Adrián Rodríguez tenía 34 años. Trabajaba como vigilador en una empresa de seguridad, era músico y tenía un programa en una radio comunitaria. Hacía dos años se había unido al grupo Raras Bestias, donde tocaba el bajo. La madrugada del 12 de octubre de 2015 tocaba en el escenario del Café de la Flor (Mendoza al 800), cuando el guitarrista del grupo sufrió una descarga eléctrica mientras hablaba en el micrófono. Rodríguez lo socorrió pero recibió una descarga mayor, que lo mató. El informe de la pericia señaló que estaba desconectado el disyuntor del local y por eso el músico sufrió la descarga. El dueño del bar y el electricista fueron acusados por homicidio culposo. La Fiscalía también acusó al último inspector de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana en visitar el lugar por incumplimiento de los deberes de funcionario público. A tres años de la tragedia, el juicio aún no tiene fecha de inicio. El dueño del bar presentó varias veces un pedido de probation (suspensión del juicio a prueba) que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y espera resolución. En paralelo, la familia del músico inició una demanda civil por daños y perjuicios para evitar que la causa prescriba. Este jueves, los músicos de Raras Bestias tocarán a las 18, en la plaza San Martín, para pedir Justicia por su compañero y amigo. Al encuentro y al reclamo se sumarán Muñoz, Ancianos, Mamita Peyote y Canción Urgente.
“Estamos en desacuerdo con la lentitud de la causa. Pasaron tres años y no hubo audiencia. Desmembraron el proceso en dos partes: por un lado contra el electricista y por otro contra el funcionario. Serán en paralelo pero por separado porque son delitos distintos”, dijo a El Ciudadano, el abogado de la familia Marcelo Cozodoy.
El abogado señaló que esperan la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para seguir con el juicio penal y tramitarlo junto con el juicio contra el funcionario.
“Entendemos que está en juego la libertad de una persona pero no estamos de acuerdo con el pedido de probation porque consideramos que existió dolo eventual. El dueño tiene que haberse graficado en su mente que eliminar un disyuntor podía generar que una persona quedara electrocutada”, explicó Cozodoy.
Acusados
A fines de octubre de 2015, la fiscal Valeria Piazza Iglesias imputó a Ariel S., el dueño del bar, por homicidio culposo y solicitó una pena de ejecución efectiva, de 4 años de prisión, más otros 10 de inhabilitación para ejercer actividades comerciales. Piazza Iglesias lo acusó de “violación del deber de cuidado exigido a un comerciante que brinda un servicio de espectáculos en vivo”, y lo consideró como “riesgo jurídicamente desaprobado en razón de no haber tenido las condiciones adecuadas al sistema eléctrico del comercio que administra”.
Por el mismo delito, en abril de 2016, imputó a Fernando C., de 34 años, electricista que, según la fiscal, violó el deber de cuidar a los músicos al desconectar el interruptor diferencial –también llamado disyuntor– del tablero principal. Según los primeros testigos, el lugar presentaba inconvenientes eléctricos con cortes de energía intermitentes, por lo que la desconexión del disyuntor garantizaba que la luz no se cortara durante el show, bajo las peligrosas consecuencias ya conocidas. Para el técnico, la Fiscalía solicitó la pena máxima para este tipo de delitos (que va entre 6 meses y 5 años más inhabilitación) de ejecución efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer como electricista o cualquier otro tipo de actividad relacionada.
El tercer imputado es un inspector de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, Pablo A., quien fue el último agente municipal en revisar las condiciones eléctricas, edilicias, técnicas y de seguridad del lugar seis meses antes de la tragedia. Lo acusaron de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
