Por Sergio Farella (NA)
Angelo Calcaterra, ex dueño de la empresa Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri, intentará despegarse de la cuestionada brasileña Odebrecht como estrategia de defensa ante la Justicia, que por otro lado avanza con el exhorto para requerir la entrega de los brasileños imputados en el caso del soterramiento del tren Sarmiento.
A una semana de conocerse su citación indagatoria por presunto pago de sobornos, Calcaterra designó esta semana como abogado al mismo que tiene el presidente Macri para empezar a tomar contacto con la totalidad del expediente, en vistas a la indagatoria fijada para el 15 de agosto próximo ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
Se trata de Ricardo Rosental, quien desde antes era abogado de Iecsa durante la gestión de Calcaterra y ahora se presenta como defensor de él y de todos los directivos de la empresa citados, mientras que fue letrado de Macri en la causa por los Panamá Papers, entre otras.
Según allegados a Calcaterra, la estrategia será despegarse de Odebrecht, que reconoció haber pagado sólo en la Argentina 35 millones de dólares en sobornos: incluso un mail incorporado a la causa refiere al pago de 20 millones de dólares sólo para el soterramiento del tren Sarmiento.
Calcaterra argumentará que el esquema de pago de sobornos entablado por Odebrecht, en donde se creó una oficina específica para esa tarea denominada División de Operaciones Estructuradas (DGI), que «nada tenía que ver con los socios locales».
En la obra del soterramiento del tren Sarmiento intervino una Unión Transitoria de Empresas conformada por Comsa SA, Ghella, Iecsa y Odebrecht, esta última con la mayor participación.
Además, referirá que las cuentas off shore y cuentas que el juez Martínez de Giorgi refirió que se utilizaron para canalizar el pago de sobornos son propias de Odebrecht y no de Iecsa y que los pagos que hicieron a Caesa SA de Manuel Vázquez efectivamente fueron por tareas de consultoría y no escondieron ningún pago ilegal.
En tanto, en documentación reservada el juez Martínez de Giorgi tiene algo sobre lo que le pedirá explicaciones a Calcaterra: se trata de una gran cantidad de reuniones entre 2008 y 2015 que tuvo con funcionarios de Planificación Federal.
Puntualmente, fueron al menos 2 con el entonces ministro Julio DDe Vido, 13 con el entonces secretario de Obras Públicas José López, 49 con Roberto Baratta, 1 con Ricardo Jaime y 13 con el sucesor de éste, Juan Pablo Schiavi, entre otros.
La respuesta de Calcaterra será que fueron reuniones en el marco de una licitación y proyecto de obra entre un privado y la contratista, en este caso el Estado Nacional, y que nada de sospechosas tuvieron ya que incluso se dejaron constancias de las mismas en los registros oficiales de ingreso al Ministerio de Planificación Federal.
Por otra parte, el juez Martínez de Giorgi comenzó por estos días a trabajar en los exhortos a Brasil por las indagatorias para los diez directivos de Odebrecht, entre ellos su máximo referente.
Fuentes judiciales del caso adelantaron que se generará un problema jurídico puesto que Brasil hasta el momento siempre pidió que la colaboración que pudiesen dar «arrepentidos» y empresarios acusados por el pago de sobornos en el escándalo «Lava Jato» lo fuese a cambio de inmunidad, algo no permitido por nuestro Código Penal.
