unidades penitenciarias. En 2017, estaba en Coronda dónde sufrió un episodio que derivó en su traslado. Estuvo varios días internado en el hospital José María Cullen, de la capital provincial, por una intoxicación. Para Cachorra fue envenenamiento y su defensor José Ferrara explicó que fue el único interno que sufrió este cuadro. Luego, le abrieron un sumario donde lo acusaron de tirar la comida y lo trasladaron al penal 11 de Piñero, explicó Ferrara.
Ya en la Unidad Penitenciaria 11, a Cachorra le iniciaron otros dos sumarios: por una foto que se viralizó por las redes sociales donde se lo puede ver con integrantes de la familia Funes detenidos en el mismo penal y otro por el intento de la quema de un colchón. El defensor explicó que si bien no se lo sancionó por estos dos hechos, lo volvieron a derivar a Coronda dónde está en un buzón (una celda de resguardo donde alojan a los internos como castigo) desde hace casi tres meses.
Estas situaciones concluyeron en la presentación de un habeas corpus que en enero fue rechazado por la jueza María Trinidad Chiabrera. Su defensa apeló la resolución y este jueves se realizó una audiencia de revisión en la Cámara Penal. El fiscal se opuso al planteo y aclaró que la potestad de los traslados es una facultad del Servicio Penitenciario. Ante ello, el defensor explicó que Cachorra está rotulado como un preso de alto perfil y existen pabellones especiales para este tipo de internos, los cuales no son los buzones.
A su turno, Cachorra contó que fue envenenado en Coronda y aseguró que no estaba comiendo ni tomando líquidos. Dijo que teme por su vida y la de su familia. Pero el camarista Gustavo Salvador tomó en cuenta las expresiones de los representantes del Servicio Penitenciario, quienes garantizaron el resguardo del detenido, y confirmó la decisión de Chiabrera. Ahora a la defensa sólo le resta un recurso de inconstitucionalidad.
