Con el inminente vencimiento de las facultades delegadas del Congreso al Poder Ejecutivo, el kirchnerismo optó por el silencio como estrategia. No hubo ayer negociaciones para avanzar en un acuerdo con la oposición sobre qué facultades serían mantenidas y cuáles reasumirá el Congreso. De hecho, hasta Miguel Pichetto en el Senado anunció que no presentará ningún proyecto para buscar la prórroga de todos los poderes que el Congreso fue delegando en la Casa Rosada en materias que van desde la administración y el cobro de impuestos, medidas sobre partidos políticos y régimen electoral, Ley de Abastecimiento, hasta las retenciones a las exportaciones de granos. El tiempo, entonces, está agotado: a la 0 hora de mañana caducará toda la legislación delegada.
¿Qué sucederá entonces? Cristina de Kirchner no podrá tomar decisiones en cuestiones que son de potestad originaria del Congreso, pero que hasta ahora, históricamente, le habían sido delegadas al Ejecutivo. Todas las medidas presidenciales desde 1999 hasta 2006 tienen el resguardo que fueron prorrogadas y ratificadas por el Congreso, por lo que su vigencia no está en juego. Pero el Gobierno no podrá disponer cambios de ahora en más en cualquiera de esos temas.
La solución de transición que anoche se analizó en una reunión de los bloques del macrismo, la UCR y el Peronismo Federal en el despacho de Paula Bertol pasa entonces por establecer un piso mínimo de decisiones que pueda tomar Cristina de Kirchner mientras el Congreso aprueba la norma definitiva que regule la delegación de facultades. Por ejemplo, se propuso la posibilidad de reducir algunas alícuotas, en ningún caso subirlas, o que en materia aduanera sólo pudieran tomarse medidas antidumping en casos de emergencia. Pero en ningún caso manejar retenciones que, de ahora más y por lo menos en lo legal, pasan a ser una cuestión del Congreso.
Dos leyes deberán votarse entonces para regular la delegación y al mismo tiempo poner límites a los excesos del Gobierno en el uso de las facultades, pero con un límite de tiempo claro para la transición.
El conflicto tiene su origen en la reforma constitucional de 1994. Allí, Raúl Alfonsín logró incluir la obligación de que se revisara toda la legislación que delegó poderes en el Ejecutivo desde la creación del país hasta ese momento. Se puso un plazo para llevar adelante toda la recopilación de las leyes para decidir cuáles continuarían en vigencia y qué poderes debería retomar el Congreso. Era claro que debían derogarse normas como la que le permitía al Gobierno imponer castigos de azotes, pero otros exigían revisión, sobre todo por la forma en que el Poder Ejecutivo fue tomándose atribuciones que son propias del Parlamento. El trabajo no se hizo a tiempo y esa obligación constitucional se fue prorrogando hasta hoy, donde la oposición con el control del Congreso decidió poner un punto final.
Pero la historia no es tan simple. Sin acuerdo entre los bloques opositores sobre el listado de facultades a renovar dentro de un mar de 1.900 normas, que se revisaron de las que finalmente se filtraron 400 vigentes y donde en sólo 15 casos existiría consenso para mantenerle los poderes al Gobierno (por ejemplo en la facultad de administración tributaria o la ley de entidades financieras), el vencimiento de hoy encuentra al Congreso sin posibilidad de solucionar el conflicto legal en lo inmediato.
Además, no es sólo una mera lista de normas lo que se deberá aprobar. La oposición analizaba ayer un proyecto que se intentó consensuar entre el macrismo, el Peronismo Federal y el radicalismo, sobre la forma en que de ahora en más el Poder Ejecutivo ejercerá las facultades delegadas. Pero mientras tanto buscaban una fórmula de transición que permitiera, sin reconocerle al kirchnerismo una nueva prórroga de facultades, evitar caer en un caos administrativo por la falta de poderes que afectará desde esta noche al Ejecutivo.
Al kirchnerismo no parece preocuparle la situación. Tal como reconoce la propia oposición, lo dijo el radical Ernesto Sanz, nada cambiará en lo inmediato. «Al caerse la prórroga, el Congreso reabsorberá esas facultades, pero no se caerán las medidas tomadas hasta el momento, por una cuestión de seguridad jurídica», dijo el presidente de la UCR. Y aunque no sea la opinión de todos los juristas convocados por los partidos (algunos creen que las medidas tomadas al amparo de las facultades caerán automáticamente), el pánico ante un caos legal logró unificar posiciones. Pero sí está claro que Cristina de Kirchner no podrá decidir ninguna modificación en las medidas que tomó el Gobierno en torno de retenciones, cuestiones tributarias como reducción de alícuotas o cualquier uso de las facultades extraordinarias que se le dieron en la emergencia, por mencionar sólo algunos casos. De hecho, Guillermo Moreno deberá abstenerse de amenazar con aplicar la Ley de Abastecimiento, intervenir empresas o fijar precios. Todo eso le vence hoy a las 24.
El camino que parece indicar el Gobierno es el de desconocer la caducidad de las facultades y disponerse a gobernar a través de los DNU. El camino es peligroso: cualquier particular que se sienta perjudicado por una de esas medidas presidenciales podrá recurrir a la Justicia y será la Corte Suprema quien deba decidir si la Presidente tenía o no poderes para disponer medidas.
