Durante décadas la política de seguridad de la provincia de Santa Fe fue una especie de ensayo y error entre lo que la academia asegura que hay que hacer y lo que los reclamos populares exigen que se haga. La llamada purga policial que funcionó en épocas de Roberto Rosúa al frente del Ministerio de Seguridad también fue acompañada de una ola de delitos. Cuando se tocan las cabezas policiales, los intereses económicos que nunca es claro dónde terminan, la famosa caja negra que para algunos nunca existió y para otros goza de buena salud, hay reacciones. Y todo se mide según el tamaño de la espalda para bancar o no los cimbronazos con un fin a largo plazo que signifique transitar el camino correcto para mejorar la seguridad de la población.
Todos estos proyectos fueron y vinieron también en la etapa socialista. Se pasó de un ministro académico como Daniel Cuenca al jefe del Registro Civil Álvaro Gaviola. La Policía se fue descontrolando, autofinanciando y autogobernando cada vez más. El delito también fue mutando. Entre ellos el de la droga.
A medida que se secaban cajas de recaudación ilegal, como fue la de la prostitución con la derogación del artículo que en nombre del escándalo público habilitaba a los uniformados a detener y a coimear a las mujeres que trabajaban en la calle, y la llegada del casino por el otro terminaron por secar las arcas de la quiniela clandestina, la caja narco crecía.
Ya no se trataba de un pasamanos, de sustancias que se traían de Bolivia y se vendían en la ciudad a través, por ejemplo, de lo que en los años 90 fue la llamada banda de los remiseros, que a su vez iba dirigido a un sector muy pequeño. Ya en este siglo, el consumo creció y se comenzó a cocinar en el territorio. Tanto el que tenía una pequeña cocina como el que instalaba un laboratorio ganaba mucha plata. Y para trabajar había que pagar una descontrolada protección. Cada banda que caía a lo largo de los años, arrastraba buena parte de uniformados que formaban para de la misma, brindaban protección o pasaban datos.
El problema de la Policía nunca se resolvió. Ya no regulaba la venta, ni mantenía el territorio tranquilo. Jugaban la partida de las bandas, movían a favor de unas u otras. Y la muerte dejó de generar sorpresa cuando era fuera de los bulevares. Cuando la suma de homicidios llegó a 264 en Rosario, a fines de 2013, buscaron ayuda en la Nación y unos meses después llegaron las fuerzas federales.
La presencia de los gendarmes en los barrios tranquilizó a los vecinos, aunque rápido vinieron los abusos. El descontrol y la falta de políticas de seguridad transformaron esta medida en un manotazo de ahogado. Sin embargo los homicidios bajaron hasta llegar a 138 en 2019.
Pero este verano caliente, en el inicio de una nueva gestión, con 17 homicidios en 14 días, más el revuelo por la purga policial y los atentados contra edificios públicos y el casino, causó un cimbronazo y provocó el quinto desembarco federal en seis años.
Los cuatro desembarcos anteriores
En la era del todopoderoso secretario de Seguridad Sergio Berni fueron varios los desembarcos. Todos asociados con el crecimiento de los homicidios. También los hubo con Cambiemos en el Gobierno. Siempre llegaron de la mano del aumento de las muertes violentas.
El 8 de abril de 2014 se realizó “el operativo más grande de la historia Argentina”. La frase era repetida por funcionarios tanto del Ministerio de Seguridad, comandados por Berni, como de la Procuraduría de Narcocriminalidad, quienes ese día llegaron en Rosario junto a tres mil agentes federales, seis helicópteros y un avión, para ocupar los barrios más calientes de la ciudad, donde el narcotráfico muestra su rostro más duro y más violento.
En ese momento se registraba un homicidio por día y los cuestionamientos hacia la Policía de Santa Fe eran constantes. La llegada de los federales se leyó como una ocupación del territorio que se había dejado abandonado y que fueron tomando los traficantes de drogas.
Si bien la espectacularidad del operativo rememoró las ocupaciones de las favelas brasileñas, la curiosidad es que en Rosario se realizó el desembarco federal sin necesidad de disparar un solo tiro, algo que no dejaban de resaltar los funcionarios.
Como consecuencia del megaoperativo, 89 búnkers donde se comercializaba droga fueron destruidos, a la vez que unas 25 personas fueron apresadas. Sin embargo, los funcionarios no parecían interesados en mostrar esas cifras, sino en dejar en claro que las fuerzas federales habían ocupado un territorio abandonado y que se quedaban en la ciudad.
En mayo de 2015, otra vez llegaron los gendarmes. Eran 2.500 los efectivos de fuerzas federales que llegaron a la provincia, y casi la mitad de ellos, 1.200, se quedaban asentados en Rosario.
La estadía prevista era de cuatro meses, período en el que el gobierno provincial debía completar la capacitación de nuevas camadas de la Policía provincial para ir reemplazándolos en el territorio.
Después, con el tiempo, las fuerzas federales habían regresado a reforzar la provincia de Buenos Aires, pero los homicidios comenzaron a bajar en Rosario. Es que en 2013 se registraron 264 muertes violentas, y en 2014, 234. Un año después, en 2015, los crímenes violentos sumaban 199 y en 2016 habían bajado a 158. Y 2017 terminó con 162 homicidios, 2018 con 198 y 2019 con 138. Pero la secuencia de muertes que se sucedieron desde comienzos de 2018 sembró la alarma y, como consecuencia, los federales volvieron a la ciudad.
En septiembre de 2016, cuando dos masivas movilizaciones conocidas como Rosario Sangra reclamaban seguridad, el gobierno nacional recibió al gobernador Miguel Lifschitz y se produjo el tercer desembarco, ya en la gestión Cambiemos.
El acuerdo de “colaboración estratégica” firmado con la provincia de Santa Fe para la lucha contra el narcotráfico y otros delitos derivados de esa problemática, determinó la llegada de fuerzas federales a la ciudad.
El último desembarco había sido en mayo de 2018, precedido por la polémica sobre quién debía pagar por el alojamiento y la estancia de los federales en territorio santafesino, otra vez de la mano de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. De esa época quedaron cerca de 800 efectivos en la provincia de Santa Fe, aunque hasta el final de su gestión la funcionaria macrista dijo que había tres mil.
