La Cámara de Apelaciones de Porto Alegre ratificó este miércoles la segunda condena por corrupción contra el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da SIlva, a quien le subió de 12 a 17 los años de prisión en una causa vinculada a la constructora Odebrecht.
El caso puso de manifiesto el alineamiento de la operación Lava Jato, que quedó reforzada con este fallo del Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre, contra las decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de que los juicios por corrupción involucrando a delatores premiados debían ser juzgados nuevamente por fallas en el procedimiento.
El fallo fue una dura señal de la operación Lava Jato, a 19 días de la liberación de Lula por otra condena.
El fallo de cámara fue ratificado por unanimidad por los magistrados Joao Gebran Neto, Leandro Paulsen y Carlos Thompson Flores en el proceso en el cual Lula fue condenado porque las empresas Odebrecht y OAS hicieron reformas en una casaquinta de la ciudad paulista de Atibaia que el ex presidente frecuentaba luego de su mandato, propiedad de su amigo Fernando Bittar.
En la primera instancia, la jueza subrogante de la ciudad de Curitiba Gabriela Hardt había condenado a Lula a 12 años y 10 meses de prisión, pero ahora los camaristas subieron la pena a 17 años, un mes y 10 días, como pedía la fiscalía, eje del escándalo sobre manipulación de los procesos de Lava Jato revelados por el sitio The Intercept.
«Lula ha incurrido en el delito de corrupción, actuaba como si la casaquinta fuera de su propiedad», dijo el el instructor del caso, Gebran Neto, considerado un amigo personal del ex juez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro.
Institucionalmente, lo más relevante además de la condena es que Lula no deberá volver a prisión, de donde salió el 8 de noviembre debido a que el STF determinó que nadie puede estar preso hasta que se agoten todas las instancias de apelación.
Lula está condenado a ocho años y 10 meses tras haber sido condenado por el entonces juez Moro por recibir un departamento en la ciudad de Guarujá.
El fallo de la cámara de Porto Alegre desestimó otro reciente de la corte que ordena reiniciar todos los juicios en los cuales los delatados, como Lula, por «arrepentidos», tuvieron más posibilidades de acceso al expediente que las defensas.
«Esto es una farsa jurídica ya que Lula nunca pidió o aceptó ventajas indebidas; el caso debe anularse», dijo el abogado del ex presidente, Cristiano Zanin Martins, que apelará el fallo.
El caso de la casa de campo en Atibaia es la segunda condena contra Lula, que ahora tiene todas las fichas puestas en el STF, que debe votar si anula todas las condenas por considerar que Moro no fue un juez imparcial.
«La cámara de Porto Alegre actuó como un pelotón de fusilamiento; los jueces desacataron al STF e ignoraron todas las nulidades del proceso», dijo el Partido de los Trabajadores (PT) en un comunicado.
Al igual que en el caso del triplex de la ciudad de Guarujá, este caso, según la fiscalía, vincula la corrupción en la sobrefacturación de obra pública en la petrolera estatal Petrobras entre 2003 y 2010 con las supuestas ventajas indebidas que Lula habría recibido.
El defensor del ex presidente sostuvo que «no hay prueba alguna que indique que Lula como presidente obtuvo ventajas como las atribuidas por la fiscalía».
La fallecida esposa de Lula, Marisa Leticia Rocco, aparece en la causa como la que organizó con jefes de las constructoras las reformas en la casaquinta de Atibaia para que el matrimonio pudiera pasar gran parte de su retiro tras la salida de Lula de la Presidencia, el 31 de diciembre de 2010.
