El anterior caso fue el de un suboficial penitenciario sorprendido el sábado pasado cuando intentó ingresar a la cárcel de Coronda 17 teléfonos celulares, 25 chips, 13 cargadores, agujas para realizar tatuajes y 20.000 pesos. Ahora, descubrieron, también por escaner, a dos abogados en el mismo trámite: uno es de Rosario y el otro, de Venado Tuerto, y en su caso, a menor escala, con la intención de entregar teléfonos móviles a sus defendidos privados de libertad en la unidad penitenciaria de Piñero, donde se alojan varios internos de alto perfil.
Se trata de dos hechos diferentes, pero informados en forma conjunta. El 7 de junio, a media tarde, un abogado rosarino declaró que llevaba entre sus ropas su teléfono celular, pero cuando pasó por el body scanner se detectó que llevaba dos. Uno, el legal, en un bolsillo del saco. El otro, de contrabando, adherido con cinta a su pierna derecha.
El segundo episodio en la cárcel del departamento Rosario ocurrió el 13 de junio. Otro letrado, esta vez con domicilio en Venado Tuerto, declaró un teléfono celular antes de someterse al escáner, que hizo saltar la presencia de tres aparatos adheridos a distintas partes de su cuerpo.
Un guardia fue sorprendido intentando entrar 17 teléfonos en la cárcel de Coronda
Los celulares, en manos de algunos detenidos, se transformaron durante los últimos años en verdaderas armas: numerosos hechos delictivos, que incluyen asesinatos, se organizan, coordinan y ordenan tras las rejas mediante telefonía móvil. Los líderes de grandes bandas y tributarias, como las de Los Monos y las vinculadas a Esteban Alvarado, siguen activos después de ser retirados de las calles: desde sus celdas, continúan con el manejo de sus negocios criminales gracias a la facilidad de comunicación con el exterior. Y a la complicidad de personal penitenciario y, en el último caso, abogados defensores.
«Desde que instalamos body scan y la cinta transportadora, hemos tenido amenazas y día a día nos sorprendemos», se sorprendió el secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Walter Gálvez. «Hemos recibido notas de profesionales que no quieren pasar por el body scan, pero hay un punto de inflexión: hasta yo paso», agregó el funcionario.
Los procedimientos «positivos» fueron informados a la Jefatura de la cárcel de Piñero, que a su vez los notificó al fiscal de Flagrancia de Rosario, quien inició una investigación. Los casos también fueron planteados ante el Colegio de Jueces penales de las jurisdicciones Rosario y Venado Tuerto, y los respectivos Colegios de Abogados.
