Hijo de los inmigrantes italianos Antonio Calcaterra y María Pía Macri, hermana menor del empresario Franco Macri, padre de Mauricio. El empresario de la construcción ligada a las licitaciones de obras públicas –entre otros muchos negocios– Angelo Calcaterra quedó fuera del juicio oral de la ya de por sí enrarecida causa Cuadernos sobre sobornos y corrupción. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) calificó la decisión judicial como carente de sustento y advirtió que puede hacer caer toda la investigación.
Este viernes se conoció que Calcaterra es el primer empresario “arrepentido” en la causa en salir del futuro juicio oral por el pago de coimas. Fue por una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que alcanzó también a su principal colaborador, Javier Sánchez Caballero, quien estuvo detenido en el proceso. Esa instancia le abre la puerta a otros tres hombres de negocios que fueron imputados-colaboradores y pidieron quedar fuera.
La causa, iniciada en 2018 por el fallecido juez Claudio Bonadio, está rodeada de sospechas: su mismo nombre alude a las anotaciones digitalizadas de ocho cuadernos supuestamente escritos por Oscar Centeno, ex chofer de un funcionario público, en las que se detallan presuntos pagos de sobornos y que fueron entregadas al Juzgado por periodistas del diario La Nación. Los originales nunca aparecieron, y peritajes sobre las fotocopias arrojaron que la letra era de varias personas, había tachaduras y cambios de fechas y extorsiones a empresarios para que inculparan a determinados funcionarios, entre otras irregularidades. Sin embargo, siguió su curso.
El Cipce considera, en un documento por el cual reprocha la medida de Casación, que la causa “evidenció la lógica relacional en la que se desarrolla la corrupción… permitió romper el sentido común generado a lo largo de los años que colocaba a los grandes empresarios de nuestro país como supuestas víctimas de extorsiones por parte de funcionarios públicos”.
El texto de la entidad señala que “Cuadernos visibilizó que tanto el poder político como el poder económico son parte del fenómeno de la corrupción, que la criminalidad empresarial contribuye al vaciamiento del Estado y que funcionarios y empresarios se unen a los fines de lograr negocios espurios a costa de los intereses de la sociedad”.
Casación apartó a Angelo Ca… by Claudio de Moya
El escrito reprocha la decisión de los camaristas Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone por sus “argumentos jurídicamente insostenibles” que favorecen al empresario de la construcción y contratista del Estado en diversas obras públicas, primo de Mauricio Macri, acusado de sobornar a funcionarios públicos del Gobierno de Cristina Fernández.
“La Cámara resolvió que esos pagos debían ser interpretados como «aportes no declarados» para las campañas electorales del partido gobernante, y no como coimas o sobornos. Por ese motivo, decidió trasladarlos a la justicia electoral, excluyendo a Calcaterra del juicio oral criminal al que la causa Cuadernos se aproxima. De este modo, las falencias del sistema de financiamiento de la política se convierten, increíblemente, en una excusa para justificar a los empresarios que pagan coimas”, interpeló Cipce.
El documento recuerda que en 2021, el juez Julián Ercolini, involucrado en la reunión en la propiedad privada de Joe Lewis en Lago Escondido junto a pares, fiscales y empresarios ocurrida en octubre de 2022, falló en esta misma dirección que ahora la de Casación: sobreseyó a Paolo Rocca y otros directivos del emporio Techint bajo el argumento de que habían coimeado a funcionarios bajo un “estado de necesidad”.
Cipce afirma que “con estos fallos, el Poder Judicial, en particular (los tribunales federales de) Comodoro Py, garantiza una vez más que el poder económico y el poder político sigan gozando del pacto transversal de impunidad que la causa conocida como el Odebrecht argentino había puesto bajo la lupa”.
Uno de los jueces que firmó el fallo, repasa el Centro de Investigaciones, es Carlos Mahiques, otro de los participantes de la famosa reunión de jueces y empresarios en Lago Escondido “que el Consejo de la Magistratura nunca investigó”. Y es el padre de otro de los que fueron a la propiedad del magnate, Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, “públicamente mencionado como uno de los candidatos a la Procuración General de la Nación, encargada de la política de persecución penal de estos fenómenos criminales”.
Como la Cámara dictó un fallo plenario en dónde se autoasignó la facultad de intervenir en la revisión de recursos que el Código Procesal Penal Federal acusatorio no le habilitaba, el fallo que favorece a Calcaterra, dice el Cipce, “puede ser entendido como una preocupante muestra de cuál es el fundamento, no jurídico, sino político, de esa decisión: mantener un control directo sobre las causas de corrupción”.
El documento relaciona hechos pasados y presentes en una continuidad preocupante de encubrimientos de hechos delictivos de guante blanco: “el Gobierno nacional (de Javier Milei), con un preocupante silencio por parte de todos los partidos (aliados y opositores) con representación en el Senado, se apresta a designar en esa Corte al juez federal Ariel Lijo, acusado de favorecer la impunidad de políticos y empresarios”, refiere el documento. Y cierra: “Mientras el Estado es desguazado en nombre de la lucha contra la corrupción, esa misma corrupción parece beneficiarse, una vez más, de la impunidad estructural que nuestra democracia sigue sin poder transformar”.
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