Casi ocho horas duró la interpelación de la Cámara de Diputados al ministro de Seguridad Raúl Lamberto. El funcionario no despejó las dudas de la oposición respecto del supuesto vínculo de la Policía con las redes de trata y narcotráfico, pero tampoco los diputados del PJ –que habían promovido la interpelación del ministro, algo que ocurrió sólo tres veces desde 1983 a la fecha– pudieron lograr su objetivo principal: que Lamberto admitiera que hay casos de corrupción, en las fuerzas de seguridad, apañados desde el poder político.
Lamberto respondió con tranquilidad las respuestas de los diputados, acompañado por buena parte del gabinete provincial que le brindó un fuerte respaldo. Los legisladores del PJ buscaron inquietarlo, pero no aparecieron elementos nuevos a los expuestos en la visita del funcionario el 25 de octubre.
Buena parte de la jornada transcurrió en torno de los mecanismos de designación de autoridades policiales. La oposición hizo hincapié en el crecimiento patrimonial de los jefes de la fuerza y en los sumarios administrativos sobre supuesto enriquecimiento ilícito. Lamberto se amparó en las limitaciones que impone la división de poderes y, ante cada avance del PJ sobre las llamadas cajas negras, argumentó que es la Justicia federal la encargada de investigar el narcotráfico y los delitos conexos.
Ni el oficialismo ni la oposición se movieron de las posiciones que mantuvieron en público desde el escándalo por la detención del ex jefe de la Policía Hugo Tognoli. En ese marco, la interpelación fue una puesta en escena en la cual ambas partes ratificaron sus posturas: el PJ chicaneó sobre el descontrol político y el supuesto pacto del Ejecutivo con las fuerzas de seguridad –se ratificó la tesis de autogobierno de la Policía– mientras que el ministro reiteró los conceptos que ya había vertido en su anterior paso por la Cámara de Diputados, el 25 de octubre.
Con barra propia
Lamberto llegó a la Legislatura a las 10.30 junto con los asesores de su gabinete. Lo esperaba un grupo de militantes y funcionarios del socialismo, congregados allí para explicitar su apoyo al ministro ante lo que consideraron un ataque injustificado de la oposición –que controla las dos cámaras– contra el gobierno de Antonio Bonfatti.
Los militantes siguieron el primer tramo de la interpelación desde la barra del recinto, pero fueron desalojados al poco tiempo por las autoridades de la cámara, que adujeron molestias por las reiteradas interrupciones causadas por los aplausos y cantitos con que celebraron cada intervención del ministro. El diputado del Movimiento Evita Gerardo Rico ironizó sobre ese punto: “Lo felicito, ministro, porque se trajo su propia hinchada”.
El funcionario –en el ojo del huracán por el caso Tognoli– estuvo acompañado durante toda la interpelación por seis funcionarios de su gabinete, con quienes consultó cada respuesta. El ministro de Gobierno, Rubén Galassi, siguió casi toda la actividad desde dentro del recinto, mezclado entre los asesores de los diputados del Frente Progresista. Al final, todos se fueron como habían llegado: Lamberto conforme por su desempeño y la oposición insatisfecha por sus respuestas.
Policías investigados
Uno de los puntos más salientes de la interpelación fue la ratificación, por parte del ministro de Seguridad, de las investigaciones internas de la Policía sobre supuesto enriquecimiento ilícito de agentes y personal jerárquico. Lamberto admitió que hay 38 sumarios abiertos en Asuntos Internos –entre ellos, el del sucesor de Tognoli, Cristian Sola– por enriquecimiento ilícito, de los cuales 10 corresponden a jefes de la fuerza. De esas 38 investigaciones, 13 ya fueron giradas a la Justicia.
La reunión comenzó con una exposición del diputado justicialista Pablo Di Bert, uno de los que promovió a interpelación de Lamberto por las “respuestas endebles” que había dejado en su último paso por la cámara. Di Bert se hizo eco de esas respuestas y le preguntó al ministro si hay corrupción y cajas negras en la Policía. “Existen casos específicos”, contestó el funcionario socialista.
Lamberto remarcó que en la gestión de su antecesor, Leandro Corti, fueron pasados a disponibilidad 79 agentes y hubo 15 cesantías. Y agregó que, desde su asunción –en mayo–, otros 88 efectivos fueron pasados a disponibilidad y 30 de ellos fueron cesanteados. Con esos números, el ministro intentó dejar en claro que el gobierno del Frente Progresista no apaña a los policías corruptos, aunque diferenció los sumarios internos –que se pueden iniciar a partir de una simple denuncia– de las pesquisas propias de la Justicia.
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